“El mundo está gobernado por las grandes corporaciones; los derechos humanos importan muy poco”

Hace casi seis años, el 14 de febrero de 2011, Pablo Fajardo Mendoza consiguió una cosa impensable tiempo antes. Chevron Corporation, la segunda petrolera de EE.UU, fue condenada a pagar nada menos que 9.500 millones de dólares por contaminación masiva a los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Toda una multinacional derribada en los juzgados de Lago Agrio (Ecuador) por el empeño de este abogado en denunciar un daño medioambiental y personal a la altura del de Chernobil o el más reciente de BP en el Golfo de México. Su lucha viene de mucho tiempo atrás, casi tanto como el que parece que le queda por delante para que la sentencia se ejecute y se repare el perjuicio causado. Una suerte de justicia imposible que dura un cuarto de siglo.

Este David nació hace 43 años en la provincia de Manabí, en la costa de Ecuador, y lleva más de media vida representando legalmente a los pueblos de la Amazonía ecuatoriana, agrupados en la Unión de Afectados por las operaciones de la Petrolera Texaco (UDAPT), la Goliat de esta historia. Fajardo ha estado estos días en Sevilla en la jornada 'Crímenes económicos contra la humanidad: cuestiones en torno a su noción, identificación y sanción', organizada por la fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción, y atiende a eldiario.es Andalucía en un hotel de la capital.

El abogado recuerda bajar del autobús en su pueblo, Shushufindi, y pisar sólo petróleo. Hasta la Amazonía ecuatoriana llegó a vivir con sus padres y hermanos. Eran finales de los 80 y aquel chico de unos 14 años empezaba a buscarse la vida. Cada vez que había un problema en su pueblo y un vecino quería presentar una denuncia contra la Texaco por los perjuicios ocasionados se le decía 'busque un abogado que les ayude'. Así fue como decidió su profesión y montó una pequeña oficina de derechos humanos.

El camino no ha sido fácil. Ni mucho menos. Chevron, en 1964, había obtenido una concesión de más de un millón de hectáreas en la Amazonía norte de Ecuador para explorar y extraer petróleo. Siekopai, Sionas, Cofanes, Waorani, Tetetes y Sansahuari habitaban la zona. Vertidos de agua tóxica a los ríos, cientos de kilómetros de carretera cubiertas de crudo, deforestación, graves problemas de salud entre los habitantes, más de 450.000 hectáreas de bosque tropical amazónico destruidas. “Uno de los peores desastres ambientales de la historia de la humanidad”, recuerda el abogado y, con el tiempo, “un caso paradigmático y un referente de la impunidad de las grandes corporaciones ante hechos delictivos”, apuntan los organizadores del encuentro.

15 abogados frente a 2.000

Más de 30.000 indígenas y campesinos, representados por Fajardo, interpusieron en 1993 ante un tribunal de Nueva York una demanda contra la compañía en busca de una reparación del daño por sus operaciones. El sistema judicial norteamericano, nueve años después, rechazó que fuera competente para ello y el caso volvió a Ecuador donde, finalmente, en 2011, el pueblo venció a la todopoderosa compañía. Chevron, durante el proceso, fue retirando su presencia en el país sudamericano, y alega también que un acuerdo que firmó en 1998 con Ecuador les absuelve de responsabilidad tras una reparación parcial del daño. 

Persecuciones, espionajes, lobbys han convivido con Fajardo y su demanda, según relata. Su equipo de defensa cuenta con unos 15 letrados en total, “algo menos” que los 2.000 abogados de Chevron, ironiza Fajardo. Los demandantes, al no poder ejecutarse la sentencia en el país de donde es la corporación (Estados Unidos), siguen tratando de homologar la sentencia en jurisdicciones extranjeras (Canadá, Brasil o Argentina), donde Chevron “procura ocultarse bajo empresas subsidiarias” o filiales.

“El sistema de garantías de acceso a la justicia no existe ante las grandes corporaciones. Los estados sí, pero ellas no. El sistema no puede responder contra los crímenes causados por ellas. Hay un vacío juridico. Las cortes de derechos humanos pueden responder por las personas ante los estados pero no frente a las transnacionales. ¿Qué ocurre entonces cuando el mundo tiene que luchar contra el sistema? Que se ve obligado a actuar fuera del sistema y aparecen los grupos subversivos”, explica el abogado.

El pasado agosto, una corte federal de apelaciones en Nueva York confirmó el rechazo de la justicia americana a que la compañía tenga que hacer efectivo el pago de 9.500 millones de dólares en Estados Unidos. “En uno de los juicios, a un abogado de Chevron le preguntó el juez que, si no era en Estados Unidos, en qué jurisdicción creía que debía ejecutarse la sentencia. El abogado dijo que en ninguna. Chevron siempre ha vuelto a su país para buscar protección. Un tribunal estadounidense llegó a prohibir la ejecución de la sentencia. Es terrorismo judicial contra los afectados”, lamenta Fajardo. 

“Han llegado a sobornar a gobiernos con déficit energético, como Argentina. El chantaje les funcionó. Compran impunidad con inversiones económicas porque su estructura es gigante y está dispersa en paraísos fiscales, una telaraña para eludir responsabilidades. Es un juicio contra el sistema que se lo permite y lo quieren demorar lo más posible. Es luchar contra un monstruo, respaldadado por su país”. Fajardo ejemplifica su argumento recordando lo que una vez dijo un abogado de la multinacional: 'No podemos permitir que un pequeño país dañe así a una gran corporación como Chevron'. “El mundo está gobernado por las grandes corporaciones; los derechos humanos importan muy poco”, sentencia.

Fajardo explica que “solos no podemos avanzar” y que su lucha es “la lucha contra un red de corrupciones globales que goza de impunidad corporativa planetaria”, por lo que abogan por “hacer fuerza común y colectiva”. “Nuestro compromiso sigue siendo con las víctimas y nuestro objetivo es la reparación del daño. También queremos generar una red de conciencia y luchar contra la destrucción de la tierra, creando instrumentos jurídicos que llenen los actuales vacíos jurídicos, para el futuro y para el de nuestros hijos, y dejarles un mundo mejor”.

El lugar común no impide que a Fajardo se le vidrien los ojos al nombrar a sus niños. Su mujer falleció hace cuatro años. Sus hijos mayores tienen 19 y 12 años, y una pequeña de 3. Sólo el año pasado contó 73 viajes en autobús entre Qutio y el pequeño pueblo de la Amazonia. Una semana partida en dos partes desiguales y nada menos que siete horas de viaje. Multipliquen. “La vida no tiene precio”, repite. “Vamos a conseguirlo, no sé cuándo, nos va a costar mucho todavía, pero el sacrificio tiene que tener esperanza de resultado. Hay que tener confianza en la lucha social de los pueblos”.