Vox alimenta su agenda ultra en Aragón con datos hinchados sobre el coste sanitario de los migrantes sin regularizar
Al mismo tiempo que Vox hacía por fin público quién será su candidato para las elecciones autonómicas del 8 de febrero, la formación ha seguido desplegando su agenda ultra en Aragón. El último capítulo ha sido un nuevo ataque a la inmigración, y más en concreto al desembolso sanitario para atender a los extranjeros sin regularizar. La formación de extrema derecha cifra en 10 millones de euros el coste en este concepto para la sanidad pública –que tiene carácter universal y que es una garantía constitucional–, pero para ello hincha el gasto en urgencias o en intervenciones quirúrgicas.
Así se traduce de los datos proporcionados por la formación ultra en una nota hecha pública el martes en la que estiman el “coste sanitario de la inmigración ilegal” en “más de 10 millones de euros anuales”. Para ello se basa en la respuesta a una pregunta trasladada por el diputado de Vox David Arranz al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, en la que le cuestiona acerca del “número de inmigrantes ilegales que han accedido a operaciones quirúrgicas, urgencias y servicios médicos de atención primaria durante el año 2024”.
Sanidad utiliza el denominado “código 85”, de carácter meramente administrativo y que alude a la asignación que se da a quienes se registran bajo esta condición en la Atención Primaria. Un concepto que, como el mismo Departamento precisa en su respuesta, no transmite una imagen fiel dado que esa persona puede haber “regularizado con posterioridad” su situación, pese a lo cual seguiría constando bajo el mismo epígrafe.
Con esa asignación en la mano, en 2024 fueron 19.882 las consultas a Atención Primaria, 10.253 las atenciones de urgencia y 654 las intervenciones quirúrgicas. En el primer caso, con datos de 2023, esto supondría el 0,19% del total de consultas en Aragón y, en el segundo, el 1,65% de las urgencias. En la comunidad se estima que el porcentaje de extranjeros en situación irregular supone un 9% de los inmigrantes totales, con lo que respecto de la población total el colectivo se situaría en torno al 1,27%.
Para llegar a la estimación de “más de 10 millones de euros”, Vox atribuye a las consultas de Atención Primaria un coste de 1,7 millones de euros y a las urgencias, de 1,9 millones. Y para alcanzar la cantidad total, suma a lo anterior las intervenciones y “las consultas de especialistas y pruebas de diagnósticas”.
Sin embargo, en el caso de las propias urgencias, frente al coste medio de 185 euros que determina la formación de extrema derecha, el propio Departamento de Sanidad lo fija en 40 euros –casi cinco veces menos– en la orden en la que establece las tarifas en los servicios que se ve obligado a externalizar a la privada. Este gasto incluye entre otros conceptos la asistencia, el tratamiento, las curas o “las pruebas diagnósticas y terapéuticas rutinarias”.
Para ofrecer su balance, Vox se agarra a otra respuesta escrita del consejero Bancalero en la que cifraba el coste de las “urgencias hospitalarias” entre 133 y 255 euros, ante lo que la formación de extrema derecha se limita a establecer una media. Y respecto a las 654 operaciones, que completarían según la tesis de Vox la factura de los extranjeros sin regularizar, alcanzarían de media los 10.000 euros, cuando en la misma respuesta del titular del Departamento solo aludía a ingresos en UCI, para los que fijaba una horquilla de entre 1.175 y 5.350 euros.
Hay que recordar que, si en 2024 el gasto de la Consejería de Sanidad ascendió a casi 2.900 millones de euros, esos 10 millones de euros supondrían un 0,35% del total.
Un 17,6% de población para un 2,1% del gasto sanitario
Mientras, los estudios económicos refuerzan la perspectiva de que, en Aragón, los extranjeros contribuyen a las arcas públicas en mayor medida de lo que detraen. Así lo refleja por ejemplo el informe de la Fundación Basilio Paraíso –organismo dependiente de la Cámara de Comercio– sobre la inmigración, que muestra que el impacto neto de la población inmigrante es positivo o neutro. La población foránea tiene una estructura por edades más favorable, con menor proporción de mayores de 65 años, lo que reduce la presión sobre pensiones y servicios sociales. En sanidad, los costes promedio de los inmigrantes son un 28% inferiores a los de los españoles, y representan solo el 2,1% del gasto sanitario total en 2023, pese a su proporción de población en Aragón (17,6%).
En otras áreas, los datos muestran que los extranjeros contribuyen de manera proporcional o incluso superior a su peso poblacional, como en educación y desempleo. Según recoge este informe, la inmigración genera un superávit fiscal neto estimado en 500 millones de euros en 2023 en Aragón, lo que evidencia que su aportación económica compensa con creces cualquier gasto adicional en servicios públicos.
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