Castilla-La Mancha gastó 241 millones de euros en contratos de emergencia para la COVID-19

Una sanitaria se coloca una EPI en el Hospital Isabel Zendal.

El Tribunal de Cuentas ha aprobado un nuevo informe sobre los contratos de emergencia realizado con motivo de la pandemia COVID-19, en esta ocasión relativo a los celebrados en las comunidades y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio. Aunque Castilla-La Mancha cuenta ya con una Cámara de Cuentas propia (la antigua Sindicatura la eliminó el Gobierno del PP), el tribunal estatal todavía fiscaliza los ejercicios contables anteriores.

Esta es la quinta fiscalización específica sobre contratación de emergencia de las siete programadas por el Tribunal de Cuentas que, además, realizará un Informe Global cuya aprobación se prevé en 2023, que pretende exponer de manera agregada los principales resultados obtenidos en el análisis de esta materia en todos los ámbitos sectoriales y territoriales.

El informe aprobado por el pleno concluye, según la información recabada por el Tribunal de Cuentas, que las regiones fiscalizadas celebraron 8.855 contratos de emergencia vinculados con la pandemia ocasionada por la crisis sanitaria, por un importe total de 576 millones de euros.

Castilla-La Mancha adjudicó 241 millones de euros, de los que 220 millones de euros fueron contratos de suministro. De esta cantidad, 174 millones de euros correspondieron a material sanitario y, concretamente, 100 millones a mascarillas. El precio de las quirúrgicas osciló entre 0,39 y 0,26 euros, y el de las FFP2 entre 2,20 y 0,80 euros.

Muestra de contratos

Para esta fiscalización el Tribunal de Cuentas ha examinado una muestra de 421 contratos por importe de 406 millones, cifra que representa el 70% del importe total de los contratos de emergencia vinculados al COVID-19 en las comunidades y ciudades autónomas objeto de examen.

En la mayoría de los casos el objeto de los contratos fiscalizados estuvo directa o indirectamente vinculado a la adopción de medidas para hacer frente a la situación sanitaria causada por la pandemia, siendo bajo el número de contratos (39 de un total de 421 fiscalizados, 9% de la muestra) en el que se advirtieron incidencias en relación con la justificación.

En cuanto a los límites temporales a los que se somete el inicio de la ejecución en la contratación celebrada mediante la tramitación de emergencia, se han advertido incumplimientos en un escaso número de contratos (3% de la muestra), en los que había transcurrido más de un mes desde la declaración de emergencia hasta el inicio de su ejecución.

Recuerda el Tribunal que siempre que resulte compatible con la atención a la emergencia que se trata de resolver o, en su caso, atendida la necesidad que motiva la emergencia, en el marco de las buenas prácticas, habrá de formarse expediente contractual, lo que se ha llevado a cabo en la mayoría de las ocasiones.

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