Fiscal contra la violencia de género pide elevar a los 18 años la edad mínima para casarse en España
La relación entre la trata de seres humanos, matrimonios forzados y mutilación genital ha sido el eje que ha guiado la jornada vespertina en el primer día del encuentro 'Violencia de género, logros y retos de futuro'. En ella, Teresa Peramato, en representación de la Fiscalía General del Estado como fiscal adscrita a la Sala de Violencia Contra la Mujer, ha dedicado su ponencia al matrimonio forzado. “En España, es fundamental establecer la edad mínima para el matrimonio en los 18 años si queremos frenar este fenómeno”, ha defendido.
La fiscal ha explicado que el matrimonio forzado es aquel en el que “no se ha dado el consentimiento pleno, libre e informado de los futuros cónyuges”, y que generalmente afecta a la mujer. Peramato ha recordado que, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “cada día se producen en todo el mundo 39.000 matrimonios infantiles, y cada año aproximadamente quince millones de niñas se casan antes de cumplir los dieciocho”, un factor que considera inherente a los matrimonios forzados. En el caso de España, “tener un matrimonio precoz legitimado es un causante de la existencia de los matrimonios forzados”, ha asegurado.
Peramato también ha criticado las penas establecidas para la coacción y violencia previa a estos matrimonios en nuestro país. “Es el código penal más benévolo en Europa a excepción de Bélgica. La protección que se está dando desde el ámbito penal (sobre este fenómeno) no es completa”, ha criticado. Y es que a nivel jurídico nuestro ordenamiento castiga la coacción al contraer matrimonio, pero solo referido al civil o el religioso. “Se nos pueden escapar muchas situaciones como es el caso de matrimonios rituales, propio entre otros del pueblo gitano, que queda exento del registro”, ha subrayado.
Para ello, ha propuesto como solución la adoptada en Suiza, que “castiga también el emparejamiento forzado”.
Durante la mesa redonda también se han abordado las problemáticas de la trata de seres humanos y de la mutilación genital. Teresa Gómez-Limón, psicóloga forense del Juzgado de Violencia contra la Mujer nº 5 de Madrid, ha incidido en la categorización de la práctica de la mutilación genital como “violación de los derechos humanos”, algo que no se instauró “sorprendentemente hasta bien entrado el siglo XX”.
Gómez-Limón ha destacado que las razones religiosas o culturales son “las de mayor peso en esta práctica”, que afecta a un número estimado entre 100 y 140 millones de mujeres en el mundo y que se practica en 38 paises, principalmente África y Oriente Próximo, según la OMS.
La trata de seres humanos también ha sido protagonista con la intervención de la directora del curso, María Paz Ruiz. La psicóloga forense, experta en violencia de género, ha detallado las diferentes estrategias y formas de anulación de las víctimas en lo que supone “una reducción a simple mercancía, una cosificación”. Ruiz ha catalogado esta práctica como “la esclavitud del siglo XXI”, además de destacar que es “una realidad que socialmente se desconoce”.
