Raíces cristianas en la inmigración

Cuando sentenció al portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, que si el presidente Jorge Azcón quería aprobar los Presupuestos de Aragón tendría que retirar los fondos públicos a las oenegés “que se lucran con el tráfico y la trata de seres humanos”, me vino a la memoria el mar de invernaderos de Níjar-Cabo de Gata (Almería), una zona que llevo años pateando desde que a principios de los 80 me sedujera el libro de viajes de Juan Goytisolo “Campos de Níjar”.

En Níjar, un municipio de 500 kilómetros cuadrados de extensión con 22 pedanías y 33.000 habitantes, están localizados 40 asentamientos irregulares en los que se concentran 3.500 personas en condiciones indignas. Asentamientos irregulares es un eufemismo para definir que sobreviven en chabolas y en viviendas infrahumanas: cortijos en ruinas, casetas abandonadas, colchones en garajes que les alquilan, camiones abandonados en descampados. No disponen de abastecimiento de agua, ni de saneamiento ni de suministro eléctrico. Para ir al trabajo se juegan la vida desplazándose por carreteras sin arcén y sin carriles bici.

La mayoría son marroquíes pero en los últimos años también han llegado subsaharianos. Los pocos que tienen papeles, permisos de trabajo y de residencia, continúan viviendo en esos asentamientos precarios porque no pueden acceder a una vivienda. Les están pagando 5 euros por hora en jornadas que se alargan hasta las 10 horas. En muchos casos trabajan sin descanso hasta 90 días seguidos. Las promociones privadas de viviendas se van a la costa. Las administraciones llevan 30 años sin resolver el problema habitacional. Si acaso han puesto algún parche.

Son situaciones extrapolables, con mayor o menor intensidad, a las provincias de Huelva, Murcia, Albacete o a comarcas aragonesas como las del Bajo Cinca, Caspe y Valdejalón. Localizaciones que en los casos de las provincias de Almería y de Huelva ya denunció hace 6 años el entonces relator de Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, que concluyó en su informe que en algunos casos estaban en peores condiciones que en un campo de refugiados.

Paradójicamente, algunas de las oenegés a las que Vox quería cerrar el grifo del dinero público como condición innegociable para aprobar los Presupuestos de Aragón están vinculadas a la Iglesia católica como son los casos de Cáritas, de la Asociación Católica Española de Migraciones (ACCEM), de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, de la Fundación Ozanam, de la Compañía de Jesús, que trabajan con refugiados, migrantes y personas en riesgo de exclusión social.

La Conferencia Episcopal Española se pronunció en su día a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reunió 700.000 firmas para regularizar medio millón de inmigrantes que llevan mucho tiempo viviendo en España. Las oenegés tienen, por tanto, raíces cristianas como las de las de la civilización europea a la que Trump y sus subordinados de la extrema derecha en el continente quieren salvar “para evitar que desaparezca en 20 años”.

Inmigrantes que, por ejemplo, son imprescindibles para que los agricultores saquen adelante sus cosechas y para que en Almería proclamen orgullosamente que son la huerta de Europa. Y también, el miedo y la condición humana, una de las provincias en las que más porcentaje de votos recibe el partido de Abascal. Con el inmigrante pobre y de distinta cultura y religión se coexiste en el mejor de los casos pero en la mayoría o no se convive o se le rechaza abiertamente fuera del horario laboral.

Esa regularización, a la que se opusieron el PP y Vox, permitiría que ese medio millón de inmigrantes tuvieran los derechos básicos: firmar contratos, estar protegidos por convenios y que los contratantes puedan ser sancionados si no los cumplen. Además de la humanitaria, que entronca con el cristianismo de base, hay otra razón de peso. Todos los informes confirman que la aportación de los inmigrantes está siendo decisiva para que España sea uno de los líderes europeos en crecimiento económico.

Otra cosa es que puedan ordenarse mejor los flujos migratorios (no olvidemos que la mayoría de los inmigrantes llegan por los aeropuertos y solo los más pobres y desesperados se juegan la vida en las pateras) y aumentar las ayudas a los países de origen antes que recurrir a las devoluciones en caliente y a las deportaciones. Vox también está doblando el brazo al PP con las partidas de cooperación al desarrollo en los gobiernos municipales y autonómicos que preside el partido de Feijóo.

No ha habido grandes acuerdos políticos en inmigración y tampoco en viviendas asequibles para lo que es necesario que vayan de la mano todas las administraciones. Mientras tanto, está aumentando la impugnación al sistema de los jóvenes y de los trabajadores de rentas más bajas. Una porción importante de esos votos ya se ha ido a la extrema derecha. Los que vivimos los últimos años del franquismo y la transición estamos hasta la médula de la extrema polarización, de la saturación policial y judicial en la conversación pública y, cada vez con más frecuencia, de la violencia verbal. En los estudios de opinión, la valoración de los líderes políticos está bajo mínimos.

Un ejemplo local. En Aragón la candidata del principal partido de la oposición, Pilar Alegría, le tendió la mano al presidente Azcón para aprobar el techo de gasto y para negociar los Presupuestos. La respuesta del que gobierna fue calificarla de mano podrida. O con Vox o elecciones. No hay otra salida. ¿Cómo aceptarán los electores aragoneses el adelanto electoral que anunció ayer el presidente Azcón por la incapacidad de llegar a acuerdos y atender el interés general? ¿A quién está beneficiando este cainismo partidario? A la salud democrática desde luego no.