“Quisimos visibilizar la lucha de las mujeres”: las acusadas por el coño insumiso defienden su libertad de expresión ante el juez

Visto para sentencia el juicio por la 'procesión del coño insumiso'. Las tres acusadas han coincidido en señalar al juez que aquel 1 de mayo de 2014 en Sevilla tan sólo quisieron reinvindicar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como los derechos laborales, llevando al Día Internacional del Trabajo “las reivindicaciones propias de las mujeres, contra la precariedad laboral y los salarios bajos”, entre otras cuestiones, pero que “en ningún momento” quisieron ofender los sentimientos religiosos, delito del que les acusa la Fiscalía y la acusación particular que ejerce la asociación Abogados Cristianos, quien ha destacado por contra la “clarísima” intención de las mujeres de “escarnecer” a los católicos.

Las posiciones encontradas entre acusación y defensa, como en cada juicio y más allá de los enfrentamientos verbales a las puertas del juzgado, se resumen en las ideas clave lanzadas por cada una de las partes en sus respectivos informes finales. ¿Hubo intención? La fiscal lo ha dejado en manos del juzgador, los Abogados Cristianos ven un dolo “premeditado” y, para las defensas, se trató de una reivindicación política donde se ha de tener en cuenta la existencia del derecho a la libertad de expresión, “especialmente protegido” cuando se refiere a un posicionamiento de ese tipo.

El juicio, que llega tras cinco años y medio de instrucción, había comenzado buen rato antes a las puertas de los juzgados. Bajo una gran expectación y dos posiciones totalmente contrarias, se produjeron enfrentamientos verbales entre las personas concentradas para mostrar su apoyo a las acusadas y otras personas que portaban pancartas #RespetaMiFe, entre ellas la concejal de Sevilla por Vox, Cristina Peláez, y otros simpatizantes de la formación de extrema derecha.

Entre consignas de “sacar vuestros rosarios de nuestros ovarios” o “basta ya de justicia patriarcal”, las acusadas entraron al edificio judicial, no sin dificultades ante la nutrida presencia de público y curiosos. El juez optó por que a la sala de juicio entraran 25 peronas por cada uno de las partes. Una docena de abogadas observadoras también ha asistido a la vista, que también ha presenciado un cura, cuya testifical rechazó el juez antes de empezar la vista. A la concentración previa asistió incluso una de las miembros del grupo ruso Pussy Riot, encarceladas por ofensa religiosa en Rusia y de paso casualmente por Sevilla para un concierto.

La evidente tensión no ha impedido que el juicio comenzase, aunque algo más tarde de lo previsto. Durante la vista, las mujeres acusadas han reconocido su participación en la manifestación pero han negado que tuvieran intención de ofender los sentimientos de nadie. “Ni tuve ni tengo el ánimo de ofender los sentimientos o las creencias religiosas de nadie”, ha dicho Antonia Ávalos durante el interrogatorio.

Las acusadas, que se han negado a responder a la letrada de la acusación particular, han sido preguntadas por los motivos que les llevaron a hacer una parodia de la Semana Santa. “Lo hicimos para llamar la atención, dentro de una performance reivindicativa, por unas leyes más justas”, ha explicado Ávalos. Las tres, durante los interrogatorios, han reconocido que gritaron diversas consignas imitando algunas oraciones católicas sin que les constara que ninguna persona se sintiera ofendida en el transcurso de la marcha. También han dicho las acusadas que ningún agente policial procedió aquel día a su identificación. Ávalos ha explicado que, si hubiera sabido que aquella acción hubiera molestado a alguien, no lo habría hecho.

La Iglesia Católica debe estar “abierta a la crítica”

“La performance se hizo para introducir los conceptos feministas y visibilizar nuestra lucha. La vulva se usó como un símbolo de la mujer, de nuestra lucha”, ha dicho Olga L., quien con la frase 'la virgen María también abortaría' quiso “sintetizar que cualquier mujer que sepa sus opciones podría tomar esa decisiones”.

