El Gobierno de Cantabria reconoce que su Ley de Vivienda no puede regular los desalojos inmediatos como anunció inicialmente

El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha reconocido en el Parlamento de Cantabria que las medidas antiocupación están marcadas por una ley nacional y por el código penal y que el Gobierno de Cantabria no puede regular los desalojos inmediatos, como inicialmente había anunciado el Gobierno del Partido Popular para frenar “la impunidad de los okupas”.

Media, en su comparecencia para debatir las enmiendas a la totalidad de PSOE y Vox contra la Ley de Vivienda, ha mantenido que va a generar más seguridad jurídica frente a la ocupación pero solo lo hará “asesorando a los afectados y tratando de dar más herramientas a los polícias locales”. “El desalojo final no es nuestra competencia”, ha subrayado.

La realidad de las limitaciones de la ley corrijen las declaraciones de la propia presidenta María José Sáenz de Buruaga que, cuando se presentó la Ley en septiembre, anunció que la norma establecía protocolos de desalojo inmediato, además de medidas de protección, asistencia gratuita a través de la Oficina de Apoyo a las Víctimas de la Ocupación y la Inquiocupación, y otras de protección social para dar soluciones habitacionales alternativas ante situaciones de vulnerabilidad real.

No obstante, el consejero ha insistido en que la Ley si tiene medidas para tratar de evitar la okupación ilegal, como protocolos de desalojo inmediato en caso de flagrante okupación, en cuyo caso la Policía Local podrá -en el ámbito de sus competencias- proceder al desalojo inmediato de los ocupantes, respetando los procedimientos legales.

También ha citado la oficina de apoyo a las víctimas de okupación, asistencia jurídica a propietarios afectados y medidas sociales para garantizar soluciones habitacionales alternativas cuando existan situaciones de vulnerabilidad real.

Para Vox, el enfoque sobre el problema de la 'okupación' es “blando e insuficiente”. En su opinión, la tibieza de la Ley elimina un principio fundamental “que es el derecho a la propiedad privada”. “No han sido capaces de introducir el concepto de propiedad privada en ninguno de los artículos de la Ley”, ha reprochado Armando Blanco. El diputado considera que se llega “al absurdo” de que solo garantiza ayudas a la 'okupación' a aquellos propietarios que entregan su vivienda al fondo del alquiler social. El resto, quien decida ofrecer su vivienda en el mercado libre de alquiler, “que sepa que esta Ley del Partido Popular no les protege”.

El consejero de Vivienda ha insistido en que “esta ley protege al propietario frente al okupa y no al revés”. Media sostiene que la ocupación “es un drama” que saca del mercado del alquiler multitud de viviendas.

En 2025 hubo 10 demandas en juzgados civiles por ocupaciones ilegales de vivienda en Cantabria. Casi la mitad que el año anterior. Pero en los últimos cinco años se ha doblado el número de denuncias: de 52 a 115 por allanamiento o usurpación de inmuebles. Normalmente se corresponden con pisos deteriorados, en desuso y sin acabar que llevan tiempo abandonados, según la Fiscalía de Cantabria.

El Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública Gesvican, puso en marcha a principios de año un teléfono para denunciar casos de 'okupación' ilegal de viviendas donde se les proporciona asistencia jurídica gratuita y se les aconseja presentar una denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional.