Segunda condena al Gobierno de Aragón por no dar equipos de protección a los sanitarios en la pandemia

Como esperaban los sindicatos de médicos, una nueva sentencia, dictada esta vez por el magistrado del Juzgado de lo Social de Huesca, Eduardo Bernués, condena al Servicio Aragonés de Salud (SAS), al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), y al Gobierno de Aragón a proporcionar a los empleados públicos sanitarios del Grupo “A” los equipos de protección individual (EPIs) adecuados ante los riesgos de exposición al virus SARS-CoV-2 y ante el riesgo de contagio o infección de la Covid-19.

Especifica el magistrado en su sentencia que en cumplimiento de lo previsto en la legislación de prevención de riesgos laborales, en el momento en que las administraciones dispongan de los EPIs, y en función del grado de exposición al riesgo, estos equipos de protección han de proporcionarse a todos los centros sanitarios, unidades sanitarias, centros socio-sanitarios o sociales, públicos, concertados y privados intervenidos, dirigidos o coordinados, de la provincia de Huesca.

Merche Ortín, secretaria general del CESMA, esperaba una resolución similar a la de Teruel en Huesca y en Zaragoza, “porque las demandas son iguales. Solo cambian los datos de cada provincia”. En opinión de los sindicatos médicos de Aragón, “Esta sentencia como la previa dictada en el mismo sentido por el Juzgado de lo Social de Teruel el pasado 4 de junio es muy oportuna teniendo en cuenta que los Sindicatos Médicos de Atención Primaria de Aragón han solicitado al Gobierno de Aragón, Epi’s en cantidad suficiente y de calidad homologada para evitar el contagio, una vez confirmados rebrotes en cuatro comarcas aragonesas, junto con su reposición ágil, dado el carácter fungible de los mismos”.

La sentencia del Juzgado de lo Social de Teruel dio la razón al sindicato FASAMET, que denunció la falta de equipos de protección individual y condenó al Gobierno de Aragón, al Servicio Aragonés de Salud y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales por haber vulnerado los derechos de los trabajadores y empleados públicos de Teruel en materia de prevención de riesgos laborales al no proporcionarles los equipos de protección (EPIs) adecuados para protegerse contra el SARS-Cov-2.

Ortín es optimista porque el Ministerio Público se posicionó a favor de las pretensiones de los sanitarios. “La demanda es muy completa, figura lo que nos dieron y lo que no. En la de cada provincia van los datos propios. Es idéntica para las tres provincias, muy fundamentada y exhaustiva: incluye el número de batas, mascarillas, etcétera. Como es la misma demanda solo que cambiando los datos, la sentencia la deberán dictar en el mismo sentido”, explica. A finales de marzo la Junta de Personal de Huesca también entregó una denuncia por incumplimientos “graves” en la prevención de riesgos laborales.

En Extremadura presentaron una denuncia parecida pero finalmente dieron la razón a la Administración. Aquí, en Aragón, el Gobierno ya ha recurrido la decisión al Tribunal Superior de Justicia, por lo que aún no es firme. “Puede ser que se junten varios magistrados, revisen la sentencia y la invaliden, pero los 80 folios están muy bien argumentados”. Desde la DGA no han entrado a valorar ningún tipo de consideración, se remiten al proceso judicial. Por su parte, lo mantenido por los sindicatos desde el primer minuto de la pandemia es lo que se expone en las demandas. 

Sin embargo, en dicho proceso no se pide una indemnización, sino que se declare que el Gobierno de Aragón no ha cumplido con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y se determine un responsable. “Cuando alguien se enfrenta a un virus tiene que ir protegido ¿Quién le tiene que proteger? No tiene que ir desde su casa con un equipo de protección. Es el empresario, en este caso el Gobierno de Aragón, y si es privada el empresario de la misma. Se ha puesto en riesgo nuestra salud porque nuestro gobierno no nos ha dado los equipos de protección adecuados. Si no proteges al sanitario no proteges al paciente porque podemos ser nosotros los transmisores”, señala Ortín. 

José Manuel Aspas, abogado de Fasamet , también esperaba un resultado similar porque “ya no es que se repita la controversia, sino que se ha planteado como una vulneración de un derecho fundamental (artículo 5.1 CE)”. En Huesca ya se complementó el único trámite que faltaba por rellenar, mientras que en la capital aragonesa está pendiente que remitan una prueba que pidió el propio letrado. “Es determinante, se trata de un informe quincenal de los elementos que se disponían en el almacén. Entradas, salidas, distribuciones y adquisiciones. Por ello, la sentencia de Zaragoza se retrasará un poco más”, explica.

Los datos y la información están en manos de la Administración

En la sentencia de Teruel se afirma que la incidencia del contagio en el personal sanitario es notoria como consecuencia de la insuficiencia de EPI. Por ello, se habla de pasividad y falta de previsión de las administraciones competentes. Además, la confección de estos equipos fue objeto de polémica por parte de la entonces consejera de sanidad, Pilar Ventura, quien aseguró que era un “estímulo” para los sanitarios hacerse sus propios trajes. Estas declaraciones causaron la dimisión de Ventura el 12 de mayo, ante las quejas de los colegios y sindicatos de médicos.

En este caso, “las pruebas no están en manos de los sindicatos sino en los datos e información que la Administración proporcione. Aunque eso lógicamente en un informe oficial, faltar a la verdad de los hechos puede tener otras consecuencias”, explica Aspas.

Por su parte, el Gobierno de Aragón, recurrió la sentencia en Teruel ante el Tribunal Superior de Justicia un día después de su publicación. Desde la Administración se alega que han suministrado “lo que disponían, con la convicción de que se hizo todo lo posible para proteger al personal sanitario” y que se vieron afectados por el colapso del mercado.