El Ingreso Mínimo de Solidaridad podrá cobrarse durante más de dos años

Un “plan bandera” del Gobierno de Castilla-La Mancha. Así ha definido el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, el Plan de Garantías Ciudadanas que ya ha tomado en consideración el Ejecutivo castellano-manchego y que procede de la iniciativa de Podemos como una de las condiciones para respaldar los Presupuestos regionales de 2017. Poco a poco se van desgranando algunas de las novedades de este proyecto, entre las más importantes, la intención de la Junta de revisar el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) para adaptarlo a un modelo de renta garantizada, con la eliminación del límite del plazo de dos años existente en la actualidad para aquellos que los perciben.

El portavoz ha resaltado el hecho de que este Plan de Garantías tenga la vocación de convertirse en un “circuito de igualdad donde quepan todos los ciudadanos” y que sirva como conjunto de medidas para evitar que haya personas “de primera y de segunda”. Lo ha calificado como una suerte de “ventanilla única” donde se aborden las causas y efectos de la pobreza y la exclusión social, con una “visión global” pero también “integral” entre los diferentes departamentos de la Administración.

Según ha resaltado, este proyecto “estrella” no supone un incremento presupuestario “irracional”. Ha mantenido la cifra de 100 millones de euros en total, una cantidad que se seguirá negociando con Podemos y que todavía no es permanente. De cualquier forma, ha destacado que el gasto no será importante porque el objetivo es “reordenar todos los recursos y simplificar la gestión para mayor eficacia conjunta y para dar ”una respuesta lo más útil posible de la administración“.

También ha adelantado que el Plan de Garantías será un tema de “política nuclear” tanto para el Gobierno de Castilla-La Mancha como para los actores políticos, económicos y sociales de la comunidad autónoma, motivo por el que se someterá a un proceso de participación ciudadana para su mejora. Se pondrá además a disposición de los consejos regionales de de vivienda, empleo, educación o municipios.

Garantía habitacional en el parque de viviendas público y privado

Dicho esto, ha pasado a detallar los tres bloques de los que consta el proyecto tal y como está contemplado. El primer programa está centrado en la garantía habitacional frente a las situaciones personales o familiares de insolvencia sobrevenida. En este punto, la Junta mantendrá el apoyo al arrendamiento de viviendas con las ayudas al alquiler, pero al mismo tiempo pondrá a disposición los recursos habitacionales del parque público de viviendas. Un dato significativo es que el grado de ocupación de las viviendas públicas es ahora de más del 90%, y de las que están disponibles, casi la totalidad está “en ruinas”. El Gobierno ya ha rehabilitado más de 500 viviendas y con carácter urgente se pondrán a disposición de las familias solicitantes. El objetivo con las restantes es incluir los planes y talleres de empleo para la rehabilitación de más viviendas, de forma que estén disponibles “lo antes posible”.

En cuanto al sector privado, Hernando ha adelantado que habrá negociaciones con entidades bancarias y grandes empresas que a lo largo de años de crisis han acumulado viviendas vacías. El objetivo es “ponerlas en el mercado y propiciar que otros accedan a ellas”. Para ello se creará un Registro de Viviendas Vacías similar al que tiene Galicia, pero enfocado a personas en situación de pobreza o que hayan sido desahuciadas. Al mismo tiempo, se reforzará el Programa de Intermediación Hipotecaria, que incluye las denominadas 'Oficinas Antidesahucios'.

Con respecto al segundo bloque, que incluye la garantía de suministros básicos de agua, luz y energía, el portavoz ha detallado que se seguirá ayudando a los hogares en situación de pobreza severa para el pago de estas facturas y para evitar el corte de suministros, como se ha hecho los dos últimos inviernos con el Plan contra la Pobreza Energética. Como novedad, se van a incorporar el “empoderamiento” de los ciudadanos en este sentido a través de la red regional de Oficinas de Atención al Consumidor. Incorporar mecanismos de resolución extrajudicial y acciones informativas formarán parte de este asesoramiento al ciudadano, junto con una sección especializada en suministros del hogar dentro del Sistema Arbritral de Consumo.

En cuanto al tercer y último bloque, referido a la implantación de la renta garantizada, el Gobierno de Castilla-La Mancha insiste en la necesidad de que esté vinculado al empleo, por lo que el objetivo principal será “propiciar un mercado de trabajo inclusivo e incluyente” mediante la apuesta por los planes de empleo y todas las ayudas vinculadas a la formación“ de forma cohesionada.  

La renta garantizada, una “versión mejorada” del Ingreso de Solidaridad

Pero para todos aquellos que no pueden encontrar un empleo, el portavoz ha dejado claro que el Gobierno “no se puede permitir dejar a esa gente en la cuneta” y en los casos en los que la intervención social certifique que esas personas no pueden trabajar, se garantizarán prestaciones económicas. Es decir, una renta garantizada que será una “versión mejorada” del Ingreso Mínimo de Solidaridad, que contempla eliminar la barrera temporal de los dos años (el tiempo máximo que una persona puede cobrarlo actualmente), así como revisar la cuantía, que ya subió el pasado mes de julio de 373 a 420 euros mensuales.

El Programa de Renta Garantizada servirá también para estudiar de qué manera redistribuir ayudas de emergencia social, y todas aquellas que permiten a particulares y familias “tener unas condiciones dignas de vida”, como las prestaciones por viudedad, las destinadas a familias numerosas o las que reciben mujeres víctimas de violencia de género, entre otras. En definitiva, se trata de buscar un modelo donde haya “ingresos continuados”.

“Para salir de la crisis, de las situaciones de vulnerabilidad y pobreza, es muy difícil que una persona pueda hacerlo por sí sola, sin ayudarla ni orientarla. Este circuito ofrece una entrada y una salida en aquellas situaciones que no pueden ser permanentes ni estructurales. No podemos permitir que haya ciudadanos de primera y de segunda; deben tener pleno derecho ante la ley y las administraciones”, ha resaltado Hernando. Por eso, este Plan se convertirá en el futuro en una Ley de Garantías Ciudadanas que suponga el “blindaje” de todas las medidas incluidas.

Finalmente, preguntado por los Presupuestos de 2017, ha afirmado que para que estas cuentas puedan ser aprobadas en el presente trimestre, la remisión a las Cortes castellano-manchegas tiene que ser “lo antes posible”. “Y en eso estamos”, ha concluido.