Los abogados cántabros se movilizarán si no se avanza hacia una Justicia Gratuita menos burocrática y mejor pagada

El Colegio de Abogados de Cantabria ha avisado públicamente a la Consejería de Justicia que el colectivo que representa puede acabar movilizándose si finalmente se aprueba un borrador de Justicia Gratuita que ha indignado a los profesionales al consagrar un modelo de servicio “más burocrático” y sin apenas mejoras económicas. El presidente colegial, Andrés de Diego, ha advertido al Gobierno de Cantabria que si no se aceptan las alegaciones hechas se convocará una asamblea en la que muy posiblemente se establezca un calendario de protestas.

De los 1.200 abogados ejercientes en la comunidad autónoma, 550 componen el turno de oficio, el cual suele prestar asistencia letrada gratuita a 3.000 personas anualmente en lo concerniente a 7.000 expedientes judiciales. Ese trabajo viene a ser remunerado con una retribución media de 153,14 euros por caso, una cantidad que consideran insuficiente y que no se verá incrementada como el colectivo espera con la reforma.

Los abogados que dan cuenta de la Justicia Gratuita en Cantabria tienen una de las retribuciones más bajas de España. De hecho, la comunidad está en el puesto 17 del mapa autonómico español en cuanto a inversión media en este campo. La inversión actual de la Consejería que dirige Paula Fernández (PRC) es de dos millones de euros anuales.

Lo que sí se incrementará con la reforma será el 'papeleo', tramitación de expedientes y justificación de actividades que llevan aparejadas cada caso, en unas condiciones en donde los letrados han de prestar servicio en los pasillos de los juzgados o en los calabozos sin disponer de medios dignos para reunirse y trabajar, según advierten.

El máximo representante de los letrados cántabros ha desmentido en rueda de prensa que se cifre en un 20% el incremento presupuestario previsto para 2020 en cuanto a Justicia Gratuita. Por el contrario, ha dicho que la consignación sube 175.000 euros, hasta alcanzar los 2,15 millones, lo que supone un aumento de más del 9% que, si se contrapone al recorte del 7% de 2020, hace que la subida prevista se quede prácticamente en nada.

Entre las nuevas cargas administrativas previstas por la Consejería se impone un plazo de tres meses para la justificación de las actuaciones realizadas, mientras que el pago del servicio es semestral y con retraso, lo que ha provocado que habitualmente el propio órgano colegial tenga que adelantar el abono a los letrados con cargo a su patrimonio.

Ya ha concluido el plazo de información pública del borrador y los abogados han presentado cerca de un centenar de páginas de alegaciones, modificando muchos aspectos de un texto llamado a sustituir el decreto de 2008.

El borrador de reglamento publicado por la Consejería “dificulta y no reconoce la labor que desarrollan los abogados del turno de oficio”, que reclaman que se tengan en cuenta sus reivindicaciones, ha concluido Andrés de Diego.