El Gobierno resta importancia a que la mayor empresa pública de Aragón adjudique irregularmente contratos por valor de 11 millones de euros

El informe de la Cámara de Cuentas que mostraba diversas irregularidades en la gestión de la mayor empresa pública de Aragón, la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA), entre los ejercicios 2012 y 2016, ha sido objeto de debate este jueves en el Pleno de las Cortes de Aragón.

Dicho texto alertaba, principalmente, de tres anomalías: adjudicación de contratos sin tramitar los correspondientes expedientes o fraccionando indebidamente su objeto para evitar la aplicación de las normas de publicidad y concurrencia por valor de 10.690.000 euros, de un total de 138 millones de euros.

Advertía también de varios desajustes de los contratos en materia de infraestructuras, “que se debieron a errores y defectos en la confección de los expedientes, en la definición de los presupuestos de licitación, en la definición de criterios de adjudicación o por aprobación de modificaciones contractuales sin seguir los trámites establecidos en la normativa contractual”.

Y, por añadidura, destacaba la falta de homologación retributiva del personal con el equivalente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, homologación que ya debió haberse realizado en 2016 en cumplimiento de la normativa vigente.

“Irregularidad no es ilegalidad”

Esta sucesión de irregularidades, unidas a otras ya advertidas anteriormente, ha llevado a Podemos a solicitar la comparecencia del presidente de Aragón, Javier Lambán, en las Cortes autonómicas. No ha sido él el encargado de dar la réplica a los morados, sino el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, y, por tanto, responsable actual de SARGA, Joaquín Olona. La delegación en Olona de Lambán provocó las primeras pullas.

El consejero ha acusado a Podemos de usar SARGA con “fines electoralistas y con el único objetivo de asociar la imagen de la empresa a la corrupción”. La Cámara de Cuentas “solo habla de irregularidades”, ha dicho, “y el informe hay que leerlo y ya está. Todo esto es una exageración y una tergiversación que solo ayuda a confundir a la ciudadanía”.

Le ha extrañado al diputado de Ciudadanos, Ramiro Domínguez (y así se lo ha hecho saber a Olona al inicio de su intervención), que este apocara tanto lo afirmado por la Cámara de Cuentas, sobre todo, habida cuenta de que en gran parte del periodo inquirido no fue su partido el que estaba en el Gobierno (por ende, tampoco el responsable): entre 2011 y 2015 PP y PAR estuvieron al frente del Ejecutivo.

“El informe es demoledor, un varapalo, son prácticas vomitivas; todos los que han tenido responsabilidad en SARGA la han convertido en un chiringuito”, ha sentenciado posteriormente Domínguez.

“Esos fantasmas están solo en su cabeza”

Las dos formaciones al frente de SARGA en la gran mayoría de los años analizados también echaron balones fuera. Lucía Guerrero (PAR) ha espetado a Podemos que, como con el Plan de Depuración de Aragón (que los morados han llevado a Anticorrupción), “esos fantasmas están solo en su cabeza”. Viven permanentemente “en la alarma social y en la histeria, una irregularidad no es lo mismo que una ilegalidad”, ha indicado.

Ramón Celma (PP) ha cambiado de tercio para asegurar que, “al margen de exageraciones”, si se quiere mejorar SARGA “nuestro objetivo debe ser que todos los agricultores y ganaderos nos hablen bien de ella”.

Una larga lista

Antes del manido informe, ya se conocieron otros hechos que hacen dudar de la gestión de esta empresa. En noviembre de 2016, tras una pregunta parlamentaria de Podemos, el Ejecutivo autonómico apuntó en su respuesta que 31 altos cargos de SARGA gastaron 123.006 euros en comidas desde el 1 de octubre de 2012 hasta el 11 de noviembre de 2015.

Más tarde, en mayo de 2017, la Audiencia Provincial de Zaragoza condenó a penas de cárcel a dos directivos de la empresa pública por facturar gastos de kilometraje ficticios a costa del erario público.