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El Gobierno reconoce que no tiene “crédito suficiente” para abonar la paga extra de los funcionarios

Funcionarios trabajando en un centro de atención al público. |

Laro García

Los funcionarios cántabros tendrán que seguir esperando para recuperar la paga extraordinaria de 2012 que siguen sin cobrar. Si en aquel momento fue una decisión del Gobierno de España la que les hurtó la posibilidad de recibir esos ingresos que tienen reconocidos por ley, en un contexto de crisis económica y de recortes que el Gabinete de Mariano Rajoy trasladó a las administraciones públicas, este nuevo retraso tiene como responsable al Gobierno de Cantabria.

Y es que el Ejecutivo autonómico que lidera Miguel Ángel Revilla (PRC) y Eva Díaz Tezanos (PSOE) reconoce que no hay fondos suficientes para abonar este salario a los casi 6.000 empleados públicos de la Administración regional y que supondrá el desembolso de unos 18,5 millones de euros en total.

De hecho, el Consejo de Gobierno de Cantabria ha acordado “la no disponibilidad de crédito suficiente en el Presupuesto de 2016 para hacer frente al importe de la paga extraordinaria de 2012 pendiente de devolver”, según ha explicado a través de una nota de prensa que ha enviado a los medios de comunicación. Así se ha acordado este jueves en la reunión semanal, en la que se ha determinado que la parte pendiente de la extra se abonará “en un único plazo o en dos en función de las disponibilidades de Tesorería”, pero sin comprometerse a una fecha determinada.

Este ha sido uno de los puntos del orden del día de la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves después de que ayer los sindicatos instasen al Ejecutivo a proceder al abono entre abril y mayo, como ha anunciado el Gobierno central, y más aún después de no haber cumplido con el mandato del Parlamento de Cantabria que, por mayoría (PP, Podemos y Ciudadanos), aprobó pagarla antes del 31 de marzo.

La posibilidad de que se abonase en dos plazos que baraja el Ejecutivo también fue avanzada por uno de los sindicatos, CCOO, que dio a conocer una carta que les había remitido el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, en la que aseguraba que el Gobierno cumpliría su compromiso de abonar la parte pendiente de la extra este año pero en dos plazos: uno antes del 30 de junio y otra antes del 30 de noviembre.

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