Denuncian intereses “espurios” en la propuesta para que los cazadores vigilen la fauna cinegética
Nueva polémica entre el sector cinegético y los colectivos ecologistas en torno a la regulación de la caza, en este caso con gran incidencia en la regulación en sí de esta normativa. La Fundación Artemisan presentó recientemente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y a las diferentes comunidades autónomas una propuesta llamada “Observatorios Cinegéticos” en el marco del Comité de Caza y Pesca, proyecto que está realizando en colaboración con la Real Federación Española de Caza y las federaciones autonómicas.
El objetivo, según recalca esta organización, es hacer partícipes a los cazadores en “el seguimiento y evaluación” del estado de las poblaciones de las especies cinegéticas, “así como sus movimientos migratorios y sus épocas de reproducción”.
De este modo, considera que, además de la mejor gestión de las especies de caza que este proyecto brindará a los cotos participantes, los datos recopilados por los cazadores y analizados posteriormente “permitirán reducir los problemas que durante los últimos años se vienen produciendo por los recursos de grupos anti-caza” a las órdenes de vedas regionales, dado que se tendrá un mayor conocimiento de las tendencias poblacionales.
Se formará a los cazadores y gestores de cotos
La Fundación señala que pretende tener marcha la red de colaboradores a nivel nacional para final de año e ir formando mientras tanto a todos los cazadores y gestores de cotos que participarán en el desarrollo del observatorio. En este proyecto serán pieza clave las federaciones autonómicas de caza, que deberán implicarse para que estos estudios sean efectivos.
La respuesta de Ecologistas en Acción desde Castilla-La Mancha, con gran extensión de cotos de caza, ha sido inmediata. Argumenta que la propuesta de Artemisan no sólo persigue “fines espurios”, sino que pone de manifiesto que “la tan proclamada buena gestión de que hace gala el sector cinegético queda en entredicho por los propios cazadores”. Esto lo justifica en el hecho de que, a día de hoy, los cazadores ya están obligados a hacer un seguimiento de las poblaciones de especies cinegéticas, así como a comunicar las capturas que se realizan. “La normativa les obliga a través de los planes técnicos de caza que se deben renovar periódicamente y que deben basarse en un adecuado censo de poblaciones”.
Los ecologistas recuerdan que la normativa obliga a comunicar periódicamente esos datos a las administraciones, todo ello en el marco que supone debe garantizar la buena gestión cinegética. Pero añaden que el problema de esos censos y de esos planes técnicos de caza es que “nadie se los cree, ni los propios cazadores, por lo que se ve”; y que muchas ocasiones lo que comunican son “cortaypegas de datos de otros cotos, o de años anteriores”. En suma, consideran que la “buena” gestión cinegética es “una mentira”.
Por otra parte, este colectivo se pregunta por qué Aremisan presenta este proyecto “si los cazadores son ya observadores de las poblaciones de los cotos”. “Ellos mismos lo dicen abiertamente, para reducir los problemas que en los últimos años se producen por los recursos que interponen organizaciones ambientales y animalistas y que están anulando en los tribunales órdenes de veda y otras normativas cinegéticas”.
Ecologistas: los cazadores buscan “evitar la acumulación de sentencias anulatorias” de normas de caza
Alegan que como los tribunales están anulando las órdenes de veda por ausencia de informes técnicos o científicos que los justifiquen, “lo mejor es que el propio sector los elabore a la medida de sus propios intereses”. Así las administraciones “los podrán usar para justificarse ante los tribunales y podrían evitar la acumulación de sentencias anulatorias de normas de caza”.
Con todo ello, Ecologistas en Acción reclama que los datos sobre las poblaciones cinegéticas se tomen por entidades técnicas o científicas independientes del sector cinegético y de los intereses de las administraciones; y también que el sector de la caza cumpla con la normativa en cuanto a los planes técnicos de caza o que se les sancione debidamente. “Sólo así se puede garantizar la debida protección y conservación de la fauna silvestre cada día más amenazada por la caza”.
