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Hubo un clima de coincidencias, de buenas formas y de responsabilidad, para construir desde la izquierda una alternativa de cambio ante las elecciones generales del próximo 20 de diciembre, etiquetadas como las más trascendentales para este país desde junio de 1977.
Convocados por Comisiones Obreras, los candidatos por la circunscripción de Zaragoza del PSOE, Susana Sumelzo, de Podemos, Pedro Arrojo, de Cha, Chesús Yuste, y de IU, Rosa Magallón, protagonizaron el pasado martes un debate sin descalificaciones, con autocrítica y, sobre todo, asumiendo todos que estamos en un fin de ciclo caracterizado por el malestar generacional y la corrupción, el de la Constitución de 1978, y dando prioridad, si gobierna la izquierda, a la corrección de los recortes en los derechos sociales, en los servicios públicos y en las libertades individuales.
A diferencia de la dureza teórica de algún líder de Podemos, llamó la atención el compromiso con la unidad de la izquierda de Pedro Arrojo, con más recorrido histórico y reflexivo en Aragón por su edad y trayectoria. A pesar de que el acuerdo fiscal sobre la base de la progresividad, que paguen más los que más tienen, no ha sido posible en el Ayuntamiento de Zaragoza. Como tampoco ha sido posible hasta ahora que el PSOE, Cha, que sí están coaligados, y Podemos gobiernen juntos la comunidad autónoma.
Llamó la atención que Susana Sumelzo reconociese públicamente que no le había gustado que su partido votara las ordenanzas fiscales de Zaragoza con el PP y Ciudadanos aunque matizó que las diferencias eran mínimas y que Zaragoza en Común (ZEC) no supo pilotar el diálogo.
Como llamó la atención que la candidata socialista, responsable de administraciones públicas en la ejecutiva federal y muy próxima a Pedro Sánchez, reconociese que cambiar el artículo 135 de la Constitución para anteponer el pago de la deuda a los bancos a los intereses generales había sido un error y confirmase que la actual reforma laboral se derogará en dos fases, “y punto”.
Saludable autocrítica para buscar unas coincidencias y una alternativa de cambio, que no alternancia como subrayó Rosa Magallón, para quien sobran actitudes populistas y discursos transversales en busca del centro perdido.
Rosa Magallón y Chesús Yuste han hecho los deberes porque van coaligados en Unidad Popular Aragón en la disputada consecución de un escaño por Zaragoza donde se ventilan siete partiendo de que en las elecciones generales de 2011, a las que no concurrieron ni Ciudadanos ni Podemos, se los repartieron entre el PP, que se llevó cuatro, el PSOE, dos, y La Izquierda de Aragón (IU y Cha entre otras organizaciones), uno.
La batalla en Zaragoza dentro del rompecabezas y de la fragmentación de la izquierda se presenta encarnizada, penalizada por la ley electoral, en un escenario cada vez más mediatizado por el golpe institucional del Parlamento de Catalunya, por el acelerón independentista, que está absorbiendo mucha energía y sensibilidad de los ciudadanos.
Y aún queda más de un mes para las generales, para vivir nuevos episodios de esta tragicomedia, de este teatro de guiñol, en el que una candidatura de inspiración y práctica anarquista, la CUP, ni Dios, ni Estado, ni Europa, ni OTAN, está moviendo los hilos de la comunidad autónoma que aporta más o menos el 18 por ciento de la riqueza de España. En este asunto, no hay coincidencias en la izquierda: el PSOE apuesta por una reforma constitucional, más alineado con Ciudadanos y el PP, mientras que Podemos, IU y Cha, quieren abrir un proceso constituyente sobre el modelo de Estado con referéndum previo en Catalunya sobre su continuidad en España.
Al final, si la campaña se centra en la unidad de España y en la recuperación económica, son muchas las probabilidades de que las elecciones del 20-D acaben siendo las de la confirmación del partido en el Gobierno o, en su defecto, del relevo generacional en el centroderecha y en la derecha de la mano y de la presión de Ciudadanos.
Respecto a la hipotética recuperación económica que es virtual para la inmensa mayoría de los españoles, las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) son clarificadoras. En septiembre, 1.570.000 familias tenían todos sus miembros en paro, las mismas que al comienzo de la legislatura de Rajoy.
724.000 hogares, el doble que durante 2007, el año de comienzo de la crisis, no registraban ingresos. Había casi tres millones de parados de larga duración cuatro veces más que en 2011. Somos el peor país en políticas activas para parados que llevan más de un año inscritos en las oficinas públicas de empleo.
Como expuso Chesús Yuste en el debate del pasado martes, en España no se está recuperando el empleo, se están repartiendo horas de trabajo. El 21 por ciento de los jóvenes españoles ni estudian, ni trabajan, frente al 14 por ciento de media de los países de la OCDE, y desde la reforma laboral de 2012 hay setecientos mil jóvenes más parados. Hemos salido de la recesión por la recuperación de la eurozona, la flexibilidad del Banco Central Europeo (BCE) y el abaratamiento del petróleo, pero a un coste muy alto en pérdida de población activa y, en particular, jóvenes con una buena formación.
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