Los trabajadores denuncian las carencias del transporte sanitario urgente en Aragón

El transporte sanitario urgente en Aragón se encuentra en entredicho. El Gobierno de Aragón adjudicó el pasado 1 de agosto este servicio a la empresa Acciona y, desde entonces, los sindicatos y trabajadores denuncian que no solo que no se ha mejorado sino que, en algunos aspectos, ha supuesto una marcha atrás. Una situación que se agrava durante los meses invernales y que afecta asimismo a los empleados y a los vehículos que se utilizan. El concurso se encuentra impugnado y se ha llevado al Justicia de Aragón.

El Sindicato Cooperación Sindical (CSC) ha constatado durante estos siete meses que la situación laboral de los profesionales se mantiene “en unas condiciones precarias” y que no se han cumplido varios de los puntos del pliego de condiciones firmado por Acciona y el Ejecutivo autonómico. Esto afecta, entre otros problemas, a la escasez de vehículos especializados para desplazarse por terrenos de montaña y nevados con los que atender demandas urgentes.

Según el CSC, de las 88 ambulancias en Aragón, el Gobierno debía aportar 67 y Acciona, las otras 21. La mayoría se ubican en los centros de salud, aparcadas en la calle y soportando bajísimas temperaturas que pueden afectar en varios casos a su funcionamiento, a los materiales y a los propios medicamentos. También, la nieve caída puede retardar el uso de estos vehículos. El sindicato denunció ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) que el concurso de adjudicación estaba “dotado económicamente muy bajo para poder cumplir todos los requisitos del pliego de condiciones”.

Otra cuestión que se subraya es la “brecha sanitaria” que provoca el aumento más las horas de localización de las ambulancias“, un problema acuciante en zonas de montaña que deben conectarse en pocos minutos. En la comarca de la Jacetania no se dispone de ninguna ambulancia presencial las 24 horas o de una UVI móvil. Así, se han dado situaciones que han puesto en peligro la vida de los pacientes. Los trabajadores aguardan normalmente en sus domicilios la llamada para cubrir una atención médica ante la ausencia de espacios habilitados.

En Jaca hay una UVI móvil presencial desde las 9:00 hasta las 21:00 horas de lunes a viernes y que funciona por localización el resto del tiempo y una ambulancia convencional solo para transporte. En Sabiñánigo, mientras, sí se cuenta con una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) presencial las 24 horas, más una ambulancia convencional no asistencial en Biescas y un Soporte Vital Básico en Broto, que pertenece a la comarca de Sobrarbe pero que se emplea por su proximidad al Alto Gállego.

A partir de estas dotaciones, la Administración sanitaria da por cubierto el servicio de urgencias-emergencias de las dos comarcas; un planteamiento que tiene como consecuencia, en primer lugar, el retraso en la atención al paciente. Hay que tener en cuenta que se están utilizando para transporte sanitario urgente vehículos no asistenciales (que, por definición, son los destinados a dar cobertura a la asistencia de pacientes que no requieren una atención sanitaria en ruta -transporte sanitario programado-, de manera que, en algunos casos, pueden ir tan solo con un técnico-conductor como dotación (por ejemplo, lo que sucede en Biescas).

CSC valora que “se provocan numerosos retrasos en la atención al paciente” y que el empleo de vehículos no asistenciales también repercute en la pérdida de calidad del servicio. La normativa recogida en el BOA obliga a que las ambulancias de urgencias y emergencias estén dotadas, al menos, de un mínimo de dos personas con la formación necesaria para la prestación de asistencia sanitaria y transporte de un paciente en camilla. Sin embargo, a menudo solo puede contarse con un trabajador que realice incluso tareas de inmovilización de pacientes que han sufrido accidentes de tráfico o caídas con posibles traumatismos.

Los trabajadores alertan de que una “atención de calidad” en este sector acorta el sufrimiento de las personas y contribuye a su calidad de vida, algo que está “en las manos de la administración cumplir con unos pocos ajustes”. El sindicato sostiene que el aumento presupuestario del Gobierno de Aragón solo se ha reflejado en “las cuentas de la empresa privada” con la aportación de tan solo cuatro nuevas ambulancias según se refleja en el pliego. Exigen que todos los vehículos dispongan de una base propia y piden “diálogo” con el Ejecutivo de Javier Lambán.

El Sindicato Cooperación Sindical insta a la administración a que mantengan una reunión con los agentes del sector, que da de comer a 485 trabajadores en toda la comunidad (unos 160 en la provincia de Huesca y una docena en Monzón), “y consensuar entre todos un servicio de transporte sanitario de calidad”.