El PRC pide a Cantabria un estudio sobre la tarjeta monedero porque podría excluir “al 90% de familias vulnerables”

El PRC propondrá en el Pleno del Parlamento del próximo lunes que el Gobierno de Cantabria elabore un estudio pormenorizado sobre la implantación de las tarjetas monedero para personas en condiciones de extrema vulnerabilidad, con el fin de conocer su impacto en la comunidad autónoma y determinar las medidas correctoras necesarias.

Con esta iniciativa, los regionalistas quieren dar respuesta a la “preocupación” generada por la implantación de este nuevo sistema de apoyo para facilitar el acceso a alimentos y productos de primera necesidad a las personas y familias sin recursos, ante el “temor” de que la retirada de los apoyos a los Bancos de Alimentos y la canalización a través del sistema de tarjetas “deje fuera a muchos de los beneficiarios que hasta ahora han recibido este tipo de ayudas”.

Y es que, según cálculos del Ejecutivo autonómico, el nuevo sistema implantado por el Gobierno de España y que entró el vigor el pasado 1 de mayo podría dejar fuera “hasta al 90 por ciento” de las familias vulnerables que hasta ahora accedían a este tipo de apoyos a través del Banco de Alimentos y otras asociaciones benéficas.

Con el nuevo sistema la aportación estatal se materializa a través de las tarjetas monedero que gestiona Cruz Roja y que permiten comprar sólo en siete cadenas de supermercados, de las cuales sólo tres (Carrefour, Alcampo y Eroski) operan en Cantabria y únicamente en 22 de los 102 municipios, fundamentalmente en las localidades más grandes.

En consecuencia, la diputada y portavoz del PRC en materia de política social, Rosa Díaz, advierte del “desafío” que supone para los usuarios el uso de la tarjeta monedero dado el desplazamiento que implica, lo cual “no sólo representa una dificultad logística, sino también un gasto adicional que no todas las personas en situación de vulnerabilidad económica están en condiciones de afrontar”.

También ha alertado de las consecuencias de los requisitos administrativos exigidos para obtener la tarjeta, ya que pueden “crear retrasos en la asistencia y dejar fuera del recurso a más del 70 por ciento de las familias necesitadas”.

La parlamentaria regionalista cuestiona además la retirada de los fondos europeos para este fin al Banco de Alimentos, que dejará de recibir en España alrededor de 50,2 millones y verá “en riesgo su capacidad para atender a la población”, al estar encomendada la gestión de la tarjeta monedero únicamente a Cruz Roja.

De ahí su propuesta para que el Gobierno de Cantabria incluya en los presupuestos de 2025 una partida específica a esta organización, con el fin de garantizar su actividad “en las mismas condiciones en que la ha venido desarrollando”.

Díaz espera que el resto de los grupos parlamentarios secunden su iniciativa para evitar que la implantación del nuevo sistema de suministro de alimentos “agrave aún más” la vulnerabilidad de las 5.000 personas que hasta ahora han recibido este servicio, “precisamente en un momento en el que la pobreza está creciendo en la comunidad autónoma y afecta ya al 22 por ciento de la población”, según los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística.