La Ley de Autónomos de Aragón arranca a medio gas: sin partida propia aunque nace la Plataforma del Emprendimiento
La Ley de Apoyo y Fomento del Trabajo Autónomo y el Emprendimiento, aprobada a finales de la pasada legislatura tras un tormentoso comienzo de tramitación que obligó a hibridar las propuestas del Gobierno PSOE-Cha y de Podemos y que finalmente vio la luz con el apoyo de la izquierda, la abstención de PP y Par y la oposición de Ciudadanos, va a empezar a ser implementada tras la aprobación de los presupuestos que de aquí a fin de año van a tramitar las Cortes de Aragón, aunque todo apunta a que ese desarrollo va a ser tan accidentado como su parto.
El proyecto de ley incluye únicamente dos referencias a la nueva norma sobre el trabajo por cuenta propia. Aparecen en el tomo del Departamento de Economía, cuyo capítulo de inversiones “se ve incrementado con el objetivo de dar cobertura a la creación de una Plataforma de Emprendimiento y Trabajador Autónomo, cuya licitación se tramitará mediante el sistema de compra pública innovadora”. Tendrá un presupuesto de 150.000 euros.
Esa escasa dotación, que deja de lado varias de las principales aportaciones del texto legal, como la articulación de las medidas para facilitar la ‘segunda oportunidad’ en caso de caer en la insolvencia, la puesta en marcha de las herramientas para fomentar el relevo de los autónomos que se jubilan, algo especialmente necesario en el mundo rural para tratar de evitar que la pérdida de servicios intensifique la de población o, también, las referencias al cese de actividad de los autónomos y la aplicación de medidas fiscales que pueda garantizar la estabilidad de un colectivo que, con más de 100.000 miembros, genera más de la sexta parte de las 573.800 ocupaciones de la comunidad.
Un sector en un momento crítico
Este se encuentra en un momento crítico en la comunidad, con una pérdida de 2.139 integrantes en los diez primeros meses del año que dan una media de siete bajas diarias, casi cincuenta semanales, que dejaron su número en 101.728, según señala un informe de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) elaborado con datos de la Seguridad Social y el Ministerio de Empleo.
El grueso de esa pérdida (2.419) se centra en la industria manufacturera, y se debe a la regularización de los falsos autónomos en fraude de ley que empleaban los mataderos, principalmente, y otras empresas del sector agroalimentario, y cuya situación se ha modificado gracias a la intervención de los sindicatos, especialmente UGT, y la Inspección de Trabajo.
No obstante, se dan pérdidas de empleo por cuenta propia en sectores como el agrario, la industria extractiva, la banca y los seguros y, especialmente, en el transporte, que pierde más de 440 autónomos en un mes, y en la construcción, con una merma de 143, mientras los avances más relevantes se registran en los sectores de las ocupaciones artísticas (84) y la enseñanza (61).
Paso a paso desde el CATA
El tratamiento de la ley en los presupuestos, que anticipa la lentitud de su desarrollo, ha provocado el malestar de las organizaciones de trabajadores por cuenta propia, como UPTA o ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos), que esperaban una mayor implicación del Gobierno de Aragón después de que el pacto del cuatripartito incluyera entre sus objetivos “desarrollar, con dotación presupuestaria suficiente, todas las previsiones contenidas” en ella y, también, “promover un plan de acción contra falsos autónomos, fraude laboral y fiscal” y “combatir la competencia desleal, el intrusismo y la economía sumergida en el ámbito de las competencias de la comunidad autónoma”.
La Consejería de Economía hace una lectura distinta de la situación. “No va a haber una partida específica con el nombre” de la nueva ley, explican fuentes de la consejería que dirige Marta Gastón, que muestran su intención de ir abordando desde el CATA, el Consejo Aragonés del Trabajo Autónomo, los asuntos relacionados con el desarrollo de la norma para irles “dando respuesta desde el departamento que corresponda”.
Las mismas fuentes añadieron que, por otra parte, se mantienen las líneas de ayuda específicas para el emprendimiento que gestionan entidades públicas como Sodiar, Suma Teruel, Avalia, Arex y el Inaem, además de mantener el Programa Emprendedores y el de fomento de las microempresas locales conocido como MILE.
