La madre del cabo Soria recurrirá el archivo del caso: “Mi hijo no estaba en guerra. Mi hijo murió asesinado”

Margarita Toledo, la madre del cabo Soria, está dispuesta a seguir batallando por que el Gobierno asuma “su responsabilidad” por la muerte de su hijo. Francisco Javier Soria falleció el 28 de enero de 2015 por el impacto de un proyectil israelí cuando prestaba servicio en una garita de vigilancia de la misión de la ONU, en la frontera entre Israel y Líbano.

El juez instructor de la Audiencia Nacional Fernando Andreu archivó la investigación el pasado 29 de marzo, por entender que la muerte de Soria fue un acto de guerra y queda por tanto excluida de los delitos cometidos fuera del país que pueden investigar los tribunales españoles. Su madre anunció ayer que recurrirá. “Mi hijo murió en servicio humanitario. Mi hijo no estaba en guerra. Mi hijo murió asesinado”, protestó ayer en el ayuntamiento de Málaga.

El cabo español formaba parte de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) y en el momento del ataque era el centinela de la garita. La posición de Francisco Javier Soria, que tenía 36 años cuando murió, fue bombardeada durante dos horas y media por fuego de artillería israelí y su cuerpo tardó varias horas en ser rescatado, según testigos citados por su madre. Israel alegó que su ataque sobre esa zona era la represalia a una emboscada previa de Hezbolá.

Nada más conocerse el suceso, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, anunció que España pediría a la ONU una investigación “inmediata, exhaustiva y completa”.

Dos y años  cuatro meses después, la madre de Soria está muy dolida con la actitud del Ejecutivo. “Es un gobierno cobarde que se baja los pantalones”, dijo ayer en rueda de prensa. Toledo asegura que no ha recibido el pésame del Gobierno español ni de Israel, igual que no recibió información cuando murió: “Mi marido se enteró de la muerte de mi hijo por la televisión. No se nos ha recibido, y sólo nos informamos por las filtraciones y por lo que nos cuentan algunos periodistas”.  “¿Se daría por satisfecha con que la ministra de Defensa la reciba y el Gobierno asuma la responsabilidad?”, le preguntaron. “Claro”, respondió ella, que instantes después añadió: “Bueno, depende de lo que me dijeran”.  

El Gobierno sí se entrevistó con su nuera, quien ha recibido una indemnización de 200.000 euros por parte de Israel. “Han puesto precio a la muerte de mi hijo”, lamentó su madre: “¿Tendremos que esperar catorce años a que nos reciban como las familias del Yak-42? ¿En manos de quien están nuestros militares?”.

Fallecidos “de primera y de segunda”

Con Margarita Toledo estuvieron también Miguel Ángel Bustamante y Eva García Sempere, diputados de Unidos Podemos, que anunciaron la presentación de una pregunta al Gobierno en el Congreso sobre su actuación en este caso y una iniciativa para reclamar un protocolo unificado que evite que haya fallecidos en acto de servicio “de primera y de segunda”.

Bustamante pidió una “rectificación inmediata” para equiparar el tratamiento de la muerte de Soria al recibido, con 14 años de retraso, por los fallecidos en el accidente del Yak-42. Además, Málaga para la Gente anunció la presentación de una moción para nombrar una calle en recuerdo de Francisco Javier Soria y distinguirle con una Mención Honorífica Especial por su labor en la misión humanitaria de la ONU.

La investigación por la muerte del cabo Soria ha chocado con dos obstáculos de momento insalvables: el secreto al que está sometido el informe sobre el suceso elaborado por Israel y el recorte del ámbito de la jurisdicción universal de la justicia española a los “actos de terrorismo”, aprobado la pasada legislatura con los votos del PP.

Del informe secreto, el juez Fernando Andreu deduce que Israel llevó a cabo una investigación “exhaustiva” y que el fallecimiento de Soria fue por la desviación “absolutamente involuntaria” del proyectil, según informó El País. En su resolución, el juez califica el bombardeo israelí de la posición de FINUL como “evidente” acto de guerra sobre el que no tiene competencia y archiva la investigación. Margarita Toledo también ha anunciado que recurrirá esa decisión, conocida el pasado 2 de abril.