En marcha la nueva regulación del Consejo del Pueblo Gitano que derogó Cospedal

Entre todos los órganos públicos que modificó el PP cuando María Dolores de Cospedal gobernaba en Castilla-La Mancha se encontraba también el Consejo Regional del Pueblo Gitano, que había sido aprobado por el Ejecutivo socialista anterior en el año 2011. Este último lo hizo en base a la Ley de Servicios Sociales del año anterior, que reconocía la participación social de las entidades de iniciativa social en las políticas públicas para garantizar la participación activa de las entidades más representativas.

Este consejo se creó y reguló mediante una orden que posteriormente se derogó en julio de 2013. Ahora, transcurridos casi cinco años desde esa derogación y como consecuencia de la existencia de un mayor número de entidades de iniciativa social que trabajan con la población gitana, el Gobierno de Emiliano García-Page considera necesaria una nueva regulación.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado ya reuniones de este consejo durante la presente legislatura pero ahora quiere modernizarlo mediante un nuevo proyecto de decreto que ya ha salido a información pública para las aportaciones que quieran realizar particulares y entidades, y todo ello de acuerdo con la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020.

Esta planificación estatal incluye varios objetivos centrados en la inclusión social, la educación, el empleo, la vivienda y la salud, junto con una estrategia de acción, y sinergias con otras políticas y planes. La Estrategia española ha sido concebida como una oportunidad para reforzar y profundizar las líneas de trabajo y las medidas que han dado resultados positivos en las últimas décadas. Se enmarca en el Programa Nacional de Reformas y en los planes y políticas nacionales de distintos que afectan directamente a las condiciones de vida de las personas gitanas.

Colaboración con comunidades autónomas

Asimismo, dado el alto grado de descentralización del entramado administrativo español, se planifica y desarrolla en colaboración con las comunidades autónomas y entes de la Administración Local, y en consulta con el movimiento asociativo gitano.

En este sentido, con el futuro decreto castellano-manchego se pretende dar una mayor representatividad a las entidades de iniciativa social que trabajan con la población gitana. Para ello se regulará de nuevo la organización, la composición y el funcionamiento del Consejo Regional del Pueblo Gitano, que se constituye como un órgano colegiado de carácter asesor y consultivo de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

La finalidad última es la promoción y la participación del movimiento asociativo gitano en el diseño y desarrollo de las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social con carácter integral, dirigidas a la promoción de la igualdad de oportunidades de dicha población.