El Gobierno castellanomanchego quiere que su autoridad sanitaria pueda denunciar a los que incumplen normas contra la COVID

Para el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el 95% de la población española cumple con todas las medidas de seguridad contra la propagación del coronavirus. Precisamente por eso ha destacado la necesidad de que los “incumplidores” asuman su responsabilidad. Es el motivo por el que el Consejo de Gobierno de esta comunidad autónoma ha encargado un estudio jurídico para contemplar la posibilidad de que la autoridad sanitaria de la región, es decir, su Consejería de Sanidad, pueda denunciar de oficio a las personas que no siguen las normas o que no cumplen con el aislamiento tras detectarles los síntomas de la COVID-19.

García-Page ha dicho no estar de acuerdo con los comentarios que apuntan que la mayoría de la sociedad española no cumple con las normas. Es su opinión, la ciudadanía está “preocupada, prudente y atenta” y en este sentido ha querido romper una lanza a su favor. Pero por eso mismo ha dicho que hay ser “duros y contundentes” con aquellos que “de manera deliberada” no cumplen con las normas.

Por ello, el Consejo de Gobierno castellanomanchego ha pedido un informe jurídico para estudiar la posibilidad de que la autoridad sanitaria pueda personarse “desde el punto de vista fiscal y judicial, y como denunciante” en aquellos casos en que, por ejemplo, personas con síntomas evidentes no han hecho autocontención y acuden a eventos sociales. “Porque quien tiene un síntoma, debe autolimitarse en sus contactos y ponerlo en conocimiento de la autoridad sanitaria”, ha resaltado.  “Centremos la acción en aquellos que no lo hacen bien”, ha dicho.

Para el presidente regional, el objetivo fundamental ahora es evitar la presión sanitaria y la mortalidad. Por eso también ha anunciado que en septiembre la Junta aprobará medidas muy concretas que implicarán “restricciones” para personas y colectivos vulnerables, como los mayores y los que tienen afecciones respiratorias y/o patologías previas “que tenemos perfectamente identificadas”. Con este medida, se “segmentarán” las restricciones permitiendo que “la inmensa mayoría de la gente pueda hacer una vida normal” y al mismo tiempo “protegeremos a aquellos que en caso de contraer el virus tienen más posibilidades de fallecer o de estar hospitalizados”.

Teleasistencia gratuita

Para paliar estas restricciones, el Gobierno regional también va a aprobar en la primera semana de septiembre la teleasistencia gratuita y automática para mayores de 70 años que se encuentren en situación de soledad. “Queremos ayudar a todas las personas mayores solas, al igual que ser serios y estrictos en las medidas de restricciones que también aprobaremos en septiembre”.

Emiliano García-Page ha aprovechado para ensalzar la labor de los trabajadores y trabajadoras que realizan la vigilancia epidemiológica y la detección precoz del virus, los denominados ‘rastreadores’. Según ha dicho, el 80% de los casos positivos de Castilla-La Mancha los detecta de oficio la autoridad sanitaria y “lo estamos haciendo muy por encima de la media nacional”. “No quiero presumir de datos pero en todas las ratios estamos mucho mejor posicionados y preparados que al principio de la pandemia”.

Estos datos actuales no invitan “a ninguna relajación ni optimismo” sino a seguir trabajando. “Si la mayoría de la gente cumple y funciona el sistema de detección precoz, debemos tener la serenidad de saber que los mecanismos están dando respuesta (…) Si hubiera un síntoma de descontrol masivo, nada importa más que la salud. Si detectáramos que los medios no son suficientes, las medidas de contención serían drásticas”.

Asimismo, ha querido pedir un “consenso obligado”: ahondar en los acuerdos con todos los agentes sociales y las fuerzas políticas para “transmitir más tranquilidad” a la opinión pública. Y al hilo de ello, también ha solicitado un “consenso de Estado” en septiembre, no sobre los Presupuestos Generales, sino como “un mínimo común denominador” entre Gobierno central y comunidades autónomas que sirva para los próximos cinco años y que esté al margen del plan de recuperación que debate el Congreso de los Diputados.