El Centro de Recepción de Turistas de Toledo: otro ejemplo del saqueo de CCM

El Ayuntamiento de Toledo ha iniciado los trámites para la resolución del contrato de “concesión administrativa” con la empresa “GRIMO 3113, S.L.” de construcción y explotación del Centro de Recepción de Turistas “Toletum” ya que se encuentra en proceso de disolución y liquidación como consecuencia de un concurso de acreedores.

Este espectacular edificio, situado en la entrada a la ciudad, y dotado de aparcamiento, amplios espacios expositivos, salón de actos, cafetería, restaurante y terraza con excelentes vistas, viene languideciendo hace tiempo y ahora sólo tiene un uso hostelero esporádico y para acoger eventos comerciales, por lo que corre el peligro de convertirse en un nuevo esqueleto de hormigón.

El contrato que ahora se pretende rescindir tiene su origen en 2002, cuando el entonces alcalde de Toledo José Manuel Molina, del Partido Popular, decidió ofrecer los terrenos municipales que ocupaba una antigua pista de atletismo para que sobre ellos se construyese un edificio destinado a Centro de Recepción de Turistas y aparcamiento. La concesión se adjudicó a principios de 2003 y se firmó el contrato en plena precampaña electoral de ese año, siendo sin duda una buena baza que ayudó a que Molina revalidase la alcaldía, puesto que se presentaba como una iniciativa privada sin aparente coste público que beneficiaría a la ciudad.

GRIMO 3113 S.L. fue la adjudicataria, comprometiéndose a invertir 2.072.596 euros en un edificio que habría de explotar durante 50 años a cambio de un canon de 18.000 euros anuales a favor del Ayuntamiento, que seguiría siendo propietario del suelo y que al finalizar la concesión acabaría recibiendo en propiedad el citado edificio.

Para entender por qué esta empresa decide realizar una inversión que, incluso entonces, no parecía muy rentable dado su concepto y ubicación, hay quien apunta a la identidad de sus propietarios, entre quienes se encontraban algunos de los principales inversores y promotores inmobiliarios que serían “beneficiados” en el nuevo Plan de Ordenación de Municipal, que Molina ya estaba preparando y que logró aprobar con los votos de los suyos y del Psoe en 2007. Y es que entre los consejeros de GRIMO 3113, como desvela el BORME, se encontraban por ejemplo los tres dueños de la importante constructora toledana HUPACO, el hijo de poderoso constructor Aurelio González Villarejo, la familia Méndez Pozo (con notables intereses en Toledo) a través de una sus empresas y destacados representantes de la promotora REYAL URBIS.

Pero lo cierto es que la inversión no requirió tanto esfuerzo financiero por parte de estos empresarios ya que, con el edificio todavía en obras, GRIMO 3113 solicitó y obtuvo autorización del Ayuntamiento para hipotecar el derecho de concesión que tenía (ojo, NO el edificio, ni el suelo sobre el que se asienta). Poco después, en diciembre de 2006, Caja Castilla-La Mancha (CCM) concedió a GRIMO 3113 un préstamo de 4.843.869 euros con garantía hipotecaria en el mencionado “derecho de concesión”, es decir más del doble de lo que costó a sus promotores la construcción del edificio.

Hubo que esperar todavía hasta marzo de 2008 para que el edificio se concluyese e iniciase su actividad con licencia provisional, que no se convirtió en definitiva hasta dos años después. Transcurrido apenas un año, en febrero de 2009, GRIMO 3113 consiguió un nuevo préstamo de 1 millón de euros de otra entidad financiera, el Banco Popular, con garantía igualmente en la concesión pero sin que esta vez conste autorización del Ayuntamiento, que es preceptiva según la normativa de contratación pública.

Esta nueva inyección no debió ser suficiente y apenas tres años y medio después de iniciada su actividad, en noviembre de 2011, el Centro de Recepción de Turistas que nunca había alcanzado gran actividad cierra definitivamente, comunicando sus administradores al Ayuntamiento (previo requerimiento y a la vista de las noticias aparecidas en medios de comunicación) que la situación era insostenible y que habían solicitado el concurso voluntario de acreedores. Eso sí, los administradores tomaron previamente la “precaución”, en septiembre de ese mismo año, de reducir el capital social de la empresa en 1,5 millones de euros, dejándolo en 500.000 (BORME 15.09.2011 Actos inscritos en Toledo).

Desde entonces el Centro se ha abierto esporádicamente, subcontratando parte de las instalaciones, lo cual no ha servido para que la concesionaria se ponga al día con el Ayuntamiento a quien le debe el canon concesional de varios años, así como algunos tributos, como indican los sucesivos requerimientos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia.

El concurso ha derivado finalmente en disolución de GRIMO 3113, S.L. y cese de sus administradores, según Auto del Juzgado Mercantil de Toledo del pasado 22 de octubre, dejando entre las cargas que figuran en el Registro las dos hipotecas del derecho de concesión ya mencionadas que, sumadas a intereses y otros gastos, suponen más de 8 millones de euros de deudas que gravan la concesión y que las entidades financieras acreedoras tienen difícil recuperar ya que el Ayuntamiento previó en el Pliego de Condiciones de 2002 esta circunstancia y señaló en su Artº 6.3:

“En el caso de que existieran acreedores hipotecarios u otros que hubieren aportado financiación superior al treinta por ciento de la inversión, con garantía de la propia concesión, en el caso de que se produjera alguno de los supuestos de extinción de la concesión por causas exclusivamente imputables al concesionario, los expresados acreedores podrán proponer una empresa o grupos de empresas que se sustituyan en la posición del anterior concesionario por todo el tiempo que falte para el vencimiento…”

Es decir que CCM y Banco Popular, que han financiado no el 30 % sino el 300 % de la inversión por razones que sólo sus administradores saben, deben ahora proponer un nuevo concesionario que asuma la gestión y las cargas que deja este magnífico negocio sólo para sus promotores, quienes no parece que arriesgasen, ni que realmente perdiesen.

Esta operación sin embargo no se encuentra entre las veinte de CCM que el Juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz investiga en un procedimiento que ha dado lugar a la imputación del ex presidente de la Caja, el político Juan Pedro Hernández Moltó, y siete miembros de su Comisión Ejecutiva, por administración desleal al autorizar operaciones “contrarias a la normativa” que causaron “perjuicio” a la entidad, según el Banco de España.