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ARAGÓN

HUESCA

La búsqueda de los restos de un fusilado en 1943 choca con el empeño franquista en silenciar las represalias de la posguerra

La hija y la nieta de José Rives auspiciaron la infructuosa exhumación en el cementerio de Huesca de los restos de este agricultor oscense

Se cree que se encuentran en el osario, ya que numerosos cuerpos fueron trasladados en la década de los 70 para dejar lugar a nuevos enterramientos, sin que conste en la documentación de la época y sin avisar a los familiares

“La de entonces era todavía una legislación franquista y su empeño era ocultar en lo posible los abusos que habían cometido en la posguerra”, apunta Toño Moliner, responsable de exhumaciones del Círculo Republicano "Manolín Abad"

Los osarios acumulan cadáveres desde 1845 y sus condiciones, con el agua, calor y frío de casi dos siglos, hacen imposibles las identificaciones

Exhumación fallida de José Rives en el cementerio de Huesca

Exhumación fallida de José Rives en el cementerio de Huesca Carlos Neofato / Huesca

Otra búsqueda infructuosa. La tercera exhumación acometida en Huesca por el Círculo Republicano "Manolín Abad" no ofreció el resultado esperado. Se buscaba el cuerpo de José Rives Galindo, un agricultor de 33 años y natural de Tamarite de Litera fusilado el 29 de julio de 1943, en plena represión tras el final de la Guerra Civil. Su hija Adelina y su nieta Brígida iniciaron hace un año y medio el proceso para localizarle pero no se han encontrado restos articulados. Su destino más que probable fue el osario situado a solo unos metros de la que durante un tiempo fue su tumba en el cementerio municipal y en la que este fin de semana se trabajó hasta que la evidencia recomendó dejarlo.

Tras el éxito que el pasado noviembre llevó a encontrar en otro camposanto de la ciudad, el de Las Mártires, a Mariano Cuello, Tomasa Sarvisé, Pablo Rey y Pedro Barco y la decepción en julio de 2017 al no hallarse a Casimiro Malo en el cementerio municipal, el tercer proyecto del Círculo Republicano se ha topado con un problema común cuando se quiere desenterrar esta etapa de la historia oscense. Se trata de un terreno que se levantó durante la década de los 70 para realizar nuevos enterramientos. Aquellos cuerpos sepultados a comienzos de los 40, como el de José Rives, se trasladaron muy probablemente a alguno de los osarios de la instalación.

Todo, sin documentos que lo atestigüen y al margen de cualquier protocolo legal. “La de entonces era todavía una legislación franquista y su empeño era ocultar en lo posible los abusos que habían cometido en la posguerra. Por eso se manejaban con el mayor de los sigilos con las personas asesinadas entonces”, explica Toño Moliner, responsable de exhumaciones y memoria histórica del “Manolín Abad”.

Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y con un parón debido a tormenta de granizo, 20 voluntarios se afanaron en quitar a paladas la tierra en la que creían que se encontraba sepultado Rives. Tanto en este como en otros casos se requiere una inmersión profunda en expedientes carcelarios, actas de defunción, los archivos del Ayuntamiento de Huesca, Guardia Civil, militares y carcelarios para estrechar el cerco sobre la tumba en la que se centran los esfuerzos. La fosa 128 del cuadro 2 del cementerio municipal es la que debía contener los restos del agricultor tamaritano.

Consejo de guerra sin antecedentes penales

Con 30 años y sin antecedentes penales, ingresó en la prisión provincial de Huesca, el 13 de abril de 1940, desde la prisión del partido judicial de Ronda (Málaga), y de allí pasó a la de Barbastro para regresar a la capital oscense en 1942. Este periplo se justifica en la documentación de la época por parte del juez militar de Benabarre-Tamarite, Julián Laborda, que ratificó su condena por el siguiente motivo: “Afiliado a la FET de las JONS con anterioridad al Movimiento como espía de la CNT, al estallar el mismo forma parte del comité revolucionario y del tribunal de Tamarite”.

Convocado el consejo de guerra el 21 de junio de 1943, es condenado a muerte al día siguiente y entregado a la fuerza pública a las 5.30 horas del 29 de julio de 1943 en una saca con tres presos más por orden del coronel  y gobernador militar, José Martínez Sapiña, y del juez de ejecuciones, José Aristegui Huesa. Les fusilaron en las tapias del cementerio de la carretera de Zaragoza en presencia del sacerdote de la prisión.

La hipótesis del traslado del cuerpo al Valle de los Caídos, como sí sucedió con cerca de mil cuerpos de la provincia de Huesca, está descartada por Toño Moliner. “Se dio con algunos casos de Las Mártires o del antiguo cementerio municipal, pero son muy pocos. Se cambiaron las leyes al respecto hasta en tres ocasiones porque los familiares se negaban. La última modificación permitía, literalmente, el saqueo de los cementerios”. El de Huesca cuenta con un osario construido en 1926 y cuatro más que convierten en “complicadísima” la tarea de identificar los restos de Rives si es que se encuentran allí. “Acumulan cadáveres desde 1845 y, además, las losas están mal dispuestas y entra agua, sol y frío”, explica Moliner.

Un proceso largo y muy complejo

Las familiares del agricultor no sabían nada de su paradero y se pusieron en contacto con el Círculo Republicano hace un año y medio para poner en marcha un proceso complejo, que requiere los permisos del Ayuntamiento de Huesca y del Gobierno de Aragón. Este último impone un equipo de arqueólogos, antropólogos y conservadores que, como en las dos anteriores ocasiones, estaba encabezado por Antonio Alagón.

“Nuestro objetivo es sacar a la luz las mentiras, errores y ocultamientos de la posguerra en nuestra ciudad”, asegura Toño Moliner. Así, se conoce los nombres de los 545 represaliados republicanos entre el 19 de julio de 1936 y el 28 de abril de 1945 y se erigió un monumento en su memoria en el parque de las Mártires de la Libertad. “Lo hacemos por personas como aquella anciana de 87 años que no sabe donde está su padre”, zanja. El “Manolín Abad” tiene ahora en marcha un cuarto proyecto de exhumación. El coste puede dispararse en todos los casos hasta los 12.000 euros, por lo que se requieren ayudas de las instituciones.

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