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Cantabria lidera el aumento de población con dificultades para adquirir productos básicos

Un persona sin hogar pide limosna en la calle.

elDiario.es Cantabria

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Cantabria es la comunidad autónoma donde más aumentó en 2020 el número de personas con dificultades para adquirir productos básicos, ya que se multiplicó por cinco, hasta las 25.000. Son 20.000 más que las que había el año anterior y el 4,4% del total.

Además, unos 138.000 cántabros están en riesgo de pobreza y/o exclusión social, que suponen 25.000 más que los que había en esa situación (+4,3%) y el 23,7% de la población. De ellos, unos 50.900 están en pobreza severa, que son 10.200 más que doce meses antes, y que elevan la tasa regional al 8,7%, la más alta de la serie histórica.

Son algunos datos del undécimo informe en la materia, presentado este viernes en rueda de prensa por representantes de EAPN, la Red contra la pobreza y la exclusión social. Según el estudio, Cantabria registra un deterioro mayor que la media nacional y destaca por liderar el aumento en la Privación Material Severa (PMS) en un año marcado por el efecto de la pandemia del coronavirus.

Este indicador se refiere a quienes no pueden afrontar cuatro o más elementos de consumo de nueve considerados básicos: gastos imprevistos, comer carne o pescado cada dos días, retrasos en pagos de la vivienda, mantenerla con una temperatura adecuada, irse de vacaciones una semana o tener teléfono, televisión, lavadora o coche.

De acuerdo con el análisis, la mitad de estas variables han aumentado sustancialmente en la región. De todas, destaca el conjunto de personas que no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado cada dos días, que se ha disparado un 500% al pasar del 0,6 al 3,6%.

Y también, el número de cántabros que no pueden mantener su casa con una temperatura adecuada, que se ha incrementado un 93%, pasando del 3 al 5,8%. Asimismo, se ha duplicado la cantidad de ciudadanos que tienen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda, desde el 3,1% al 6,8%.

Frente a lo anterior, se ha reducido de forma notable el número de personas de la región con problemas para llegar a fin de mes, hasta el 40,6% del total, aunque la disminución “más intensa” se registra entre los grupos con menor grado de dificultad (es decir, los que acaban el mes “con dificultad” y “con cierta dificultad”).

El XI Informe sobre el Estado de la Pobreza y la Exclusión Social en Cantabria ha sido detallado por el presidente y la vicepresidenta de EAPN en la comunidad, Daniel Pesquera y Rosa Pérez, quienes han indicado que la autonomía venía situándose en una posición intermedia respecto a los indicadores de renta y de pobreza y/o exclusión social, “siempre con valores que mejoraban la media nacional”.

Sin embargo, en el último año se ha producido un “deterioro importante”, superior al del conjunto del país, en la práctica totalidad de los indicadores del estudio, y hasta el punto de liderar el aumento de las personas con dificultades para afrontar gastos o adquirir productos básicos, lo que supone una “vulnerabilidad muy grave” para los afectados.

“Si estamos en cabeza es que algo va muy mal”, han apuntado, antes de señalar que este indicador también destaca porque ha crecido entre pensionistas, niños y jóvenes.

Por su parte, las personas en riesgo de pobreza o exclusión social han aumentado un 4,3% en Cantabria, lo que supone un deterioro de la tasa del 22%.

Por sexos, el incremento ha sido mayor entre hombres, al superar en cuatro puntos a las mujeres. Y también llama la atención el repunte entre los jóvenes, colectivo en el que se ha “quintuplicado”.

De su lado, la pobreza severa se refiere a quienes viven en hogares cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40% de la mediana de la renta nacional. Es decir, que cada persona debe sobrevivir con al menos 281 euros mensuales -en una familia con dos adultos y dos menores- o con menos de 535 euros al mes si vive sola.

En 2020 esta tasa aumentó en la región 1,7 puntos respecto al año anterior, pero creció 2,3 puntos si se compara con 2015 y 4,7 en relación a 2008.

El informe se basa en el indicador 'Arope' de la Unión Europea, que combina elementos de renta, posibilidades de consumo y empleo y que es distinto a la tasa de riesgo de pobreza.

Así, el primero, junto a la población en riesgo de pobreza y con carencia o privación material severa, también tiene en cuenta a aquellas personas que viven en hogares con baja intensidad de empleo.

Este último aspecto se refiere a quienes tienen menos de 60 años y viven en hogares en los cuales se trabaja menos del 20% de su potencial total de empleo, y que en el caso de Cantabria son el 7,8% de los residentes en la región menores de dicha edad. En números absolutos, unos 31.900 habitantes, 500 menos que un año antes.

Por otro lado, la renta media por unidad de consumo en esta comunidad autónoma es de 18.578 euros (12.748 por persona), cifra que está un 2,6 por ciento (463 euros) por encima de la media nacional.

En el último año, dicha renta ha aumentado en 836 euros, un 4,7%, y ha superado en algo más de 1.800 euros las cifras nominales de 2008 y en más de 3.400 las de 2015.

Finalmente, el umbral de pobreza regional en 2020 en Cantabria es de 9.650 euros, cantidad similar al oficial, al estar solo 24 euros por encima.

Interlocución y medidas

Con estos datos, los representantes de la EAPN -del que forma parte entidades como Cáritas, Cruz Roja, Proyecto Hombre, Cocina Económica, ACCAS, Cocemfe o la Federación Secretariado Gitano, entre otras- piden interlocución y llaman al Gobierno cántabro a llevar a cabo políticas sociales con medidas específicas que afectan a determinados sectores y colectivos.

En este punto, han asegurado a preguntas de los periodistas que la Renta Mínima de Inserción “no está llegando a todo el mundo que lo necesita” y está “muy por debajo” de lo necesario. Además, han considerado que hay que trabajar también en el Ingreso Mínimo Vital, pues “hay personas que se quedan fuera”.

Sobre otras ayudas, como los bonos sociales, han comentado que son “paliativas” pero “cortoplacistas”, y han abogado por la puesta en marcha de otras a medio y largo plazo.

“Tenemos una oportunidad para cambiar modelos en relación a las rentas mínimas, pensiones dignas, protección a la vivienda, mejorar las condiciones labores, educación diversa y una sanidad que mejore las condiciones de vida para que podamos alcanzar los objetivos marcados por la agenda 2030”, han defendido, conscientes de que no se van a “cumplir” los marcados para ese año pero partidarios de “acercarse lo más posible”.

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