Castro Urdiales recurrirá la millonaria indemnización a favor de Ascan
El Ayuntamiento de Castro Urdiales intentará evitar por todos los medios el “quebranto económico” que supondría para las arcas públicas la millonaria indemnización que deberá afrontar si se ratifica judicialmente la sentencia que le condena a pagar casi 5,4 millones de euros a Ascan, la empresa que gestiona el servicio de aguas y saneamiento en el municipio, por lo que recurrirá ese auto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
“El pago de esa indemnización destruiría, sin duda, las posibilidades de actuación económica del municipio”, ha advertido este lunes el alcalde castreño, Ángel Díaz Munío, en una rueda de prensa en la que ha reconocido que “no solo afectaría al Consistorio sino también a los vecinos, que tendrían que pagarlo de una forma u otra”, bien detrayendo esa suma de inversiones, obras o actuaciones previstas en el presupuesto municipal o incluso con una subida de impuestos.
“Si el resultado de esto es negativo y hay millones que pagar, tendremos que pagarlo entre todos”, ha subrayado el regidor municipal, quien ha atribuido lo ocurrido a una “mala gestión” tanto técnica como política del contrato adjudicado a Ascan en 2007 y en base al cual la empresa alega un desequilibrio económico financiero, que le ha sido reconocido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander.
Díaz Munío ha anunciado que el Ayuntamiento establecerá una nueva estrategia jurídica para defender los derechos del municipio y recurrirá el fallo judicial que le condena a compensar a Ascan por el desequilibrio económico financiero de la concesión en una rueda de prensa en la que ha reconocido que hay ciertas partidas, de unos 300.000 euros, que “podrían tener encaje” y “habrá que pagar”. “La reclamación cero no es aguantable”, ha reconocido.
En la sentencia, dictada el pasado 18 de marzo, ese tribunal condena al Ayuntamiento de Castro Urdiales a afrontar parte de los desequilibrios económicos, en concreto 5,3 de los 7 que reclamaba Ascan en su demanda. Para el alcalde, el contrato fue “deficiente”, pero la empresa lo firmó siendo conocedora de las condiciones por lo que, si estima que los costes iban a ser mayores, “los debería haber incluido en su oferta”.
A pesar de la esperanza de que el TSJC tenga un pronunciamiento favorable al Consistorio, Díaz Munío ha insistido en que “habrá de depurar las responsabilidades políticas que hay detrás de este deficiente contrato”. Unas responsabilidades que el alcalde no solo achaca a los que firmaron el contrato en 2007, sino también a quienes desde entonces han tenido la tarea de gestionarlo y controlarlo y entre quienes incluye al actual equipo de Gobierno. “Todos somos responsables, todos los que hemos intervenido”, ha opinado.
