Ecologistas en Acción y WWF recurren el decreto que “desprotege” el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo impulsado por Ecologistas en Acción y WWF-España contra la modificación de la normativa que regula el parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara. La norma recurrida formalmente por Ecologistas en Acción de Guadalajara es el Decreto 32/2021 de 6 de abril por el que se modifica otro anterior de 2010 sobre el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra Norte y se inicia el procedimiento para declarar el parque natural.

Se trata de un texto legal que fue objeto de intenso debate en el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, así como de diversas reuniones de las ONG con representantes de la Consejería de Desarrollo Sostenible para intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo, este proceso fracasó, según estas asociaciones, ante la “cerrazón” del Gobierno regional que finalmente concretó la aprobación de una norma que supone “un recorte sin precedentes en la protección de los espacios naturales castellanomanchegos”.

Para Miguel Ángel Hernández, portavoz del área estatal de naturaleza de Ecologistas en Acción, esta modificación de la normativa “nos retrotrae a tiempos que creíamos pasados”. Resalta que es la primera vez que el Gobierno regional de Castilla-La Mancha “recorta la protección de un parque natural de forma tan explícita”. El origen de esta modificación es facilitar la conexión de las cuencas de los ríos Sorbe y Bornova entre el Pozo de los Ramos y el embalse de Alcorlo. Esta infraestructura hidráulica ha sido demandada por los regantes y el sector inmobiliario alcarreño y recibió en 2011 una declaración de impacto ambiental negativa del entonces Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.

Por su parte, Alberto Mayor, de Ecologistas en Acción de Guadalajara, destaca que los motivos para “desproteger” la Sierra Norte “no pueden ser más espurios e injustificables”, ya que “no se puede poner en riesgo un parque natural para satisfacer el desarrollismo insostenible que impulsan los lobbies del regadío y de las inmobiliarias del corredor del Henares”.

La interconexión de recursos hídricos, “terminantemente prohibida”

Las ONG alertan de que con el nuevo decreto se permite la la interconexión de recursos hídricos, “algo terminantemente prohibido hasta la fecha en un parque donde unos de los principales valores a proteger y recuperar son los ecosistemas fluviales y los caudales ambientales”. Según Alberto Fernández, técnico del programa de Aguas de WWF España, resucitar la conexión Sorbe-Bornova va en contra de la planificación hidrológica y “de la lógica que debiera defender una consejería que se autodenomina de desarrollo sostenible”.

Además, afirman que una vez puesta en marcha la modificación de la normativa, el Gobierno regional ha introducido otros dos cambios sustanciales. Por un lado, se han reducido los límites del parque natural en el entorno de 43 núcleos urbanos, de manera que más de 1.300 hectáreas podrán pasar a ser urbanizables.  Por otro, a iniciativa de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, se plantea permitir el uso del fuego y de maquinaria pesada en la gestión forestal de las zonas de máxima reserva del parque, esto es, en la del Pico del Lobo-Cebollera, la del río Pelagallinas y en la del Hayedo de Tejera Negra.

“Nos vemos obligados a acudir a los tribunales para defender la protección de un espacio de gran valor y para que lo disfruten las generaciones futuras. No podemos perder más biodiversidad en Castilla-La Mancha”, concluye Luis Suárez, coordinador del área de conservación de WWF España.