El Gobierno valenciano recurre el decreto que rebaja el umbral de agua trasvasable desde el Tajo-Segura

La Abogacía de la Generalitat Valenciana ha presentado este miércoles ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto que cambia las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, aprobado el 27 de julio por el Gobierno central, al entender que se trata de una norma que no se ajusta a derecho, según han confirmado fuentes del Gobierno valenciano a Europa Press. Se trata de la modificación que realizó el Gobierno central para reducir el umbral de agua trasvasable desde la cabecera, y que sí apoya la Junta de Castilla-La Mancha

A finales de julio el Consell encargó a la Abogacía de la Generalitat que estudiara la posibilidad de un recurso frente esta norma del Ministerio de Transición Ecológica que supone un recorte de las trasferencias hídricas a la Comunitat Valenciana.

El Real Decreto establece nuevos umbrales para transferir agua de la cuenca cedente (Tajo) a la cuenca receptora (Segura) para “evitar situaciones de excepcionalidad y trasvase cero” en las cuencas receptoras de modo que en situación de normalidad hídrica, conocida como nivel 2, el máximo mensual a trasvasar se reduce de 38 a 27 hectómetros cúbicos de agua.

En concreto, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, trasladó a la Abogacía que estudiara el recurso, una decisión que iba en consonancia con la posición expresada por la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, sobre este tema.

Mollà había manifestado su rechazo a cualquier modificación previa al acuerdo de los planes hidrológicos ya que entendía que plantear un cambio de las reglas explotación antes de culminar el proceso de planificación hidrológica “no solo es un insulto, sino también un peligro para el trasvase”. La consellera apelaba a la importancia de la agricultura del sur de la CCAA, “uno de los sectores productivos más importantes no solo de la Comunitat Valenciana sino a nivel estatal”.

La Diputación de Alicante también presentó su recurso contencioso-administrativo contra esta modificación el jueves de la pasada semana al entender que esta medida es “arbitraria”, “extemporánea” y “atenta contra los intereses de la provincia”.