Exclusión financiera: los efectos de anteponer la “producción” a los intereses sociales o territoriales de la ciudadanía

Un pensionista, operando en un cajero automático.

Francisca Bravo


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Un total de 449 localidades de Castilla-La Mancha no tienen cajeros. Pero la falta de este servicio se ha visto acentuado con un reguero de cierre de sucursales bancarias en localidades que no son ni tan pequeñas ni tan alejadas, y que han afectado ya a miles de personas. En Toledo, ayuntamientos de localidades como Noez y Cuerva han tomado la iniciativa para recoger firmas y proteger este tipo de servicios en sus municipios. Existen consecuencias obvias tras el cierre de un banco: la imposibilidad de sacar dinero; largas jornadas para llegar a un banco en otro municipio; imposibilidad de contar con una persona que atienda en persona las dudas financiera de la ciudadanía.

Pero no se trata sólo de eso. El profesor de Economía pública y desarrollo territorial, José Baños, explica que la pérdida de los servicios financieros es una más a los otros servicios que han ido desapareciendo, especialmente en las zonas menos pobladas. “Es fácilmente entendible que todo servicio que se elimine y deje de ser ofertado, ya sea público o privado, ya se trate del medio urbano o rural, más aún cuando ha estado a disposición de los ciudadanos, es una pésima noticia”, explica el profesor.

Es bastante sencillo: se ha disfrutado y luego se ha dejado de contar con él, “al menos, de forma cercana”, recalca. El problema es cuando son servicios básicos, incluyendo también educación, sanidad u otros similares. “A menudo, son las propias administraciones las que, por distintos motivos, dejan de prestar un bien o servicio público que hasta ese momento ofertaban”, recuerda el profesor. En el caso concreto de las entidades financieras, cuando se produce la exclusión financiera es la “ausencia total” de estas sucursales y que afecta a amplias zonas territoriales. “Aunque en porcentaje, la población sea lógicamente menor”, recalca.

“La labor que estas entidades habían venido realizando durante tiempo, cubriendo las demandas de los ciudadanos y, sobre todo, manteniendo un contacto ‘físico’ con los mismos, va más allá de lo puramente financiero. No podemos dejar de lado que, en la mayoría de los casos, con carácter general, estamos ante poblaciones con elevado índice de envejecimiento, cuyo conocimiento de los productos y servicios financieros es realmente bajo”, recalca.

Efectos negativos, de economía doméstica a las empresas

Este tipo de decisiones, ya sea de naturaleza pública o privada, afectan de una manera “muy negativa” a toda la población, desde las economías domésticas hasta las empresas. Esto también lleva a que este tipo de iniciativas tengan también una “escasa presencia” en los núcleos rurales. “No podemos olvidar que la ausencia de este tipo de servicios que, históricamente, se consideraban universales para la población supone la exclusión al acceso de servicios financieros de personas mayores, con baja o nula educación financiera y utilización de nuevas tecnologías, repercutiendo en el bienestar de éstas”, reflexiona.

¿Por qué ocurre esto? La respuesta es muy sencilla para el profesor: “Es evidente que las entidades se guían, en el ejercicio de su ‘producción’, por criterios de productividad y rentabilidad, anteponiendo los mismos a otros elementos de naturaleza social, psicológica y territorial de los ciudadanos de la jurisdicción”. Lo que sucede, explica, es que estas decisiones no sólo afectan a los pueblos en los que dejan de funcionar. “La desaparición de sucursales físicas, de una importante reducción de empleados en las mismas, es algo que también está presente en las ciudades y, de manera particular, en ciudades intermedias, aunque también en el resto”, recalca el profesor Baños.

De este modo, analiza: “El hecho de que importantes capas de la población busquen acomodo en las grandes ciudades, sobre todo, por motivos laborales, hace que el proceso que aquí comentamos también esté ocurriendo más allá de las zonas rurales. Las consecuencias también son muy negativas, en distintas direcciones, como en empleo, atención al público y en particular a las personas mayores”. Además, el docente asegura que esta situación afecta a las personas que hoy son mayores, pero más adelante a quienes se vuelvan mayores.

“No debe olvidarse que, por mucha educación financiera que una persona pueda tener, la capacidad a partir de determinadas edades debería tenerse en cuenta”, advierte. Además, esto no sólo está ocurriendo con los servicios financieros, sino también con tempas relacionados con la Seguridad Social, Empleo y Sanidad.

“No están acostumbradas a bizum o TPV”

“Hablar de justicia o injusticia, cuando se trata de negocios privados, es, quizás, erróneo. Podríamos argüir otros argumentos, posiblemente, más relacionados con la responsabilidad de cada una de las empresas; pero, no referirnos a la disyuntiva justicia/injusticia. Las empresas, al igual que las familias, van allá dónde creen que mejor pueden satisfacer sus necesidades y, en consecuencia, es perfectamente lícito lo que hacen”, afirma el docente. Pero por otra parte, también señala que “gran parte de las actividades cotidianas” que se realizan en los núcleos más rurales se hacen con dinero en efectivo, y, por lo tanto, los pequeños negocios pierden viabilidad al desaparecer las sucursales financieras. “Estas personas no están acostumbradas a cosas como bizum, TPV, entre otras”, afirman.

¿Posible solución?

“Una posible solución es de la cooperación público-privada”, explica el docente, aunque señala que “difícilmente pueda existir una banca pública”, aunque sí ha existido en “muchos momentos” en España. Y todavía sigue, recalca, a través del ICO, o incluso con casos como llegaron a ser alguna vez, Bankia. Por eso, explica, “con un objetivo diferenciado, las alternativas pasan por esa colaboración público-privada, con soluciones racionales”. Y también explica que no se puede olvidar el servicio postal como “intermediación” para los servicios financieros, algo que, recalca, ya existe en otros países. “Podría ser un alternativa adicional para aminorar el impacto negativo de la ausencia de entidades financieras”, concluye.

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