Teruel empieza el año con solo seis bomberos para cubrir toda la provincia
Tres bomberos en el parque de Teruel, dos en el de Alcañiz y uno en el de Calamocha. En total, solo seis bomberos estaban de guardia en la provincia de Teruel el pasado 31 de diciembre, una cifra que muestra un comienzo de año con la plantilla “bajo mínimos históricos”, según denuncia la Asociación de Bomberos Profesionales de Aragón (ABPA).
Con estos datos, apuntan, y a pesar de que Teruel es una de las provincias más despobladas de Europa, la ratio por habitante/bombero se multiplicó por 22 respecto a la recomendación europea vigente: dicha recomendación, explican, establece que la relación adecuada para le prestación de un servicio profesional es de un bombero por cada 1.000 habitantes. En la provincia de Teruel, la pasada Nochevieja, con seis bomberos de guardia y según el censo de 2017, a cada bombero le correspondieron 22.593 habitantes.
Con esta plantilla se incumple además de manera sistemática desde hace cinco años la conocida ley del fuego, que estipula, por ejemplo, que en un parque principal debería haber seis profesionales de guardia las 24 horas, algo que deberían cumplir el parque de Teruel y el de Alcañiz, y plantillas de cuatro bomberos profesionales en los parques secundarios, como el de Calamocha. “Cada día del año, las 24 horas, tendría que haber en la provincia de Teruel 16 bomberos y no solo seis como está sucediendo habitualmente”, explican las mismas fuentes.
Añaden que “otra de las graves dejaciones” en el servicio es la “ausencia de garantías de asistencia en un tiempo máximo de 35 minutos a cualquier habitante de la provincia de Teruel”, tal y como viene recogido en esa misma ley autonómica, y de hecho, denuncia la asociación, se dan ratios de intervención de hasta una hora y media en el caso de algunos municipios de la provincia, como es el caso de Cantavieja.
Competencias
El servicio de bomberos en la provincia lo presta únicamente la Diputación Provincial de Teruel (DPT), aunque la legislación dice que el Ayuntamiento de Teruel (PP) debería asumir la competencia en materia de prevención, extinción de incendios y salvamento, al ser un municipio de más de 20.000 habitantes.
“Lejos de ello, no solo no desempeña una competencia propia, sino que no aporta ningún tipo de compensación económica a la Diputación”, que es la que presta el servicio, según denuncia la asociación, y por ello la Diputación acaba prestando el servicio sin tener “obligación y competencia alguna en la ciudad”. Con todo esto, se dibuja un panorama “precario, con profesionales bajo mínimos y con ciudadanos absolutamente desprotegidos”, concluyen.
Trabas de otras administraciones
El diputado delegado de Bomberos de la DPT, Carlos Sánchez (PAR), defiende el esfuerzo de la Diputación para mejorar el servicio y dotarlo de los medios adecuados, a pesar de todas las trabas que les ponen otras administraciones.
En el caso concreto del servicio prestado la pasada Nochevieja, defiende que a los efectivos de guardia hay que sumar otros “seis como mínimo a menos de cinco minutos del parque”, para acudir en cuanto fuera necesario y, en todo caso, dice, estas condiciones cumplen con la regulación del servicio.
Reconoce que las plantillas son cortas, y de hecho estima que los 60 bomberos que hay actualmente en el servicio podrían pasar a 90 si la Diputación dejara de tener trabas administrativas y obtuviera apoyo económico del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel.
“Queremos más personal, pero ninguna administración nos ayuda”, lamenta el diputado, y es que “el Gobierno de Aragón promueve una ley que la Diputación no puede cumplir” en referencia a los tiempos de respuesta, pero tampoco apoya económicamente a las diputaciones para que puedan hacerlo.
Mientras tanto, se queja, la ley de racionalidad limita la reposición de funcionarios, así que, aunque la Diputación ha pedido autorización para sacar más plazas de bomberos, todavía no les han autorizado. Sánchez estima que necesitarán 18 bomberos para poner en marcha el cuarto parque previsto entre Utrillas y Montalbán, y otros seis para el parque de Calamocha, de tal manera que haya una persona más por turno, con lo que serían tres por turno.
“Hemos pedido la autorización para 24 nuevas plazas, no dinero, solo la autorización, pero todavía no hemos obtenido respuesta”, dice el diputado.
“La ley nos mata”
El compromiso de la Diputación con este servicio, al que se dedica el 10 % del presupuesto de la institución, según Sánchez, se muestra también en la puesta en marcha de los procesos de promoción interna para cubrir los puestos de responsabilidad, y la inversión en nuevos vehículos y equipamientos.
La asociación de bomberos menciona también la tarea del Gobierno de Aragón, que tiene, afirman, la “responsabilidad directa de garantizar la prestación” del servicio de prevención y extinción de incendios en las tres provincias. En su opinión, está “consintiendo esta situación e incumpliendo sistemáticamente la ley 1/2013 desde hace casi cinco años”.
“La ley del fuego nos mata”, dice el diputado que se lamenta de que en este asunto las diputaciones están “en el medio de un muelle: el Ministerio no deja convocar plazas por un lado, y por el otro el Gobierno de Aragón que nos aprieta para cumplir la ley pero no apoya económicamente”.