La Dirección General de Función Pública considera “inasumible” pagar Wi-Fi o un complemento por gastos de luz o calefacción a los funcionarios que teletrabajen

La Dirección General de la Función Pública ha respondido a los sindicatos, que acusaron al Gobierno regional de “dinamitar” la negociación del decreto de teletrabajo, y los ha acusado de “intransigentes”. Esta “intransigencia”, afirman, ha “impedido alcanzar un acuerdo” sobre el borrador del proyecto del nuevo decreto por el que se regula la prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Junta de Comunidades. La Junta recuerda que dicha normativa quiere hacer “compatible el derecho a teletrabajar del personal de la Administración regional con el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos que presta la Junta de Comunidades a la ciudadanía, garantizando en todo momento su buen funcionamiento”.

También recuerdan que “Castilla-La Mancha es una de las pocas comunidades autónomas que dispone de un marco regulador propio”, lo que permite adaptar la normativa autonómica a la nueva regulación estatal del teletrabajo aprobada en septiembre. Todo esto, mejora la aplicación del teletrabajo en la Junta de Comunidades, gracias a esta experiencia.

El proceso negociador del borrador de este nuevo decreto, recuerdan, se inició el pasado día 16 de febrero y concluyó ayer, lunes, tras dos semanas de negociaciones, “sin acuerdo pese a la voluntad negociadora de la Administración regional”, que había aceptado varias propuestas de la parte social sobre el texto inicial en aras a alcanzar un acuerdo sobre esta nueva norma. “Las organizaciones sindicales dieron ayer por rotas las negociaciones y votaron en contra del decreto al no poder asumir la Dirección General su propuesta sobre el cómputo de las horas de teletrabajo, ya que pretendían que en vez de semanal, como se planteaba en el borrador inicial, fuera mensual, es decir que los días de teletrabajo fueran acumulables a voluntad de los trabajadores con derecho a teletrabajar”.

La propuesta, afirman, es “inasumible” porque “afectaría negativamente” la organización del trabajo en el seno de la Junta de Comunidades, sin que se pudiera garantizar el buen funcionamiento de los servicios que presta la Administración regional. Otras propuestas que consideran “inasumibles” fue el del abono de complemento salarial para hacer frente a gastos de luz, calefacción, aire acondicionado y material, o que se pudiese fraccionar el teletrabajo, o que en los días de teletrabajo “se pudieran hacer jornadas de hasta 10 horas”.

Lo elevarán a Consejo de Gobierno igualmente

A pesar de considerar “rotas” las negociaciones, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha decidido retomar el proyecto del decreto que se ha intentado consensuar en la Mesa de Negociación. Sin embargo, al considerarlo “adecuado” para conciliar los intereses de todas las pates, lo elevarán al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, pues entienden que su contenido “permite compatibilizar el ejercicio del teletrabajo con la adecuada organización de los recursos humanos en la Administración regional con el fin último, pero fundamental, de asegurar la correcta prestación de los servicios públicos a los ciudadanos”.

El proyecto de decreto que presentó la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para negociar con los representantes de los trabajadores, amplía el ámbito de aplicación a todos los trabajadores, salvo para aquellos que realicen tareas de dirección y coordinación, tengan una atención directa al público o que, por el tipo de expedientes en los que trabajan, hagan imposible o incompatible esta forma de trabajar.

También, a través de la nueva norma, se garantiza la aportación por parte de la Administración regional de los medios tecnológicos para poder teletrabajar; se establece un plan de trabajo individualizado; se mejoran las medidas de seguridad y salud del teletrabajo; se garantiza el derecho a la desconexión digital; se fija el posible trabajo no presencial en situaciones extraordinarias y se crea una comisión de seguimiento para hacer evaluaciones periódicas y proponer mejoras en este ámbito.

Por último, Función Pública ha precisado que el teletrabajo no es una obligación, sino que tiene carácter voluntario y que al tratarse, en cualquier caso, de una nueva regulación, una vez que se apruebe, se estará abierto a mejoras en función de la experiencia que se vaya adquiriendo con su aplicación diaria en aras a conseguir la necesaria conciliación de intereses entre la empleadas y empleados públicos y la ciudadanía, a la hora de recibir unos servicios públicos de calidad.