A vueltas con la transición justa

El jueves 27 de febrero, en la Casa de las Culturas de Andorra, se dio un paso más en un proceso participativo -asistieron, junto a representantes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, alcaldes, empresarios, sindicatos…- cuyo objetivo es definir las alternativas de reindustrialización, que permitan compensar la pérdida de puestos de trabajo derivados del cierre de la central térmica de Endesa en cumplimiento de las medidas de descarbonización impulsadas por la Unión Europea (UE). 

En las comarcas afectadas, en las administraciones y las organizaciones políticas y sociales, hay un doble sentimiento: por una parte, cierta esperanza y alegría por sentirse partícipes del diseño de su futuro y por otra, un creciente nerviosismo, porque se acerca el momento del cierre de la central y no se percibe ningún proyecto concreto, seguramente les gustaría ver ya el estableciendo de las empresas que van a sustituir a Endesa.

Es normal la inquietud, y la ciudadanía de los municipios concernidos debe seguir movilizada, analizando, proponiendo, haciendo seguimientos y manifestándose cuando lo consideren oportuno, pero sin caer en la desesperanza y sin perder de vista la complejidad del proceso que se está abordando. Desde hace años, las cuencas mineras han sido objeto de una atención especial por parte de las Administraciones, pero esta atención se ha limitado a la concesión de ayudas económicas y al intento de instalación de alguna empresa que no siempre ha cuajado.

En este caso, todo apunta a que el Ministerio  pretende elaborar un plan estratégico, con ciertas garantías de futuro, partiendo de las necesidades y posibilidades de las zonas perjudicadas por la descarbonización. Pero un plan de este calibre no se elabora de un día para otro, necesita tiempo ver qué tipo de empresas, y en qué condiciones,  estarían dispuestas a apostar por desarrollar parte de su actividad en la cuencas mineras.  Además del estado de alerta y movilización, son necesarias ciertas dosis de paciencia y confianza en las instituciones.

El Ministerio que dirige Teresa Ribera también se enfrenta a otro fenómeno, distintos municipios y comarcas de Aragón, con procesos de desindustrialización y despoblación,  reivindican su “derecho” a una transición justa. Es el caso de Utrillas o Mequinenza -antiguas zonas mineras que dejaron de serlo hace años- o la Comarca del Aranda, cuya industria del calzado es incapaz de competir con el mercado global. A estos casos podríamos sumar cientos más en el Estado.

La gente que reclama medidas contra la despoblación tiene motivos para hacerlo, pero hay que recordar que la transición justa está vinculada a los problemas originados por una decisión política: la descarbonización, necesaria para combatir el cambio climático. El resto de los problemas, que pueden ser tan importantes o más que los causados por la descarbonización, tienen otras causas -la despoblación de buena parte de la España interior lleva décadas produciéndose sin que se haya encontrado el antídoto apropiado- y deben ser motivo de tratamientos específicos. La mejor manera de no resolver ningún problema es metiéndolos todos en el mismo saco, haciendo que todos cuelguen de la transición justa.

Creo que el Gobierno va a hacer todo lo posible por atajar el problema de la despoblación pero, será porque soy agnóstico, no creo en los milagros. Los problemas complejos suelen tener varias causas -económicas, políticas y sociales- y, si además se han dejado enquistar, las soluciones no son ni sencillas ni rápidas.