Cantabria traslada al Gobierno que los focos en residencias están “controlados” pero pide seguir extremando la prevención

Representantes de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria han trasladado este lunes al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que los focos en las residencias de la comunidad están “controlados”, aunque ha reconocido la necesidad de “seguir extremando las medidas de prevención”.

Así lo han trasladado el director general de Políticas Sociales del Gobierno regional, Julio Soto, y la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, María Antonia Mora, en la reunión que han mantenido con los representantes del Ministerio y de las comunidades autónomas dentro del grupo de trabajo interterritorial de Servicios Sociales que se ha celebrado esta tarde mediante videoconferencia.

En un comunicado, el Gobierno regional ha explicado que en el encuentro las comunidades autónomas han hecho balance de la situación en cada uno de los territorios y han puesto en común las medidas adoptadas para abordar la pandemia. Desde Cantabria se ha expuesto que la situación de sus residencias frente a la COVID-19 es “relativamente buena” y se están obteniendo, hasta la fecha, “buenos resultados” en el control de la pandemia.

Se ha transmitido que en las residencias de la comunidad se han registrado “muy pocos casos” tras levantarse la declaración del estado de alarma, los cuales, además, han sido “rápidamente detectados y aislados sin que se haya extendido el virus entre el resto de usuarios”.

Aunque la incidencia del coronavirus en las residencias de Cantabria es en estos momentos “menor” que en buena parte del resto de comunidades autónomas, desde la Consejería que dirige Ana Belén Álvarez han reiterado que “es fundamental no bajar la guardia y extremar las medidas de prevención porque la enfermedad sigue siendo letal para las personas mayores”.

Según los datos facilitados este lunes por la mañana por la Consejería de Políticas Sociales, Cantabria tiene siete usuarios de residencias de personas mayores y dependientes con coronavirus, tres de ellas hospitalizadas y las otras cuatro en el centro COVID habilitado por el Gobierno regional en la residencia de Suances.

Uno de estos últimos pacientes no era usuario todavía de ninguna residencia, sino que había obtenido plaza en una y dio positivo en la prueba practicada antes del ingreso. Precisamente, Soto ha afirmado en el encuentro que la puesta en marcha de la residencia de Suances como “centro de drenaje” está resultando “decisiva” para garantizar un correcto aislamiento de los usuarios positivos y evitar que el virus se extienda entre los centros residenciales. “Gracias a esta medida, todas nuestras residencias están libres del virus lo que supone una mejor asistencia a nuestros mayores y un trabajo más eficaz y racional para los trabajadores”, ha afirmado.

Trabajadores y recursos

Por otro lado, durante la reunión, Cantabria junto con otras comunidades autónomas ha solicitado al Gobierno central un “esfuerzo” para disponer de más recursos a través de un nuevo fondo Covid para poder sufragar los gastos derivados de la pandemia que “no estaban ni presupuestados ni previstos”.

“El COVID está suponiendo un gasto extraordinario que repercute en los ya malamente financiados Servicios Sociales, por lo tanto pedimos al Ministerio que asuma el compromiso de crear un nuevo fondo económico para sufragar estos datos COVID”, ha explicado Soto. Por su parte, la directora del ICASS ha trasladado la preocupación por la posibilidad de que ante una extensión de la pandemia se pudiera producir una carencia de trabajadores para poder atender a las personas en las residencias. “Así como en los meses de marzo y abril pudimos recurrir a los trabajadores de los centros de día para paliar la falta de trabajadores, en este nuevo contexto posiblemente esa situación no se vaya a dar y, posiblemente, nos encontremos con dificultades”, ha advertido.

Otro de los asuntos que se han tratado es la elaboración de un plan específico de respuesta temprana para otros servicios sociales como son atención primaria, centros de día, atención a colectivos vulnerables o personas sin hogar, un documento que, en opinión de los responsables cántabros, “requiere más estudio y debates” antes de poder llegar a un marco común de actuación frente al COVID-19.