El Gobierno aprobará este jueves el decreto para regular el uso de viviendas turísticas en Cantabria

El Gobierno de Cantabria aprobará este jueves el decreto por el que se regula la actividad de las viviendas de uso turístico en la Comunidad. Según ha podido saber este medio, la nueva normativa, que saldrá adelante en Consejo de Gobierno, tiene como principal objetivo “luchar contra el intrusismo, además de garantizar la seguridad ciudadana y establecer unas mínimas garantías para los usuarios de las viviendas y pisos turísticos”. 

De esta forma, el Ejecutivo cumple con su compromiso de aprobar antes de final de año la regulación de estos alojamientos que hasta ahora no estaban sujetos a ninguna reglamentación o registro de actividad turística, para descontento de hosteleros y vecinos, que en los últimos años han presentado hasta 2.500 denuncias, la mitad archivadas, y que han supuesto sanciones en torno a los 600.000 euros. 

Precisamente con las aportaciones y opiniones del sector turístico, el departamento que dirige la regionalista Marina Lombó ha redactado este decreto con el que Cantabria se suma a otras Comunidades Autónomas que ya han regulado este sector.

Y es que el aumento cada vez más significativo del uso de viviendas privadas para el turismo y la proliferación de este tipo de alquileres vacacionales ha llevado a la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo a actuar con el fin de dotar de un régimen jurídico propio a esta nueva modalidad de alojamiento.

De esta manera, consigue acabar con la situación de alegalidad en la que se encuentran estas viviendas en la actualidad, tras la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos por parte del Gobierno de España, que en 2013 excluyó expresamente el fin turístico de los alquileres. 

La finalidad de esta ley es que todos jueguen con las mismas reglas dando cabida a todos los que quieran participar en el sector turístico, pero cumpliendo los requisitos necesarios y en igualdad de condiciones con el resto de alojamientos extrahoteleros, como apartamentos, casas rurales o posadas.

Además de fijar las condiciones mínimas que deben cumplir las viviendas de uso turístico en cuanto a servicios, atención y seguridad, el decreto permitirá contar con un censo de viviendas de uso turístico para eliminar la competencia desleal y garantizar el ordenamiento del sector turístico, y servirá para proteger al cliente y ofrecerle garantías en el servicio. 

Así pues, la Consejería de Turismo zanja con esta nueva normativa el viejo y controvertido debate sobre la legalidad de estos pisos, que hasta ahora se encontraban en un limbo en ese aspecto, y que cada vez cuentan con más usuarios gracias a la conocida como 'economía colaborativa'. “No se pueden poner puertas al campo y dentro de las nuevas circunstancias que se plantean hay que hacerlo bajo el amparo de la legalidad”, defiende este departamento.