El Ayuntamiento de Santander incauta la garantía de 7,9 millones que depositó Ascan al hacerse con la contrata de basuras

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander, en sesión extraordinaria y urgente, ha desestimado este jueves el recurso de reposición interpuesto por Millenium Insurance Company LTD contra la incautación de la garantía depositada por Ascan una vez resuelto el contrato de prestación del servicio de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos y otros servicios complementarios, ha informado el Consistorio en un comunicado.

La garantía incautada no cubre el total del quebranto económico que los incumplimientos de la recolgida de residuos causó al erario municipal y que el Interventor general elevó hasta 8,8 millones de euros a fecha de mayo de 2020, es decir, 800.000 euros más,

Las alegaciones presentadas por las asegurada volvieron a entrar en el fondo de la cuestión y sostenían que Ascan cumplió con sus obligaciones y que ha visto vulnerados sus derechos al serle retirado el contrato para concedérselo por el procedimiento de emergencia a Cespa, que es la empresa que recoge ahora los residuos urbanos.

El recurso de reposición ha desestimado todas las alegaciones efectuadas, incluida la que cuestionaba la cifra a incautar, que al final será la prevista. Confirma en este sentido que el importe de la garantía es de 7.957.043 euros, coincidente con la suma de seis certificados de seguros de caución, que constan depositados en la Caja de Depósitos Municipal.

También ha quedado desestimada la pretensión de nulidad del procedimiento seguido para la resolución del contrato. Millenium (Ascan) considera que han quedado lesionados los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional en el procedimiento seguido por el Ayuntamiento de Santander.

Tampoco ha sido tenida en cuenta la alegación respecto a la ineficacia de las penalizaciones por incumplimientos impuestas por el Ayuntamiento, ante la supuesta falta de acreditación de los mismos. El Ayuntamiento rechaza este extremo porque hay sentencias judiciales confirmatorias de por medio que justifican las sanciones por incumplimientos graves.

Tampoco se han estimado los argumentos que venían a justificar que la concesionaria cumplió las obligaciones contractuales ya que las 'pruebas' aportadas no justifican los incumplimientos detectados por la Dirección General de Medio Ambiente y la Intervención municipal y que conllevaron a la resolución del contrato.