El nuevo gerente del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, imputado por boicotear a una empresa de ambulancias en Madrid
El Servicio Andaluz de Salud nombraba este lunes a Manuel Molina Muñoz como nuevo director gerente del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Molina, exviceconsejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid con el PP entre diciembre de 2014 y mayo de 2018, está inmerso como investigado en una causa judicial por un delito de prevaricación administrativa en el concurso sobre el transporte de ambulancias del Servicio de Urgencias Médicas de MAdrid (SUMMA). El juzgado sobreseyó provisionalmente el denominado 'caso ambulancias' el pasado enero pero la Audiencia Provincial de Madrid ha admitido el recurso de apelación de la compañía de ambulancias Alerta S.A., por lo que Molina sigue inmerso en el procedimiento judicial como investigado hasta que la resolución de archivo sea firme, según fuentes jurídicas.
Molina, junto a otros exaltos cargos, fue cesado el pasado mayo como viceconsejero tras prestar declaración un mes antes en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid por una querella de diciembre de 2017 por parte de la compañía, que se basó en unas grabaciones presentadas en las que resaponsables de la sanidad pública madrileña intentaban convencer a los dueños de que abandonaran el contrato adjudicado de traslados urgentes de pacientes a hospitales públicos porque no iban a poder prestar el servicio con la bajada económica que les había permitido ganar el concurso.
Molina sustituye a Nieves Romero, quien dimitió de su cargo el pasado 22 de marzo. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y médico inspector por oposición del Cuerpo Sanitario de la Seguridad Social desde 1987. Durante su etapa de viceconsejero ha tenido a su cargo la Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, gestionando 34 hospitales y 425 centros de atención primaria, en los que trabajaban alrededor de 78.000 profesionales, y con un presupuesto anual en torno a los 7.500 millones de euros, según ha destacado el SAS, que obvia el procedimiento judicial que sigue abierto por el supuesto boicot a la compañía de ambulancias.
“Asfixia económica” a la empresa
El juzgado de Madrid acordó el sobreseimiento provisional del proceso penal asumiendo los argumentos esgrimidos en un escrito del pasado 15 de enero por la Fiscalía para solicitar su archivo. En declaraciones a este periódico, Raúl López, director general de Alertas S.A., “el fiscal después de tres meses aún no ha emitido su informe”, tras lo cual el tribunal decidirá si se sigue investigando o se archiva de manera definitiva la instrucción. “Hay bastantes visos de que la investigación continúe”, dice López a la espera de la resolución de la Audiencia y después de asistir “atónitos” al archivo primero de la causa.
La compañía, una de las licitadoras del concurso, presentó la querella porque consideraba que se había prevaricado al adjudicar el servicio de traslado de pacientes en ambulancia a otra empresa, incidiendo en que el retraso en el pago de sus servicios la colocó en una situación “de asfixia económica”, lo que le obligó a renunciar al contrato para cuya adjudicación había sido propuesta. En la causa declararon, además de Molina, el ex director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Consejería, César Pascual, el ex secretario técnico de la Mesa de Contratación del Concurso Luis Javier Fernández; y el ex director de Gestión del SUMMA Santiago Cortes.
La querella fue admitida a trámite en enero de 2018 tras apreciar el juez “indicios de delito”, según publicó El Español. Este medio informó también de que la administración, dirigida por Cristina Cifuentes, había dejado de abonar a la empresa 3 millones de euros en facturas que fueron liberadas dos días después de que la compañía de ambulancias se diera de baja voluntaria. El contrato para gestionar este servicio fue entregado a la segunda en el concurso, Ferrovial, por 76 millones de euros.
Según las grabaciones aportada por la empresa en la querella, que se escucharon durante la investigación judicial y que publicó El Español, el entonces viceconsejero Manuel Molina mostró sus reticencias a que el contrato fuera entregado a la oferta de Ambulancias Alerta. “Yo esta noche no he dormido mucho pensando en esto. Es decir, es que es el servicio estrella de la Consejería y yo no quiero salir cojo. O sea que no quiero que el día que lo vaya a firmar al Consejo de Gobierno tener las ambulancias en la Puerta del Sol pitando, diciendo que esto es que lo vamos a tirar por los suelos, que vamos a quitar los sueldos y que vamos a bajar un quince por ciento”.
