El Ayuntamiento de Teruel rompe el convenio de alquiler social con la DGA para recuperar cinco viviendas

El Ayuntamiento de Teruel ha denunciado el convenio de colaboración para la gestión del programa de alquiler social que mantenía con el Gobierno de Aragón desde 2014, para recuperar cinco viviendas que cedió al Ejecutivo regional y que ahora necesita, tras haber ocupado todas las que disponía. Así lo aprobó la última Junta de Gobierno del consistorio turolense celebrada este lunes.

“En estos momentos el Ayuntamiento se ha quedado sin pisos libres y consideramos que es necesario recuperar esos cinco para seguir haciendo políticas sociales”, explica la alcaldesa de Teruel, Emma Buj. De esta manera, añade, se podrá “seguir ahondando” en las necesidades de las entidades turolenses o en las que vayan surgiendo.

Según la alcaldesa, durante estos seis años de convenio el Ayuntamiento de Teruel ha perdido “toda la capacidad de actuar en materia de vivienda social”, motivo por el que consideran que es necesario recuperarlas. No obstante, precisa Buj, los inquilinos que actualmente ocupan esos pisos podrán permanecer en ellos hasta que finalicen los contratos o decidan dejarlos.

“Hemos habilitado un sistema para que las familias que están viviendo en los pisos en estos momentos no tengan que abandonarlos de forma inmediata, sino que conforme se vayan acabando esos contratos de alquiler, el Ayuntamiento los irá recuperando”, detalla Buj.

En total, el Ayuntamiento de Teruel dispone de 21 viviendas municipales que presta a distintas organizaciones sociales como Cáritas, Atadi, Asapme o Cepaim, así como a otros fines como el programa del IASS de emancipación personal de menores o de atención a víctimas de violencia de género. Otros dos de los pisos están en proceso de cesión a una asociación de vecinos y a la Fundación Secretariado Gitano. El resto están ocupados por otras asociaciones o familias vulnerables.

Distintos usos sociales

Las viviendas municipales del Ayuntamiento de Teruel están distribuidas en distintos puntos de la ciudad y ofrecen diferentes usos sociales. Atadi, por ejemplo, tiene cedido uno de estos pisos en el que viven cuatro personas. Las plazas están concertadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), aunque la vivienda es propiedad municipal.

Explica el gerente de Atadi, Ramón Royo, que la tendencia de la asociación es que sus usuarios vivan en entornos comunitarios y formen parte de la sociedad. De esta manera, apuestan por viviendas tuteladas y en la comunidad, con centros que no superen las 20 personas. “No defendemos una ciudad fuera de la ciudad donde vivan las personas con discapacidad, queremos que vivan dentro de la comunidad y sean uno más”, señala.

Así, cada uno de los centros que disponen está dedicado a colectivos concretos de personas con discapacidad intelectual. En el caso de Teruel, los cuatro usuarios que viven en el piso cuentan con la ayuda de un monitor para las tareas de la mañana y el desayuno, y otro para la cena. Durante el día, trabajan en el centro especial de empleo, y, por las noches, se quedan solos, aunque en caso de emergencia pueden contactar con las monitoras que hay de guardia.

En el caso de Cepaim, el piso está ocupado por personas del área de acogida y protección internacional de la fundación, donde atienden sus necesidades básicas y proporcionan apoyo, información, orientación, mediación y asesoramiento en materia social, legal, sanitaria y administrativa, tal y como indica la coordinadora de la organización en Teruel, Beatriz Benito.

Aunque la vivienda pertenece al Ayuntamiento de Teruel, es el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la entidad que financia el programa y la que decide la estancia de cada inquilino, que ronda los seis meses. “Son personas que llegan a este dispositivo y se trabaja todo un itinerario personalizado con ellos a nivel formativo, de asesoramiento y se presta un servicio a través del equipo multidisciplinar de la fundación”, precisa Benito.