La Guardia Civil vuelve a realizar registros en la sede de Forestalia en Zaragoza

La Guardia Civil está realizando este martes nuevos registros relacionados con la actividad de Forestalia. En concreto, los agentes han entrado en las oficinas de la sede central de la firma y también en el domicilio en la capital aragonesa de su máximo responsable, Fernando Samper. Según han explicado fuentes de la Guardia Civil, la investigación está relacionada con “contratación irregular y con amaños en informes de impacto ambiental”.

Respecto a la relación de estos registros con los que se llevaron a cabo en diciembre y con el Clúster del Maestrazgo, desde el instituto armado no han confirmado que ambas investigaciones estén relacionadas.

Las pesquisas están a cargo de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona, tal y como ha adelantado 'El Periódico de Aragón'. La operación se ha desarrollado a primera hora de la jornada, cuando los agentes han entrado a las oficinas de Forestalia, situadas en pleno centro de la capital aragonesa. Y lo mismo en el domicilio de Samper, un gran complejo residencial rodeado por muros y cámaras en la zona de San Gregorio.

Hace apenas tres meses agentes del Instituto Armado ya registraron la sede de Forestalia en Zaragoza –también en la de Madrid–, en este caso por presuntas irregularidades en contrataciones públicas vinculadas con la investigación en la que fueron detenidos la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y el dueño de Servinabar y socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso.

Clúster del Maestrazo

La investigación de la UCO de la Guardia Civil sobre Forestalia ha vuelto a poner el foco en el clúster eólico del Maestrazgo, uno de los mayores proyectos renovables impulsados en Aragón. El macroproyecto contempla 22 parques eólicos en esta comarca turolense y obtuvo en la pasada legislatura el visto bueno ambiental del Gobierno de Aragón, que fue incorporado a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Actualmente, la iniciativa está gestionada por el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners.

La polémica se centra en los informes ambientales que acompañaron su tramitación. Colectivos como la Plataforma Paisajes de Teruel y la formación Teruel Existe sostienen que el documento favorable remitido al Ministerio, firmado por el entonces director del Inaga, no incorporó otros informes técnicos internos que advertían de deficiencias en el diseño de los parques, posibles afecciones a fauna protegida y cuestionaban que los 22 proyectos se evaluaran en un único expediente, lo que —según esos técnicos— dificultaba analizar adecuadamente los impactos acumulativos. Estas denuncias han llevado a plantear incluso la vía penal y a pedir que se investigue si se “ocultó” información relevante durante la tramitación ambiental.