La empresa que gestiona los conciertos de Manuel Carrasco reclama 200.000 euros al gobierno del PP en Puertollano

La polémica saltó a la palestra en agosto de 2023, casi recién constituidos los ayuntamientos en Castilla-La Mancha, tras las elecciones municipales de mayo de aquel año. El nuevo equipo de gobierno de Puertollano, encabezado por el PP, anunció la cancelación del concierto de Manuel Carrasco previsto para el 2 de septiembre.

De la decisión culpó a los anteriores responsables del ayuntamiento que lideraba el PSOE. Se habían vendido más de 4.000 entradas para el que se consideraba plato fuerte de las fiestas locales cuyo coste alcanzaba el medio millón de euros, de los que 200.000 corrían a cargo de las arcas municipales. Al PP no le gustaba cómo se había gestionado el concierto, e incluso se llegó a anunciar que al nuevo gobierno local “no le temblaría la mano” en ir contra miembros de la anterior administración socialista, en el caso de que fuera necesario, por posibles reclamaciones patrimoniales.

Era, según el PP, una “herencia” recibida, dijo entonces el concejal de Festejos, Juan Sebastián López. “Es mucho dinero para gastarse en tres horas. ¿Cuántas cervezas hay que vender y cuántas habitaciones de hotel hay que alquilar para pagar esos 200.000 euros? No es tan fácil”, justificaba, tal y como recogía en aquella fecha una información de CMMedia.

Aquello, ha regresado ahora en forma de pleito judicial. Esta semana el alcalde de Puertollano Miguel Ángel Ruiz, ha confirmado que Riff Records, la empresa promotora del concierto, ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Contencioso-Administrativo número 1 de Ciudad Real, contra el Ayuntamiento de Puertollano.

Según fuentes conocedoras del caso consultadas por Europa Press, la empresa a las arcas municipales una indemnización cercana, precisamente, a los 200.000 euros por los gastos y perjuicios causados ante lo que considera “la sorpresiva ruptura unilateral de las conversaciones y pactos por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento”, que anuló el espectáculo al estimar excesivos los 205.000 euros que debía invertir en el evento el ayuntamiento.

Un día antes de las declaraciones del alcalde, el concejal de Festejos, Juan Sebastián López Berdonces, aseguraba sin embargo a preguntas de los periodistas, que Riff Records solo había presentado al Consistorio un “requerimiento” hace dos semanas y que “no tenía noticia” de ningún procedimiento judicial en curso.

Horas después el alcalde desmentía a su propio concejal y confirmaba la existencia de un proceso judicial en marcha, hasta el punto de que que el propio ayuntamiento ya había pedido un aplazamiento de la primera vista judicial, que presumiblemente se celebrará en octubre. La razón que ha alegado el equipo de gobierno del PP es que no dispone de letrado para la defensa del caso por cuestiones internas de personal.

La empresa ya anunció que se reservaba posibles acciones legales

La noticia del posible proceso judicial no llega por sorpresa. Tras conocer la decisión del Consistorio en agosto de 2023, Riffs Records ya avanzó que se reservaría las oportunas acciones legales “sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y penal --en su caso-- en que haya incurrido la administración y que será exigida en su momento ante este hecho sin precedentes que atenta contra las normas más básicas del régimen jurídico”.

La empresa consideraba que la celebración del concierto “es inviable, al no contar con el apoyo municipal acordado, del cual la actual corporación -la del PP- era absolutamente conocedora en base a la solicitud de modificación de crédito que se realizó el 30 de junio de 2023 y que aprobaron en esa misma fecha”.

Este medio ha contactado también con la empresa promotora para conocer su versión de los hechos, sin éxito hasta el momento.

El PSOE: si no había papeles, ¿por qué hay un proceso judicial abierto?

Quienes sí han reaccionado han sido los socialistas. “La pregunta ahora es inevitable. Si no había nada, si no existía ningún compromiso, si todo era humo y propaganda del anterior gobierno ¿cómo se sostiene un procedimiento judicial completo sobre aquello?”, se pregunta el PSOE local.

En un comunicado asegura este partido que el mismo alcalde que llegó al Ayuntamiento de Puertollano “prometiendo gestión, rigor y transparencia” y que decía llegar a “a poner orden frente al supuesto caos anterior”, eligiendo como “un gran símbolo político la cancelación del concierto de Manuel Carrasco”, ha quedado ahora en entredicho. Le acusan de “ocultar” que existía un juicio en proceso.

El PSOE se ha dirigido al alcalde 'popular' que en 2023, dicen, “convirtió aquel asunto en un espectáculo mediático permanente”, con ruedas de prensa, entrevistas, titulares y acusaciones constantes contra el anterior gobierno, que “habló de mala praxis, de improvisación” y que repitió que no había “ni un papel” que justificase el concierto y que ahora “el tiempo ha terminado desmontando aquel relato”.

Los socialistas se defienden asegurando que “aquel concierto tenía fecha, promoción y miles de entradas vendidas. Tenía a una ciudad entera preparada para uno de los eventos más importantes de ese año. Y ahora llega el dato que desmonta definitivamente toda aquella escenificación política: ya no hablamos de un simple requerimiento. Hablamos de un procedimiento judicial admitido a trámite”, que ha sido aplazado a petición del ayuntamiento.

Acusan al alcalde de falta de transparencia y de gobernar a base de “mucho ruido cuando interesa políticamente y mucho silencio cuando llegan las consecuencias”. Creen además los socialistas que “Puertollano hizo el ridículo nacional con la cancelación de un concierto anunciado y vendido durante meses. La ciudad perdió imagen, actividad económica y credibilidad. Y ahora, además, tiene un procedimiento judicial abierto sobre dicho asunto”.