Huelga de hambre por nuestros derechos

Hace unos días conocí a Antonio. Se puso en contacto conmigo a través de la conocida red social del pajarito y hablamos un rato largo por teléfono. Desde entonces, sobrecogida por su historia, este artículo ha estado dando vueltas por mi cabeza con esa necesidad que tienen a veces los textos no escritos de golpearte la conciencia incesantemente para salir al mundo.

Antonio es un enamorado, un amante del patrimonio cultural y natural de su pueblo, Santoña. El monte Buciero, que majestuoso protege el pueblo costero, es su segunda casa. Pero como algunos amores condenados de antemano, esa pasión le ha llevado a vivir un vía crucis demencial. El calvario de este hombre comprometido con la salvaguarda de la historia y del entorno natural comienza hace nueve años y ha escrito su enésimo capítulo al iniciar una huelga de hambre este pasado miércoles ante el Gobierno de Cantabria.

Pero voy a ponerlos en antecedentes porque, para entender qué le ha llevado a tomar esa decisión tan drástica, hace falta contexto. La Ley de Patrimonio de Cantabria de 1998, en su artículo 9, desarrolla la colaboración de particulares en el mantenimiento del mismo y señala que “las personas que observasen peligro de destrucción o deterioro de un bien integrante del Patrimonio Cultural de Cantabria deberán, en el menor tiempo que les fuera posible, ponerlo en conocimiento de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que comprobará el objeto de la denuncia y actuará con arreglo a lo dispuesto en esta Ley”, así como que “cualquier persona física o jurídica está legitimada para la defensa del Patrimonio Cultural de Cantabria ante los órganos competentes y los Tribunales de Justicia”.

Y siguiendo escrupulosamente esa legislación, Antonio ha cursado más de sesenta denuncias tanto sobre el estado de conservación de diversos enclaves históricos del municipio como el Fuerte San Carlos, la batería de La Cueva, el Polvorín del Dueso o el ya conocido Palacio de Chiloeches, como sobre los numerosos vertederos incontrolados que albergan el monte Buciero o las marismas.

Pero su actividad incesante en defensa de lo común, de nuestra historia y de nuestro entorno, no solo se ha limitado a la interposición de denuncias: entre 2011 y 2015 descubrió siete fortificaciones napoleónicas y dos cuevas paleolíticas, inventariadas por el Gobierno de Cantabria. Todas sus investigaciones han sido plasmadas en innumerables artículos de divulgación, ahora recogidos en un libro, 'Puerto, travesía por la singular historia de Santoña'. Más de ochocientas páginas que aun no han podido ver la luz, con material inédito sobre la historia de ese enclave único de nuestra comunidad.

Alguien con ese expediente de activismo y compromiso debería haber cosechado el reconocimiento, no solo de sus vecinos, sino de las autoridades. Pero en ese país cainita y corrupto, personas como Antonio Ayllón no son bien recibidas. El libro no ha podido ser presentado en el pueblo de Santoña porque el Ayuntamiento “ha vetado” su exposición pública en la Casa de Cultura o en cualquier otra dependencia municipal. El motivo no es otro que la incomodidad que genera un vecino comprometido. Y la mayoría de las editoriales no parecen interesadas en publicar un libro que no se puede presentar. Ya sabemos que el beneficio es el que manda y que una empresa no es una ONG, pero no deja de sorprenderme que un material tan valioso no llegue a manos del gran público por un veto. Ayllón no pide dinero público para financiar su obra, solo la posibilidad de poder contarles a sus vecinos y vecinas un poco más del lugar que habitan.

Según Antonio, ese mismo regidor, no contento con el ostracismo social y la imposibilidad de presentar su trabajo en el pueblo, le intentó “agredir” en plena calle. Y se han presentado contra él tres denuncias “falsas”, tras ese intento de agresión que el alcalde relató a la inversa y la denuncia al director de la Casa de Cultura por el “expolio” del Fortín del Brusco con un detector de metales y una pala.

Sin trabajo ni posibilidad de tenerlo, sin recursos, sin poder presentar su libro y acuciado por esas tres denuncias que pesan sobre su persona, Antonio no ha visto más salida que sentarse durante 140 días delante del Gobierno con una pancarta. Durante esos largos casi cinco meses, día tras día, ha aguantado contra viento y marea en la calle, durmiendo en una furgoneta y comiendo de los contenedores cercanos. Antonio no quiere caridad, solo quiere justicia. Pide que le retiren las denuncias y que le dejen presentar su libro.

Este miércoles, ante la indiferencia de todos y cada uno de los grupos políticos presentes en el Parlamento y sus representantes, ha decidido dar un paso más y empezar una huelga de hambre. Porque prefiere morir a vivir sin justicia. Pero Antonio no es un gran hombre enfrentado a una causa imposible, una persona desafiando al sistema en batalla desigual, un David contra el Goliat de la administración. Esa es solo una parte de esta crónica.

La historia de Ayllón solo puede ser contada desde el punto de vista de una sociedad inane ante los desmanes de quienes nos gobiernan. Una sociedad que gira la cara ante un hombre plantado delante de nuestro Parlamento o nuestro Gobierno pidiendo justicia, como la gira ante los muertos del Mediterráneo o ante el expolio de lo público. Esta es la historia de cómo las corruptelas de un Ayuntamiento, más implicado en proteger lo propio que lo de todas, machacan a un ciudadano que quizás, en otros países donde el sentido común sea el que gobierne, tendría una calle con su nombre. La vida de Antonio, su situación, solo se entiende desde esa perspectiva. La cuestión es si vamos a seguir girando la cara.