Yacimientos de conocimiento

Se necesita invertir en conocimiento. Somos ricos en yacimientos arqueológicos pero los estudiamos con pocos recursos, los gestionamos sin coordinación y les hacemos una difusión pésima. La insensibilidad sobre el Patrimonio Cultural, en el caso del legado visigodo, va mucho más allá de la Urbs Regia Sedes Toletana y se extiende a los yacimientos que han aparecido, o están por excavar, en el territorio.

Exclamaba Jorge Morín en el Congreso que, sobre la 'Arquitectura tardoantigua en las sedes regia toletana', se ha desarrollado en Toledo durante los días 28, 29 y 30 de octubre que mientras se invierten siete millones de euros en los parques arqueológicos declarados por la Junta de Comunidades en la región (uno destinó la Consejería para su funcionamiento, dos de ellos para el 'proyecto de digitalización y virtualización'), sólo lo hizo con 450.000 euros para 42 proyectos de gestión del patrimonio arqueológico y paleontológico. Consiguiendo solamente 40.000 visitantes al año.

Son actualmente cuatro los yacimientos que conforman la Red de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha: la ciudad romana de Segóbriga en Saelices (Cuenca), la villa romana de Carranque en la misma localidad de la provincia de Toledo, el oppidum ibero-medieval de Alarcos, en Poblete (Ciudad Real), y la ciudad visigoda de Recópolis y castillo de Zorita de los Canes (Ciudad Real). Sigue con medidas COVID El Tolmo de Minateda, en Hellín (Albacete), y se han incorporado recientemente a la lista el Cerro de las Cabezas de Valdepeñas (Ciudad Real) y el yacimiento de Libisosa (Albacete).

Nos preguntamos si no cabe valorar de una forma más ecuánime la gestión que se realiza en los yacimientos gestionados por la Junta de Comunidades y otros yacimientos de la región frente a otros modelos que actualmente conocemos en el territorio. Son ejemplares los presentados en la Motilla de Azuer de Daimiel (Ciudad Real) o la experiencia de gestión privada de Guarrazar en Guadamur (Toledo), mientras que la Diputación de Toledo gestiona el conjunto arqueológico y monumental de Melque, y con desigual resultado la visita de las minas de lapis specularis de la provincia de Cuenca, las ciudades romanas de Valeria y Ercávica, la villa romana de Noheda en la misma provincia, o de las pinturas rupestres en abrigos y cuevas de la región,

Habría que buscar, asimismo, una solución a la visita abierta de otros yacimientos, como el de la espectacular ciudad hispano-musulmana de Vascos de Navalmoralejo (Toledo) o de los yacimientos visigodos de Los Hitos y San Pedro de la Mata en las pedanías de Arisgotas y Casalgordo (Toledo), hoy en día abiertos, sin medidas de control o seguridad, al público. Son muchos los intereses mezclados de instituciones regionales, provinciales y locales. Y muchos son los que echamos en falta la prevalencia del interés de la investigación y conservación del propio yacimiento arqueológico. Si la política de ajustes del gobierno anterior trajo confusión en la gestión y deterioro de los bienes arqueológicos de la región, el actual poco ha hecho para superar aquella nefasta política cultural.

Y, sobre todo, a la política de subvención a excavaciones arqueológicas. Con tan magro presupuesto apenas pueden los distintos equipos de investigación avanzar en sus respectivos proyectos. La falta de presencia de nuestros científicos e investigadores en los congresos nacionales e internacionales es buena muestra de esa falta de pulso.

Se deberían incrementar las inversiones y reducir los puntos de actuación para establecer equipos más completos, que pudieran disponer de medios técnicos más avanzados y, sobre todo, pudieran completar las labores de consolidación de los restos y, si se considerase oportuno, la visita pública, con un proyecto de gestión que mantuviera un equilibrio entre la conservación del bien y el disfrute ciudadano.

Por último, la presentación y publicación de memorias de gestión anual de cada uno de los parques arqueológicos o yacimientos visitables daría más transparencia y establecería un debate constructivo hacia unos bienes culturales que, en definitiva, son de disfrute público y, en muchos casos, conlleva una considerable inversión de fondos públicos.