Ascel se querella contra el consejero de Medio Ambiente y el director general de Biodiversidad por su política con el lobo

La organización conservacionista Ascel (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico) presentó este pasado viernes una querella criminal contra el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco (PRC), y contra su director general de Biodiversidad, Antonio Lucio, por la política de muerte de lobos que Cantabria aplica y pretende seguir manteniendo, pese a que fue incluido en el listado de especies protegidas (Lespre) y por lo tanto no está permitida su caza.

La decisión de Ascel se produce después de que la Fiscalía de Medio Ambiente de Cantabria archivase en abril una denuncia contra las órdenes de 'extracción' dictadas por Cantabria. La comunidad pretende ahora reactivar las órdenes, ante el silencio administrativo del Ministerio de Teresa Ribera y tras el archivo de la denuncia.

Según ha manifestado hace escasos días Guillermo Blanco, su departamento volverá a solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la autorización para cazar lobos en las zonas con más presencia de esta especie en Cantabria. En concreto, el Ejecutivo autonómico defiende la medida para “controlar la especie” en Los Tojos-Cabuérniga, Polaciones-Tudanca y Hermandad de Campoo de Suso, además de Campoo de Enmedio.

La reacción de Ascel al archivo de la denuncia es la querella por prevaricación por las diferentes resoluciones de control letal de lobos firmadas por consejero y el director general hasta la fecha. Ascel ha señalado en un comunicado que considera “poco decoroso e incomprensible” el archivo de su denuncia por parte de la Fiscalía, por lo que el viernes pasado presentó una nueva querella ante un Juzgado de Santander.

“La Fiscalía de Medio Ambiente archivó la denuncia de Ascel y sin llamarnos a declarar, nos enteramos de su archivo por la prensa, y para más inri, tardó dos semanas en comunicarnos su decisión, y por insistencia y petición expresa nuestra. Tampoco llamó a declarar a Blanco y a Lucio”, ha señalado un portavoz de la organización a este medio. 

Ante el archivo, Ascel se ha visto “obligada a denunciar a dichas personas por presunta prevaricación y manifestamos que afortunadamente la Justicia en este país la dictaminan los jueces y no la Fiscalía de Medio Ambiente”.

Ascel es muy crítica con el proceder de la Fiscalía, a quien reprocha que agrupara varias denuncias (de WWF España y de Ascel) en una sola, pese a que los motivos penales fueran muy distintos, no valoró el fondo de la denuncia y no comunicó su decisión a todas las partes.

España, recuerda Ascel, “ocupa los puestos de cabeza en infracciones, pero no en sentencias duras y ejemplarizantes sobre quienes atentan contra el patrimonio natural y el interés general de todos los ciudadanos”.