El empleo público se pierde en la burocracia
El pasado sábado 26 de abril, los sindicatos STAS y UGT convocaron una manifestación en las calles de Toledo para denunciar la negativa del Gobierno Regional a cumplir la setencia que le obliga a readmitir en sus puestos a más de 400 interinos despedidos . El martes siguiente, la Encuesta de Población Activa reveló unos resultados estancados del desempleo regional, que se sigue situando en la esfera del 30%, una tasa que afecta de manera especial al sector juvenil, cuya tasa de paro alcanza el 60%. Ayer, 1 de mayo, trabajadores en toda la región se volcaron a las calles para exigir una mejora en la situación laboral, en general, que ha afectado, no sólo las economías familiares, sino también la sensación extendida de pérdida de dignidad y de derechos esenciales de las personas.
Por norma general, el empleo generado por instituciones públicas se había visto cubierto por una estela de seguridad que se ha desmoronado en la región de Castilla-La Mancha en los últimos tiempos. Si bien el problema no empezó con el despido de los cerca de 400 interinos por allá en agosto de 2012, la estrategia mediática y comunicativa que siguieron estos trabajadores fue un llamado de atención para los medios y la administraciones en general. El empleo público sufre tanto o más que el empleo privado y existen tres ejemplos en la región que son una prueba patente de ello.
Tal como se ha señalado, en agosto de 2012, tras encendidas reuniones entre los sindicatos y las consejerías competentes, se publicó oficialmente el cese inmediato de los interinos que hoy siguen peleando por sus derechos laborales. A pesar de que en febrero de este año, las instancias judiciales regionales fallaron en favor de los trabajadores, proclamando que los despidos fueron ilegales, la Junta de Comunidades ha hecho todo lo posible por retrasar la solución judicial, oponiéndose a las medidas temporales que han propuesto los sindicatos para sortear la situación de inseguridad y ya patente desesperación a la que se están enfrentando los trabajadores. Muchos de ellos se acercan ya al límite de las prestaciones por desempleo, y sus movilizaciones son un llamado para que el Gobierno adopte medidas que puedan aliviar el pesar familiar.
En diciembre del año pasado se anunció el Plan de Recursos Humanos de la plantilla de conductores de la Junta que afectaría a casi la mitad de los trabajadores del sector. Las declaraciones oficiales apuntaban nuevamente al ahorro, que se considera necesario, para invertir en sectores como la educación o la sanidad, pero asegurando a la vez, a los trabajadores que serían recolocados en otros sectores de la Administración. Al conocerse la intención del Gobierno regional, los conductores se han movilizado de manera continua y consistente, desde los encierros espontáneos hasta los últimos flash mob creativos delos empleados, que no han provocado ninguna reacción por parte de la Administración. En medio del estancamiento de las negociaciones, la Junta incluso ha sacado a concurso de libre designación nuevas plazas para conductores, generando aún más malestar entre los trabajadores.
El expediente de regulación de empleo de la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha GEACAM va por el mismo camino, entre negociaciones inconclusas y múltiples recursos entre las partes afectadas. Tanto se ha alargado el proceso que, el planteamiento de un nuevo ERE este año se ha paralizado hasta que se conozca el fallo definitivo del proceso iniciado en agosto de 2012, que afecta a 1.800 trabajadores. La falta de éxito de las negociaciones, en este caso, ha llevado a que trabajadores de la empresa pública sigan recibiendo sueldos y prestaciones pero sin tareas asignadas por parte de GEACAM.
