Los taxistas se querellan contra el director general de Transportes de Cantabria por presunta prevaricación

La Federación Cántabra del Taxi ha presentado una querella contra el director general de Transportes del Gobierno de Cantabria, Felipe Piña, candidato del PRC a la Alcaldía de Santander, por un delito de presunta prevaricación.

La querella, presentada en el martes y consultada por Europa Press, tiene como raíz una resolución dictada el pasado 21 de febrero por el regionalista en la que denegaba una autorización para la transmisión de una licencia de taxi de Cabezón de la Sal a uno de los asociados de la Federación por jubilación tras la jubilación del anterior titular.

En la sentencia, el querellante indica que en la resolución se justificaba la negativa afirmando que la autorización que se solicitaba no tiene encaje en ninguno de los supuestos tasado que recoge la normativa, entre los que --decía-- no se incluye la jubilación.

Sin embargo, se recalca que la ordenanza reguladora del servicio de autotaxi de Cabezón de la Sal --una norma “plenamente vigente y de plena aplicación”, subrayan los taxistas-- sí recoge como supuesto de transmisión de las licencias la jubilación.

La Federación del Taxi mantiene que la Dirección General de Transportes “carece de competencias para entrar a juzgar la viabilidad de la transmisión de la autorización” e insiste en que ésta corresponde al ente local, y por tanto “carece de funciones jurisdiccionales para establecer a su mejor criterio la legalidad o no de una norma”.

Además, ha argumentado que si Transportes entendiera que dicha ordenanza es contraria a la normativa estatal ha tenido “infinidad de momentos en los que hacer valer sus argumentos con anterioridad” al caso que ahora es objeto de la querella pero “nada se ha dicho cuestionando su ilegalidad”.

De hecho, la Federación sostiene que han sido “múltiples” las licencias transmitidas al amparo de dicha ordenanza, todas ellas, hasta ahora, autorizadas por la Dirección General de Transportes.

Además, han subrayado que durante todo su mandato como director general de Transportes se han autorizado desde su departamento otras transmisiones de licencias en otros ayuntamientos cuya normativa municipal estaría contraviniendo la normativa estatal, según los propios argumentos que menciona ahora para denegarla.

La Federación del Taxi entiende que concurren los requisitos para considerar que Piña podría haber incurrido en un delito de corrupción tanto si se considera que la resolución dictada ahora es ajustada a Derecho como si no.

Y es que, según ha argumentado, si Piña ha dictado ahora una resolución “no ajustada a Derecho y a sabiendas de su injusticia” o, si no, estaría incurriendo en este delito.

En su opinión, también estaría incurriendo en este delito, y en este caso de forma continuada, si la resolución dictada ahora por Piña es ajustada a derecho “pues significaría que durante todos los año que lleva en el cargo ha venido autorizando transmisiones de autorizaciones de licencias por jubilación a sabiendas de era contrarias al ordenamiento jurídico”.