El padre de un gran dependiente denuncia que se le reclaman más de 11.000 euros “por cobro indebido” de prestaciones
El hijo de Jesús, Javi, tiene 29 años. Pero requiere cuidados permanentes, debido a su condición de gran dependiente (dependencia en grado III) y a su discapacidad reconocida en más de un 75%. Hasta ahora, la prestación que recibía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha era de 442 euros, la que corresponde por cuidados en el entorno familiar debido a que su madre, Almudena, se encarga de él a tiempo completo. Sin embargo, ahora bajará a unos 190 euros por un “cobro indebido” de prestaciones, entre la Seguridad Social y la Consejería de Bienestar Social castellano-manchega.
El relato de Jesús, vecino de Villanueva de la Torre, es el de un padre que lucha por su hijo y que no entiende por qué se le quiere reducir la escasa ayuda que recibe de las administraciones públicas. Todo empieza por una carta de la delegación provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en la que se le advierte que no había declarado recibir dos prestaciones “que cobrábamos por Javi”. La misiva llegó en noviembre de 2018. “En la carta me dicen que no hemos notificado ninguna paga. Entonces, me pongo en marcha, por suerte guardo las libretas donde guardo todo. En septiembre u octubre de 2009 recibo la primera paga de dependencia y minusvalía”, relata.
Lo que le explican es que no había notificado las prestaciones que recibía también de la Seguridad Social y es algo que reconoce, pero que se debía sólo a que no sabía que debía notificarlo. Jesús explica que él pidió la prestación por dependencia nada más aprobarse la Ley de 2007 de Zapatero y que, además, personas de su entorno le sugirieron que hiciera lo mismo con la de minusvalía. “Me empiezan a pagar entonces 504 euros de la pensión y 519 de la dependencia. Y así, 10 años”, explica.“Es imposible que yo comunicase algo que desconocía”, afirma.
“Palo” moral y económico
Tras los recortes llevados a cabo por el Partido Popular durante la legislatura del 2011-2015, los 419 euros pasaron a ser 442. En la carta que recibió de la Junta de Comunidades, se le indica que se le va a bajar hasta los 191 euros, y que, además, deberá devolver más de 11.000 euros. En la carta recibida por Jesús, y consultada por eldiarioclm.es se le comunica la retención de las prestaciones, para “minimizar la generación de cantidades indebidamente percibidas”. “Me han retenido las prestaciones desde octubre”, lamenta Jesús, que ha negado el primero de los escritos recibidos por “no entender los datos”.
Se trata de un “palo moral”, lamenta, pero por supuesto también económico. Su mujer, Almudena, dejó de trabajar para cuidar las 24 horas del día de su hijo y él está jubilado recientemente. Pagar lo que se les exige supondría, señala, la mitad de sus ahorros, algo que tiene exclusivamente para su hijo. “Intento ahorrar para él, para que tenga algo cuando no estemos”, explica. Además, señala que la bajada de las prestaciones es otro “palo” para su mujer, que actualmente cobra menos de 50 céntimos por hora y que pasaría a unos ingresos que no llegarían a los 20 céntimos, según sus cálculos.
Ley de Dependencia
La explicación a las medidas que se le están comunicando a Jesús se pueden encontrar en el artículo 31 de Ley de Dependencia aprobada en el 2007 durante el Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero. En él, se señala que la percepción de una prestación económica de las que se señalan en la Ley “deducirá de su cuantía cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad establecida en los regímenes públicos de protección social”. En este sentido, señala específicamente al complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 75%, el de necesidad de otra persona de la pensión de invalidez no contributiva, y el subsidio de ayuda a tercera persona de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).
Así lo explica la directora general de Dependencia de Castilla-La Mancha, Ana Saavedra, que recalca en primer lugar que el expediente todavía se encuentra en estudio y que las medidas no son definitivas. Además, recalca también que las prestaciones no son “incompatibles”, sino que todo obedece a lo expuesto por la Ley de Dependencia. “La propia Ley de Dependencia sí que regula que prestaciones como la de la Seguridad Social deberán deducirse de las de Dependencia. En este caso, se trata de un hijo a cargo, mayor de 18 años con una discapacidad de más del 75%, que es justamente una de las que regula el artículo 31”.
Por tanto, recalca, el “complemento” de la Seguridad Social debe deducirse de lo que se recibe a través de Dependencia, ofrecido por la Junta de Comunidades. “Se puede tener ambas, como en este caso, pero la ley prevé que una parte de la prestación se deduzca de esta manera. Es una situación recogida y contemplada”, recalca. Además, señala que la cuantía por devolver “todavía está en estudio”. “La administración tiene la obligación de reclamar estos cobros indebidos que se han realizado y tenemos esta obligación de los últimos cuatro años, aunque lleve cobrándolo desde hace más. Es defensa del patrimonio, en cumplimiento de la ley, que es la que marca lo que tenemos que hacer”, concluye.
