Santander habilita un buzón para denunciar “viviendas ocupadas” pese a los datos oficiales que minimizan el alcance

El Consejo de Administración de Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander (SVS), empresa pública de propiedad municipal, ha aprobado este pasado martes la creación de un “registro de viviendas ocupadas”, para lo cuál han habilitado un teléfono y un correo electrónico. Según han confirmado desde el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Santander, las denuncias pueden afectar a cualquier vivienda del municipio, no solo a las que pertenecen al parque público.

Esta iniciativa contrasta con los datos oficiales de las administraciones implicadas y de las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que certifican que la ocupación de vivienda tanto en Cantabria como en la propia ciudad de Santander arroja cifras oficiales “exiguas”, lo que colisiona con el discurso del Consistorio, más en la línea de lo que viene defendiendo esta legislatura el Ejecutivo autonómico desde el departamento que dirige el consejero de Vivienda, Roberto Media (PP).

Los órganos judiciales cántabros apenas han recibido 19 demandas por ocupación ilegal de vivienda, según los últimos datos oficiales, mientras los desahucios practicados fueron 257, la mayoría por impago del alquiler en plena burbuja de precios. El buzón que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Santander pretende disponer de datos propios, sin explicar si la información que se facilite será verificada o tendrá alguna utilidad posterior.

“El objetivo es mejorar el conocimiento, la gestión y el control sobre el uso de las viviendas en el municipio, así como exigir con mayor rigor la actuación de otras administraciones con competencias en esta materia”, ha sido el argumento para justificar esta medida, que ya se ha demostrado fallida en multitud de municipios de toda España.

El registro -que el Ayuntamiento recalca que no es público, sino una herramienta informativa y estadística- está basado en “informaciones” de ciudadanos, ya que rechaza el término “denuncia”. La intención del PP es obtener “información actualizada” y contemplará “todas las modalidades de ocupación ilegal, desde la ocupación de primera o segunda vivienda de particulares, hasta aquellas pertenecientes a entidades financieras, fondos de inversión o administraciones públicas”, según ha informado el edil de Vivienda Agustín Navarro.

No obstante, se solicitará documentación a los propietarios de las viviendas “ocupadas” y toda la información que haya proporcionado el propietario quedará para uso exclusivo de la SVS. No se publicarán los datos de los propietarios o de las viviendas afectadas.

La medida que ha tomado el equipo de gobierno que lidera la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ya ha recibido las primeras críticas: el portavoz socialista, Daniel Fernández, ha censurado que se genere “alarmismo” y “estigmatización”, mientras el portavoz de IU, Keruin Martínez, ha lamentado que el PP de Santander asuma el discurso del Gobierno de Cantabria. El PRC, por contra, ha saludado la medida como una decisión adecuada.

PRC: “Un registro saludable”

La medida ha concitado el apoyo del Partido Regionalista de Cantabria, cuyo portavoz, Felipe Piña, ha considerado que “es una medida totalmente razonable dentro de las funciones de la SVS”.

“Es un registro saludable que tratará de dar información al Consejo de Administración de SVS y también al propio Ayuntamiento, y que cruzando ese registro y contrastándolo para que esos casos se constate que son reales, que son de una ocupación ilegal contrastada, se puedan cruzar con las posibles denuncias que haya, en su caso, en la Policía Local y Nacional”, ha comentado.

“Es, además, importante porque hay casos que incluso pueden llegar a ocuparse viviendas de personas en situación de vulnerabilidad, lo que agrava todavía más esta problemática”, ha concluido el concejal del PRC.

Crítica socialista

Por su parte, el PSOE de Santander ha acusado al equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de pretender usar la Sociedad de Vivienda y Suelo para impulsar una campaña de “alarma social, miedo y estigmatización” con la creación de un registro de viviendas ocupadas, asumiendo así competencias que “no le corresponden”, en lugar de dar “soluciones reales” al problema de la vivienda.

El portavoz Daniel Fernández ha censurado dicho registro y la “estrategia irresponsable y alarmista” de los populares pues, a su juicio, están “utilizando el miedo a los 'inquiocupas' para intentar ocultar su fracaso” en la materia. La medida aprobada por el Consejo de la SVS pretende, para el edil socialista, “enfrentar a vecinos contra vecinos, en lugar de aportar soluciones reales al problema de acceso a la vivienda”.

“Es un engaño deliberado: el Ayuntamiento de Santander no tiene competencias para legislar en materia de seguridad o desalojos. Están pidiendo medidas que saben perfectamente que no pueden aplicar, solo para intentar sacar rentabilidad electoral a base de sembrar miedo”, ha señalado, al tiempo que ha recordado que el PP sí que es competente a la hora de aplicar la Ley Estatal de Vivienda, cosa que no hace como en lo concerniente a la declaración de zonas tensionadas para limitar los alquileres.

IU: “Una gañanada estratosférica”

“El Ayuntamiento de Santander, que hasta ahora se había mantenido relativamente al margen del discurso de las ocupaciones, hace suya la línea del Gobierno de Cantabria y apuntala un relato que, con los datos que tenemos, no tiene razón de ser”. Con esta declaración, el portavoz IU en la capital, Keruin Martínez, ha hecho una lectura política crítica de la medida

A su juicio, “hay una falta de voluntad política en el problema de vivienda. Como los datos de ocupación son los que son, se han tenido que inventar lo de los 'inquiocupas'. Tememos que ese buzón acabe con realidades que no tengan que ver con la ocupación como es el impago de alquiler”, ha dicho Martínez, que ha indicado también que un registro de este tipo ya se ha implantado en Madrid y Castilla y León, “lo que no ha tenido ningún recorrido más que el de la propaganda”.

“Es una gañanada de proporciones estratosféricas para echar balones fuera, abonar el relato que no tiene razón de ser y dejar de lado cuestiones importantes como la vivienda vacía, la rehabilitación o un registro permanente de demandantes de vivienda que nos permitiría conocer con datos más afinados la demanda real de vivienda”, ha concluido.