El PSOE tumba la enmienda del PRC que subía el sueldo a la directora del Servicio Jurídico del Gobierno

El Grupo Parlamentario Socialista ha tumbado la propuesta que había planteado junto a su socio, el PRC, para incrementar en 30.000 euros el sueldo de la directora general del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria, pasando de cobrar unos 65.000 euros a casi 95.000 euros, lo que ha llevado a su retirada.

Pese a que se trataba de una enmienda al articulado presentada conjuntamente por PRC-PSOE y que iba a salir adelante por la mayoría que estos dos grupos tienen en el Parlamento, los socialistas se lo han replanteado y consideran ahora que la enmienda “no se acompaña de la suficiente motivación que justifique el cambio y que actualmente no parece necesaria” y “puede derivar en una desigualdad salarial con el resto de órganos directivos específicos de otras consejerías”, tal y como ha explicado la portavoz socialista, Noelia Cobo.

Ello ha hecho que los regionalistas retirasen la enmienda, que no iba a salir adelante al no contar con el apoyo de su socio en este asunto y tampoco con el visto bueno de la oposición, que también la ha criticado. De hecho, PP y Vox la han tildado de “vergonzosa” y también Ciudadanos ha asegurado “no entender” los motivos por lo que este tema se planteaba vía enmienda.

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha defendido la labor “fundamental” desempeñada por la Dirección General del Servicio Jurídico y ha opinado que debería tener una especial consideración y un carácter “transversal”.

Tras escuchar las críticas del PP a esta subida, Hernando ha opinado que a los populares “les encantaría” que la directora general del Servicio Jurídico dejara este puesto porque ha sido quien ha llevado a los tribunales el impago por parte del Gobierno de España que lideró Mariano Rajoy de la anualidad de 2016 del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla o el no abono a Cantabria de una parte del IVA de 2017. “Yo la llamo la posición del rencor”, ha dicho.

“A ustedes no les gusta que los Servicios Jurídicos del Gobierno tengan a los mejores profesionales y a los más cualificados”, ha aseverado el diputado regionalista, que cree que esa es “la razón” por la que no la apoyan.

Debate parlamentario

Este ha sido uno de los asuntos más relevantes surgidos en la primera sesión del debate de las enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos de Cantabria para 2022. La sesión ha comenzado con el debate de las 23 enmiendas presentadas al articulado del proyecto de ley de Presupuestos de 2022, que es la parte más política del texto.

De las 23 enmiendas al articulado, 20 fueron presentadas por el PP y las tres restantes por PRC y PSOE, ya que ni Cs ni Vox han presentado ninguna a esta parte de la ley. De las tres de PRC-PSOE, dos han sido retiradas: la del salario de la directora general del Servicio Jurídico y también una que tenía que ver con el endeudamiento del Instituto Cántabro de Finanzas de Cantabria.

Con ella se buscaba que se pudieran autorizar, previo informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera, la formalización de nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo, durante 2022, al Instituto de Finanzas de Cantabria, por treinta millones de euros. Dicho límite podrá ser incrementado, excepcionalmente, por acuerdo del Consejo de Gobierno, con la exclusiva finalidad de atender los compromisos derivados de la ejecución de sus pasivos contingentes.“

La otra enmienda de regionalistas y socialistas se ha aprobado, tras contar con el apoyo de los integrantes de la comisión de todos los grupos a excepción del de Vox, que se ha abstenido. Dicha enmienda, busca, según ha explicado el portavoz del PRC, “agilizar” por parte del Gobierno de Cantabria el pago de subvenciones de “cantidades menores”

Ninguna de las enmiendas del PP al articulado han salido adelante. Muchas de ellas han sido apoyadas en comisión por los otros dos grupos de la oposición y criticadas, en su mayoría, por PSOE y PRC al considerar que, o bien, “no son necesarias”, “no proceden”, conllevan una mayor “burocratización” y “trabas” a la acción de Gobierno.