El monitor de Villaescusa acusado de grabar a jugadoras en los vestuarios no llega a un acuerdo y será juzgado en mayo

La defensa del monitor de Villaescusa acusado de grabar a 51 jugadoras de fútbol en el vestuario del campo de la localidad de La Concha y que se enfrenta a un total de 148 años de prisión que pide para él el fiscal no ha llegado a un acuerdo con las acusaciones en el plazo de un mes dado por la jueza encargada del caso en la audiencia preliminar, en la que tampoco hubo conformidad, por lo que será enjuiciado el próximo mayo, como estaba previsto si no se alcanzaba el pacto.

En concreto, la vista oral se desarrollará los días 5, 6, 7, 12 y 13 de ese mes en el salón de actos del complejo judicial Las Salesas de Santander, tal y como se señaló en la vistilla. El plazo de 30 días ofrecido entonces por la magistrada finalizó esta semana y las partes no se han puesto de acuerdo, entre otros motivos porque el Ayuntamiento -posible responsable civil- ni la aseguradora han elevado las indemnizaciones a cada víctima.

La audiencia preliminar se celebró el pasado 28 de septiembre en la Plaza número 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander y se descartó la conformidad entre la quincena de representantes legales, aunque se concretaron las pruebas que pide cada parte. Entre otras cuestiones, se acordó que el alcalde de Villaescusa, Constantino Fernández Carral, declare como posible responsable civil y no como testigo, y que se identificara al concejal de Deportes del municipio cuando sucedieron los hechos, entre abril y agosto de 2024, para que fuera citado al plenario.

También se acordó que el representante legal de una entidad que colaboraba entonces en la gestión de las escuelas deportivas municipales y actividades de tiempo libre en el municipio declare igualmente como posible responsable civil y no como testigo.

Por lo demás, la jueza admitió el grueso de la prueba interesada por el ministerio fiscal y el resto de las partes, que incluye las declaraciones de víctimas, agentes de la Guardia Civil -como testigos y peritos-, psicólogas, trabajadoras sociales o forenses, entre otros.

Además de las penas de cárcel que suman los citados 148 años, la Fiscalía también reclama al procesado cerca de 269.000 euros de multa por grabar con su teléfono móvil a medio centenar de deportistas -mayores y menores de edad- en el vestuario de La Concha de Villaescusa, su inhabilitación para trabajar como monitor o entrenador deportivo, así como para cualquier profesión o cargo que implique relación habitual con menores durante el tiempo de condena. Y también que se le prohíba el acceso a instalaciones deportivas del Ayuntamiento, así como a residir en el municipio durante cinco años por cada uno de los delitos.

En concepto de responsabilidad civil, interesa indemnizaciones para las afectadas por el daño moral y secuelas sufridas que van de 1.000 a 5.000 euros y suman 78.000, siendo responsables subsidiarios el Ayuntamiento y la empresa en la que trabajaba el encausado, y con responsabilidad directa y solidaria de tres aseguradoras.

Mientras, las siete acusaciones particulares, que defienden a las afectadas que han deseado personarse en la causa, solicitan penas de hasta 271 años de prisión y 10.800 euros de multa.

El juez instructor, el titular del entonces Juzgado número 4 de Santander, decretó la apertura de juicio oral por 18 delitos contra la intimidad sobre mayores de edad, otros tantos sobre menores, 14 más continuados contra mayores de edad y uno continuado contra una menor. La continuidad delictiva se ha aplicado en aquellos casos en los que el investigado presuntamente grabó a la misma persona en varias ocasiones.

El monitor fue sorprendido mientras grababa en los vestuarios del campo de fútbol de La Concha de Villaescusa vídeos a las jugadoras del equipo visitante, el Club Deportivo Oceja (Santillana del Mar), que se percataron de que había un agujero en el techo y un terminal.

Encontraron en su teléfono grabaciones de las deportistas, tanto locales como visitantes, mientras se duchaban o se cambiaban de ropa después de entrenamientos y partidos.

El monitor fue detenido el 31 de agosto de 2024 y puesto en libertad el 3 de septiembre, tras acogerse a su derecho a no declarar.

El implicado ya fue denunciado en su día por abuso sexual a una menor, de 5 años, durante el ejercicio de sus funciones como monitor deportivo, aunque fue absuelto tras el juicio en la Audiencia Provincial de Cantabria. Después, el Tribunal Supremo confirmó la absolución por falta de pruebas.

El hombre trabajaba desde hacía más de una década en el club deportivo Villaescusa como utillero, aunque también había desempeñado otras funciones, como entrenador de segunda.