La Plataforma del Sur de Cantabria pide a la Audiencia Nacional la paralización cautelar del parque eólico del Escudo

Manifestación en Santander contra los proyectos eólicos de Cantabria. Archivo.

La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha remitido un escrito a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) en el que reitera la nulidad del proyecto del parque eólico de El Escudo e informa que ha interpuesto un recurso contencioso administrativo, con solicitud de paralización cautelar, ante la Audiencia Nacional, “contra la ilegal, delictiva pretensión de autorizar” el parque.

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Un recurso que ha presentado el 22 de septiembre, según indica en nota de prensa, ante la falta de respuesta de la CROTU y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) y previamente a que, en su caso, la Comisión Regional “permita la ilegal barbaridad del pretendido uso industrial eólico en suelo rústico”.

En su escrito a la CROTU, la plataforma expresa su “oposición radical” al proyecto, que considera “ilegal y nulo de pleno derecho”, por lo que le solicita que “la pretensión no sea tratada” por la Comisión o, en caso contrario, que sea denegada “por su nulidad radical, exigiendo la inmediata paralización expresa de cualquier actividad referida al polígono industrial El Escudo”.

La plataforma presentó en febrero alegaciones, que no han recibido respuesta, oponiéndose a la “fraudulenta e ilegal actuación industrial en suelo rústico de propiedad mayoritariamente comunal que, sin autorización de parte importante de esa propiedad, pretende desarrollar para su exclusivo lucro la mercantil Biocantaber, S.L.”.

Entre otras “ilegalidades”, la plataforma se refiere al informe de la Dirección General de Medio Ambiente, que contradecía el anterior criterio, “ese sí legal”, del mismo director general, Antonio Lucio, referido a polígonos eólicos ubicados los Valles Pasiegos, pese a la proximidad “e incluso colindancia” del polígono industrial El Escudo con una Zona Especial de Conservació (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

También recuerda a la CROTU su reiterada solicitud de revisar de oficio la resolución que formulaba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), “declarándola nula de pleno derecho”, a las direcciones generales de Industria y de Medio Ambiente regionales, sin que, “incumpliendo dolosamente” la ley, ni éstas ni el MITERD “siquiera han acusado recibo de la solicitud, ni menos respondido a la misma en legal forma”.

Asimismo, cuestiona la experiencia y capacidad uno de los socios promotores, Ocyener, S.L. --el otro es Iberdrola Renovables, “de aparente solvencia”--; y denuncia la “falta de autorización y acuerdos con la generalidad de los propietarios” y, en especial, de los concejos propietarios del suelo, “opuestos en su práctica totalidad”, así como “las gravísimas afecciones al paisaje” y a la Red Natura 2000.

Finalmente y entre otros argumentos, señala la “irregular, ilegal autorización administrativa” previa al estudio de su compatibilidad con el suelo rústico del MITERD; y la falta de aportación de documentación legalmente exigida. Y subraya la obligatoriedad de una Evaluación Ambiental Estratégica previa de, al menos, la totalidad de las actuaciones industriales eólicas en tramitación, evaluación exigida por Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y el Tribunal Supremo (TS) “al anular el dolosamente ilegal concurso eólico, 1.400 Mw adjudicados en evidente camaradería ilícita a muchas de las mismas empresas que ahora insisten en el atropello”.

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