La dependencia, en medio de la precampaña electoral
El Gobierno regional no ha parado en la defensa de su gestión la dependencia desde la orden judicial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que anuló la Orden del catálogo de prestaciones al colectivo la semana pasada. El conflicto entre las cifras que ofrece la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales no es, sin embargo, un tema nuevo. Desde que empezó la legislatura, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha refutado prácticamente todos los datos que la Junta de Comunidades ha hecho público al respecto, lamentando además el “ensañamiento” en situaciones límites, como el caso de Jomián, gran dependiente de trece años, que murió en marzo de 2014 sin recibir sus prestaciones.
El anuncio del Tribunal Superior de Justicia ha dinamitado desde la Junta una oleada de datos positivos como el presentado por el director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes, José García Ferrer. García Ferrer señaló en Albacete que los servicios de prevención y autonomía personal han pasado de 843 en 2011 a 3.809 en 2015. Este es un dato ratificado por las estadísticas publicadas por el Sistema para la Autonomía y la Dependencia. Y se trata, efectivamente, de un dato positivo. Pero no se trata de una regla general.
A pesar de que el Gobierno insiste en que existen más beneficiarios y más prestaciones, las mismas estadísticas señalan que esto no es cierto. La información histórica del SISAAD señala, por ejemplo, que en febrero de 2011 había un total de 57.171 prestaciones, mientras que en febrero de 2015, los últimos datos que ha publicado el Imserso, el total es de 52.382. Son poco menos de cinco mil prestaciones menos las que reciben los dependientes en Castilla-La Mancha, según datos oficiales que pueden consultarse en la misma página del Imserso. Este es el “liderazgo” que defiende ostentar la Junta de Comunidades. Además, el total de personas beneficiarias con prestaciones ha pasado de 37.936 en 2011, a 37.182 en febrero de 2015. No es un descenso significativo, en términos absolutos, pero sí es un descenso.
Específicamente se pueden hablar de otros datos, como es el caso de la Teleasistencia que en 2015, según el Imserso, llega a 6.615 personas. Este número también era más alto en 2011, llegando a las 6.802 y esto a pesar de las reiteradas inversiones que el Gobierno regional promueve. Existen otras mejoras, como la de la Ayudas a Domicilio que se han incrementado de manera exponencial, desde poco más de cinco mil hasta las nueve mil que existen en la actualidad, o la de centros de día y noche que han subido hasta 2.133, cuando era de poco más de 1.400 en 2011. Sin embargo, estas subidas, que han sido importantísimas entre los meses de enero y febrero, han sido altamente criticadas por colectivos sociales y la oposición.
Guadalupe Martín, diputada regional por el PSOE, ha señalado que el Gobierno ha llevado a cabo una “cirugía plástica” de los datos, llegando a forzar el balance de los dos primeros meses del año para poder ofrecer cifras positivas, en declaraciones a medios regionales. Estas nuevas prestaciones han sido puestas en duda por el PSOE, que asegura que no existe ningún beneficiario que tenga cinco ayudas, sobre todo teniendo en cuenta las incompatibilidades que la misma Junta de Comunidades ha implantado.
La Teleasistencia ha pasado rápidamente de los poco más de cinco mil servicios que ofrecía en diciembre de 2014, a más de seis mil en el segundo mes de 2015. Destacable es también que las Ayudas de Domicilio hayan subido hasta las más de 9.000 en febrero de 2015, cuando en diciembre de 2014 llegaban a las 6.987, y el aumento entre noviembre y diciembre de ese año fue de apenas de cien personas. El PSOE ha denunciado que se trata de una maniobra de “incluir todo lo que se puede, desde donde se pueda”, lo que podría venir, incluso, a raíz de una orden del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
A raíz de la sentencia judicial, además, la Plataforma ha puesto a la disposición de todos los posibles afectados una solicitud para evitar perder sus prestaciones, además de cifrar en 17 millones la cantidad que deberá abonar el Gobierno regional. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha señalado que se trata de una oferta que “genera falsas expectativas” a la comunidad de los dependientes y ha acusado también, tanto a la Plataforma como el PSOE, de ofrecer este servicio con intenciones “electoralistas”.
