Podemos denuncia que los servicios sociales tienen que derivar a personas sin recursos a organizaciones benéficas

El coordinador autonómico de Podemos Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, y la secretaria de Servicios Públicos y Política Social del partido, Carmen Fajardo, han analizado junto a integrantes de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de la región la situación de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma. Tras conocer las reflexiones de este gremio, la formación morada ha denunciado que los servicios sociales tienen que derivar a personas sin recursos a organizaciones benéficas y que la situación es “crítica” tras la eliminación del Ingreso Mínimo de Solidaridad para adaptarlo al Ingreso Mínimo Vital.

Podemos precisa que Florencio Alfaro, presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social, ha reivindicado la necesidad de “requerir la colegiación a todas las personas que ejercen el trabajo social, tal y como exige la Ley”, al mismo tiempo ha apuntado que “quien más incumple con esta obligación es la propia administración autonómica y algunos ayuntamientos que no se lo exigen a sus trabajadoras y trabajadores sociales”, además de trasladar su seguimiento y preocupación por los tres grandes temas sociales “prioritarios” en esta crisis: garantía mínima de ingresos, vivienda y sistema de cuidados.

Ambas organizaciones han compartido la necesidad de garantizar una renta mínima autonómica para aquellas personas que no tienen ningún tipo de ingreso y han mostrado su rechazo ante la reciente decisión del Gobierno regional de eliminar el Ingreso Mínimo de Solidaridad. Desde el Colegio Oficial han señalado además que, si bien esta prestación seguía siendo “una de las peor dotadas del país de los que a menos porcentaje de población llegaba”, esta ayuda servía de garantía mínima de ingresos a muchas familias mientras “se realizaba el tránsito al IMV, acompañados por los Servicios Sociales de Atención primaria en la mayoría de los casos”.

Según este colectivo, en la actualidad la situación es extremadamente grave porque muchas familias castellanomanchegas se han quedado sin ingresos y, ante la falta de herramientas públicas, tienen que ser derivadas a organizaciones benéficas, lo que, a su juicio “sigue perpetuando la desigualdad”. Podemos, por su parte, ha señalado la importancia de que se ponga en marcha la Ley de Garantías Ciudadanas que el ejecutivo regional “mantiene en un cajón mientras hay familias totalmente desprotegidas”.

Ley de Vivienda y residencias de mayores

Felipe Cano, secretario del Colegio, ha reivindicado por su parte la necesidad de volver a retomar la Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha, en cuyo anteproyecto participó el propio Colegio Oficial en la anterior legislatura y que también “está aparcada”. Además de aumentar el parque de vivienda pública, considera, es imprescindible mejorar su gestión incorporando a los servicios sociales. En este sentido, tanto Podemos como el Colegio Oficial de Trabajo Social han valorado que la denominada “Ley Antiocupación” es “populista” y “se sostiene en una alarma que no es real”, puesto que afirman que no es cierto que la ocupación ilegal vaya en aumento.

Ambas organizaciones han coincidido también en que lo urgente y necesario es “garantizar el acceso a una vivienda digna, porque ese sí es el verdadero problema: la falta de vivienda”.

El tercer gran eje social tratado durante la reunión ha sido el de la necesidad de poner en valor y reforzar el sistema de cuidados. Así, se han mostrado muy preocupadas por la situación de las residencias de personas mayores en Castilla-La Mancha. La vicepresidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social, Elena Galán, ha denunciado, por un lado, la criminalización que está soportando el sector de la atención residencial, y, por otro, la vulneración de derechos que están sufriendo las personas mayores y sus familias en cuanto a información y participación. Por eso, ha reclamado también la necesidad de garantizar la atención a las personas mayores con profesionales de referencia de los servicios sociales, algo que también se ha apoyado por parte de la formación morada.

Tanto el Colegio Oficial de Trabajo Social como Podemos se han emplazado a continuar la relación de colaboración en la elaboración de propuestas entre ambas organizaciones “para garantizar los derechos sociales durante y después de esta crisis”.