La Oficina de Emergencia Habitacional ha atendido más de medio millar de casos en cinco años

La Oficina de Intermediación Hipotecaria y de Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria acaba de cumplir sus cinco primeros años de existencia desde su apertura, periodo en el que ha gestionado más de 500 casos en su sede de la calle Juan de Herrera de Santander, concretamente 557. Este servicio adscrito a la empresa pública Gesvican, dependiente de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, ha atendido en este tiempo a 1.930 personas, a las que ha prestado información y asesoramiento.

Se han realizado 255 contratos de arrendamiento de los cuales 90 han sido asequibles, 153 han sido en régimen de alquiler social y 12 contratos del programa de ayudas a personas vulnerables que se puso en marcha este mismo año. Por otro lado, se han prorrogado 114 contratos, 93 en alquiler social y 21 de alquiler ordinario.

En 2020, el número de personas que han solicitado información y asesoramiento ascendió a 406. Se han realizado 82 contratos de alquiler: 34 contratos ordinarios, 36 contratos de alquiler social y 12 contratos del programa de ayudas a personas vulnerables que se puso en marcha este mismo año. Asimismo, se han llevado a cabo 20 prórrogas de alquiler en el parque público de vivienda.

La directora general de Vivienda, Eugenia Gómez de Diego, ha destacado la “importante función social” que desempeña este departamento, cuyo fin último es evitar los desahucios de las personas que han perdido o se encuentran en riesgo de perder su vivienda.

Gómez de Diego ha reiterado el “compromiso” del Gobierno con quienes padecen esta problemática en Cantabria, que se pone de manifiesto con una subida del presupuesto de la oficina para 2021, que asciende a 284.191 euros, para favorecer el desarrollo de las actividades que tiene encomendadas.

Entre ellas, la directora general ha subrayado la “atención personalizada” de cada uno de los casos, la intermediación activa en los procesos de ejecución hipotecaria a favor de las familias afectadas, el asesoramiento sobre las diferentes posibilidades de acceso a una vivienda o la propuesta de adjudicatarios para el parque público de alquiler gestionado por Gesvican.

De los expedientes resueltos o actualmente en tramitación desde su creación en 2015, 72 se corresponden con casos de intermediación hipotecaria, bien porque se trata de personas inmersas en procedimientos de ejecución hipotecaria o bien porque necesitan renegociar las condiciones del préstamo con la entidad financiera, y 173 tienen que ver con casos de emergencia habitacional por impago de alquiler (111) y/o solicitud de vivienda de alquiler social (62).

Del total de 557 expedientes gestionados en estos primeros 5 años de andadura de la Oficina, casi el 70% (384) son casos de emergencia habitacional por impago de alquiler y/o solicitud de alquiler social, mientras que el 30% restante (173) tiene que ver con supuestos de intermediación hipotecaria.

La principal vía de contacto con la Oficina sigue siendo la telefónica, aunque también se puede contactar mediante correo electrónico (emergenciahabitacional@gesvican.es) o personarse en sus instalaciones, actualmente con cita previa.

Ayudas COVID

La Dirección General de Vivienda de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales puso en marcha el año pasado una línea de ayudas al alquiler destinada a personas afectadas económicamente por la crisis de la Covid-19, con una dotación presupuestaria cercana a los 2 millones de euros.

La directora ha recordado que estas ayudas, que se conceden por un periodo de seis meses y pueden alcanzar hasta los 500 euros por mes, se mantendrán también en 2021.

Asimismo, Vivienda ha incorporado dos trabajadores sociales para reforzar la atención personalizada a colectivos vulnerables, pasando de uno a tres profesionales dedicados a este fin.

Parque público de vivienda en alquiler

El parque público de alquiler se compone actualmente de 338 viviendas, 56 más que a comienzos de legislatura. Además, el Gobierno ha alcanzado ya acuerdos con Liberbank y la Sareb para incorporar otras 56 viviendas, con lo que el total disponible rondará casi las 400, un 40% más que en 2019.

Desde 2015 se han realizado 255 contratos de arrendamiento, 90 ordinarios, 153 en régimen de alquiler social y 12 vinculados al Plan de Vivienda 2018-2021. Por otro lado, se han prorrogado 114 contratos, 93 de alquiler social y 21 de carácter ordinario.

Así, Gómez de Diego ha resaltado que la Consejería está cerca de alcanzar el objetivo que se marcó al inicio de la legislatura de duplicar el parque público de vivienda para facilitar a personas en situación de vulnerabilidad una vivienda “digna y por debajo de los precios de mercado”.