Por su parte, Rocío B. ha insistido en que no había ninguna intención de ofender a los creyentes y que lo que quisieron fue “poner a las mujeres en el centro” de la protesta en el Día del Trabajo. También han dicho las acusadas, a preguntas de sus abogadas, que la Iglesia Católica no tiene por qué apropiarse de las procesiones y que se trata de una institución que debe estar “abierta a la crítica”, ha dicho en concreto Rocío B., que ha recordado que está bautizada y confirmada.

“Sevilla es una ciudad mariana”

Abogados Cristianos ha llamado a declarar como testigo a una miembro de la asociación, la persona que presentó la querella que dio origen al procedimiento judicial. “Me duele el estómago y me hace sufrir”, ha comentado al leérsele algunas de las oraciones con la letra adaptada a las reivindicaciones de las mujeres que se leyeron aquel día. “La vulva llevaba un manto, una corona, en un paso. No había duda de lo que se quería representar. Es una procesión”, ha apuntado esta testigo. “Sevilla es una ciudad mariana y la manifestación pasó por muchas Iglesias”, ha comentado al tribunal.

También ha declarado como testigo una inspectora de la Policía Nacional, que ha declarado por videoconferencia. Según ha expuesto, la manifestación no se corresponde con un acto espontáneo sino que estaba todo “muy preparado”, ha dicho a preguntas de la letrada de Abogados Cristianos. La agente ha confirmado las consignas que se pudieron escuchar y ha recordado que pudieron identificar a las acusadas al visionar algunos de los vídeos difundidos por las redes sociales y a través de los listados de personas afines a las entidades convocantes de la marcha como la Asamblea de Mujeres Diversas.

El informe policial elaborado por la agente, hoy testigo, fue realizado un año después de la manifestación basándose en los vídeos y en los referidos listados, sin que la agente tuviera constancia de que algún feligrés o viandante mostrara queja ante el paso, según ha respondido a preguntas de las defensas.

Informes finales

En su informe final, la fiscal ha comentado en cierta forma que los hechos rozan el límite entre la libertad de expresión y la ofensa al sentimiento religioso, instando al juez a observar en los vídeos que constan en las actuaciones cómo se desarrolló la marcha en la parada delante de la basilica de la Macarena, por si hubiera habido alguna acción concreta por parte de alguna de las acusadas.

Por su parte, Abogados Cristianos ha insistido en que “la intención de ofensa es clarísima” y que las acusadas “colaboraron activamente”. “Contra los católicos todo vale”, ha lamentado Polonia Castellanos, quien ha afirmado que “en todo se le llama 'procesión'. Todo esto no era necesario”. La letrada se ha preguntado “¿qué tendrá que ver reivindicar los derechos laborales con quemar la Conferencia Episcopal o con el aborto de la Virgen?”. “La libertad de expresión por supuesto que tiene un límite”, ha dicho, acusando a las acusadas de “acosar a la jueza de instrucción, a esta parte y ahora lo han hecho a las puertas del juzgado”. También ha recordado que los feligreses que salían de la Macarena no denunciaron el paso en aquel momento porque “no querían enfrentamientos con personas violentas”. “ Es un delito de libro”, ha concluido.

Las defensas han pedido la absolución de sus representadas al insistir en que no hubo intención de ofender, que no se usó ninguna imagen religiosa y que se trató de una reivindicación política, defendiendo la existencia del derecho a la libertad de expresión, “especialmente protegido” cuando se refiere a un posicionamiento político.

La Fiscalía pide 3.000 euros de multa

Aquel 1 de mayo de 2014 decenas de mujeres salieron a las calles de Sevilla en defensa de los derechos sociolaborales y reproductivos de las mujeres. Lo hicieron el Día Internacional del Trabajo, pero de una manera que provocó una denuncia por parte de la Asociación Española de Abogados Cristianos por “humillar a los católicos”. La Fiscalía solicita para cada una de ellas una pena de 3.000 euros por un delito contra los sentimientos religiosos del artículo 525.1 del Código Penal. Abogados Cristianos, que ejerce la acusación particular en la causa, les imputa también delito de odio aunque el juzgado no lo incluyó cuando abrió juicio oral en julio de 2017. “Nos sentimos perseguidas y criminalizadas por reivindicar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, ha afirmado la activista Antonia Ávalos, acusada en este procedimiento judicial junto a Rocío B. y Olga L.